El juicio por la 'Operación Kitchen' entra este miércoles en su recta final con una sesión en la que las defensas de los acusados comenzarán a presentar sus informes definitivos sobre el supuesto dispositivo de espionaje impulsado en 2013 desde el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para sustraer documentación al extesorero del PP Luis Bárcenas y, presuntamente, frenar las pesquisas sobre una contabilidad paralela en el partido.
Los abogados de los procesados, entre los que figuran el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y el excomisario jubilado José Manuel Villarejo, expondrán sus argumentos después de que ya lo hayan hecho la Fiscalía y las acusaciones personadas en la causa.
Está previsto que las defensas intervengan durante toda la jornada del miércoles y que continúen el jueves, una vez que han elevado a definitivas sus conclusiones y han reiterado la petición de absolución para sus representados.
A lo largo de la vista oral, los mandos policiales encausados han sostenido que lo que se desarrolló fue un dispositivo de inteligencia ajustado a la legalidad, cuyo propósito habría sido averiguar si Bárcenas ocultaba fondos en el extranjero.
“UN OPERATIVO PARAPOLICIAL CRIMINAL”
La Fiscalía Anticorrupción sostuvo en su informe final que la 'Operación Kitchen' constituyó “un operativo parapolicial criminal” destinado a “recabar” información “comprometedora” y “grabaciones” sobre dirigentes del PP que pudiera conservar el extesorero, con la finalidad de “boicotear” la investigación policial y judicial del 'caso Gürtel'.
Así lo defendió el fiscal César de Rivas, que mantuvo su solicitud de 15 años de prisión para Fernández Díez y Martínez, a quienes atribuye pleno conocimiento del presunto espionaje al extesorero, que se habría desarrollado en 2013, durante el Ejecutivo de Rajoy.
“Desde el momento en que fue concebido el operativo, ya se puso de manifiesto la finalidad, si se nos permite, delictiva, de todo el operativo. Nada tenía que ver con la investigación del 'caso Gürtel', sino todo lo contrario. Estaba dirigido a obtener información y documentación que pudiera resultar comprometedora para el PP y para sus máximos dirigentes y dirigida, precisamente, a boicotear, a obstaculizar aquella investigación judicial del 'caso Gürtel'”, resumió el fiscal.
Junto al exministro y su entonces número dos, también se sienta en el banquillo Villarejo, para quien el Ministerio Fiscal reclama la pena más elevada, 19 años de prisión, al atribuirle la captación del que fuera chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, como confidente para localizar “información y documentación del 'caso Gürtel' que pudiera resultar comprometedora para el Partido Popular y para sus máximos dirigentes, para sustraerla del procedimiento y para permitir que los eventuales responsables pudieran esquivar su responsabilidad”, según el representante del Ministerio Público.
LA FAMILIA BÁRCENAS RECLAMA PENAS DE 17 AÑOS Y MEDIO
Para el exchófer de Bárcenas, igualmente acusado, Anticorrupción solicita 12 años y cinco meses de cárcel y que se declare nulo su nombramiento como funcionario de la Policía.
El Ministerio Fiscal mantiene además la petición de 15 años de prisión para el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino y para el comisario Andrés Gómez Gordo, así como dos años y medio para el exjefe de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional Marcelino Martín Blas.
Por otro lado, la abogada de la familia Bárcenas redujo de forma notable las penas que reclamaba al inicio del juicio para todos los acusados. Ha pasado de interesar 41 años de cárcel para el conjunto de procesados y 33 años para el chófer, a pedir 17 años y medio para todos y 11 años y medio para Sergio Ríos.
También las acusaciones populares ejercidas por el PSOE y Podemos rebajaron sus solicitudes de condena, que en un primer momento oscilaban entre los 32 y los 47 años de prisión para los encausados.