La Audiencia Provincial de Madrid celebrará el próximo jueves un nuevo juicio contra el empresario José María Aristrain de la Cruz, acusado de varios delitos contra la Hacienda Pública vinculados a fraude fiscal en el IRPF, el Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto de Sociedades. Por estos hechos, la Fiscalía mantiene su petición de 64 años de cárcel.
El procedimiento se repite después de que el Tribunal Supremo dejara sin efecto, en junio de 2024, la sentencia dictada por la Audiencia de Madrid el 11 de enero de 2022, que había absuelto al empresario. El alto tribunal apreció falta de motivación en aquella resolución y ordenó la celebración de una nueva vista oral.
De acuerdo con el escrito de acusación, Aristrain habría fingido desde 2005 tener su residencia fiscal en Suiza, cuando en realidad seguía viviendo en España y dirigiendo desde aquí sus principales negocios, en concreto desde su vivienda situada en Pozuelo de Alarcón (Madrid).
La Fiscalía sostiene que con esta operativa se pretendía evitar que en España tributasen tanto sus rentas personales como los beneficios generados por sociedades bajo su control.
La acusación describe una supuesta estructura de sociedades con sede en distintos países —entre ellos Holanda, Luxemburgo, Malta y las Islas Vírgenes Británicas— a través de la cual, presuntamente, se canalizaban dividendos millonarios y plusvalías procedentes de inversiones industriales y financieras.
Entre las operaciones analizadas se incluyen dividendos vinculados a empresas del grupo ArcelorMittal y la transmisión de participaciones empresariales que, según el Ministerio Público, no habrían tributado ni en España ni en las jurisdicciones donde figuraban domiciliadas formalmente dichas sociedades.
El fiscal también atribuye al empresario la utilización de recursos de estas sociedades para afrontar gastos personales y familiares, como el mantenimiento de un chalet en Suiza, un yate denominado 'My Steel', vehículos de alta gama y otros bienes de gran valor económico. Estos desembolsos se habrían realizado mediante sociedades instrumentales y no constan declarados en el IRPF.
Según los cálculos de la Fiscalía, el perjuicio ocasionado a la Hacienda Pública española superaría los 210 millones de euros en el periodo comprendido entre 2005 y 2009. Por ello acusa al empresario de varios delitos contra la Hacienda Pública relacionados con el Impuesto de Sociedades, el IRPF y el Impuesto sobre el Patrimonio.
Además de las penas de prisión interesadas, el Ministerio Público solicita la imposición de multas que rebasan con creces los cientos de millones de euros, así como la restitución de las cantidades que se consideran defraudadas, incluyendo los intereses, y la exigencia de responsabilidades civiles subsidiarias a diversas sociedades vinculadas al empresario.