La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife inicia este jueves un juicio con tribunal de jurado en el que la Fiscalía Provincial reclama una condena de 25 años de prisión para un hombre acusado de matar a pedradas a otro y prender fuego a su cadáver en Buenavista del Norte en julio de 2022.
Según el escrito del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, el procesado habría urdido un plan para acabar con la vida de la víctima, que residía en una vivienda de su propiedad y se negaba a marcharse, además de mantener con él una deuda vinculada al tráfico de drogas.
En la fecha señalada, el acusado, a bordo de un coche de alquiler, circuló por la carretera por la que caminaba la víctima, se detuvo a su altura, entabló una conversación y después continuó conduciendo por el camino que conduce a la balsa de Taco.
Tras estacionar el vehículo, se apeó y recogió una piedra de grandes dimensiones. Aprovechando que el hombre no percibía su presencia y que sus capacidades defensivas estaban mermadas por el consumo de drogas, así como por tratarse de una zona aislada y de noche, sin iluminación artificial, le asestó varios golpes en la cabeza y en la espalda.
La Fiscalía detalla que, una vez la víctima cayó al suelo, el acusado le propinó al menos otros tres o cuatro impactos con la misma piedra en la parte posterior de la cabeza y en la espalda, causándole la muerte por un traumatismo cráneo encefálico severo.
Posteriormente, con la intención de eliminar cualquier vestigio biológico y dificultar tanto la identificación del fallecido como la determinación de las circunstancias del crimen, el procesado habría utilizado una garrafa de gasolina que llevaba consigo, rociando el cuerpo con combustible y prendiéndole fuego.
Como resultado de esta acción, el cadáver quedó prácticamente carbonizado, sobre todo en la zona del tórax y el abdomen, produciéndose además la destrucción del brazo derecho.
Consta que el acusado tiene antecedentes penales por delitos de atentado y resistencia a agentes de la autoridad, falso testimonio en causa penal y robo con violencia e intimidación, por los que ya cumplió una condena de 4 años y seis meses de prisión.
La Fiscalía califica los hechos como constitutivos de un delito de asesinato y, además de los 25 años de cárcel, solicita la imposición de 35 años de libertad vigilada y el pago de una indemnización de 150.000 euros a los familiares de la víctima.