El juicio por el incendio ocurrido en 2019 en la planta de Tableros Hispanos, situada en Nadela (Lugo), arrancó este lunes, siete años después de los hechos, con un pacto parcial entre la Fiscalía y tres de los procesados. Estos han aceptado penas de dos años de prisión y un año y medio de inhabilitación por un delito de homicidio y tres de lesiones por imprudencia, asumiendo así su responsabilidad en el siniestro, en el que falleció un trabajador y otros tres resultaron gravemente heridos.
Los condenados son el representante legal de la compañía, el director de la factoría y un técnico de prevención de riesgos laborales de la propia empresa. Ninguno de ellos ingresará en la cárcel, al no superar las penas los dos años y haberse solicitado la suspensión de la ejecución de la condena, que les ha sido otorgada.
Para acordar esa suspensión, el Ministerio Fiscal ha valorado la reparación parcial del daño, dado que ya se ha abonado una parte de las indemnizaciones, así como las dilaciones padecidas en la tramitación del procedimiento judicial, que han demorado su inicio durante siete años.
En la vista también se aborda la cuestión de las indemnizaciones, que se fijarán a lo largo de este juicio, señalado para tres sesiones. Debido al elevado número de letrados personados, la causa se ha trasladado al edificio de la Audiencia Provincial.
El juicio continúa únicamente contra un cuarto acusado, un técnico externo de prevención de riesgos laborales que no ha alcanzado ningún acuerdo con las acusaciones. Su defensa había pedido el archivo de la causa, pero el juzgado ha rechazado esa solicitud.
Además, un quinto investigado, representante de la empresa encargada de elaborar los planes de prevención, ha quedado finalmente absuelto después de que las acusaciones particulares retiraran los cargos presentados contra él.
Mayo de 2019: origen del siniestro
El proceso se centra en el incendio y la posterior explosión registrados el 25 de mayo de 2019 en las instalaciones de Tableros Hispanos. El fuego se inició en uno de los silos de la fábrica y se propagó posteriormente a otras áreas de almacenamiento de viruta.
Según la Fiscalía, tras sofocar las llamas, los bomberos advirtieron de forma expresa a los responsables de la empresa de que no se manipulase el silo afectado durante al menos 24 horas, para evitar una posible reactivación del incendio. Sin embargo, la acusación sostiene que esa indicación fue desoída y que se ordenó a los trabajadores del turno de noche, recién incorporados, que procedieran al vaciado y limpieza manual de los silos.
Durante esas labores se produjo una nueva explosión en el interior del silo de viruta fina, presuntamente al entrar oxígeno en contacto con rescoldos aún activos. Las llamas alcanzaron de lleno a varios operarios que se encontraban trabajando sobre una pasarela elevada.
“Estoy vivo porque era el único que manejaba la pala”
En esta primera sesión han declarado en primer término los empleados heridos que integraban la cuadrilla encargada de limpiar el silo afectado. Todos han señalado que los fuegos en los silos “eran relativamente frecuentes” y que no existía un protocolo de actuación definido. “No era la primera vez que se incendiaba un silo. Se vaciaba manualmente y se iba resolviendo sobre la marcha”, explicaron ante el tribunal. Los tres no se encontraban en su puesto habitual y fueron elegidos al azar para desempeñar estas tareas.
El trabajador con más secuelas físicas por las quemaduras, que se hallaba junto al fallecido, ha relatado cómo se desencadenó la explosión: “Estábamos en la pasarela vaciando el silo y de repente hubo una explosión. Todo se llenó de polvo y fuego. Logré salir por unos tubos, pero sufrí quemaduras por todo el cuerpo”.
Los otros dos operarios, uno que manejaba la pala y otro una manguera, no sufrieron quemaduras, pero sí un importante daño psicológico que ha motivado su retirada del trabajo. Visiblemente afectados, describieron ante el tribunal lo ocurrido en el interior del silo.
“Yo salvé la vida porque era el único de los cuatro que sabía usar la pala, ya que en un principio iba a subir en el lugar de Julio”, ha explicado uno de ellos. Ambos fueron quienes atendieron a los dos heridos en una zona en la que seguían produciéndose explosiones, “aunque no teníamos formación en primeros auxilios, pero hicimos lo que pudimos”, se ha lamentado uno de ellos.
Las víctimas han recordado también que, desde el accidente, no se han vuelto a registrar incendios en ese punto de la planta. “Ha tenido que morir un compañero y dejarnos así a otros tres para que se solucionaran las cosas”, han subrayado.
Asimismo, ha declarado el jefe de planta aquella noche, que ocupaba ese puesto de forma circunstancial, ya que es un “correturnos”. Ha respaldado la versión de sus compañeros, indicando que la elección de la cuadrilla se hizo de manera arbitraria y que el jefe le había ordenado que se procediera a la limpieza del lugar “sin prisa” porque hasta el lunes no llegarían las piezas necesarias para reparar las máquinas dañadas por el fuego.
Uno de los bomberos que intervinieron en la extinción ha calificado de “innecesario” y “erróneo” acometer la limpieza de la zona sin esperar a que los restos del incendio se hubiesen “ahogado” por la falta de oxígeno.
La víctima mortal y las responsabilidades penales
La víctima mortal fue Julio Villanueva López, de 52 años, vecino de Lugo y natural de Samos, que falleció días después en la unidad de quemados del Hospital Universitario de A Coruña debido a las gravísimas lesiones sufridas. Era un empleado veterano de la factoría y padre de una niña de cuatro años.
En su escrito de acusación, la Fiscalía aprecia graves carencias en materia de prevención de riesgos laborales. Entre otros extremos, sostiene que la empresa carecía de un procedimiento seguro para el vaciado de los silos y no había evaluado de forma adecuada el riesgo de explosión existente en esa zona de trabajo.
El ministerio público también dirige reproches contra los técnicos de prevención, tanto internos como externos, por no identificar correctamente el riesgo derivado de las atmósferas explosivas ni impartir formación específica a los trabajadores encargados de esas tareas.
Inicialmente, la Fiscalía pedía para cada uno de los acusados cuatro años de prisión por un delito contra los derechos de los trabajadores en concurso con homicidio imprudente y lesiones graves imprudentes.
En el ámbito de la responsabilidad civil, el Ministerio Público reclama a la aseguradora de la empresa el pago de más de 1,1 millones de euros en concepto de indemnizaciones para las víctimas y sus familiares.