El 20 de noviembre de 2025 el Tribunal Supremo (TS) dictó por primera vez una condena contra un fiscal general del Estado, al considerar culpable a Álvaro García Ortiz de un delito de revelación de secretos en perjuicio del empresario Alberto González Amador. Doce meses después, el Ejecutivo tiene sobre la mesa su posible indulto “en la mesa” y el Tribunal Constitucional (TC) ha pospuesto el estudio de su recurso de amparo hasta que pasen las elecciones generales del 29 de noviembre.
Aquel 20 de noviembre el Supremo solo adelantó el fallo, que fijaba para García Ortiz dos años de inhabilitación para el cargo, una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros a favor del empresario, mientras que la resolución íntegra, con la argumentación jurídica, no se hizo pública hasta el 9 de diciembre. La decisión se adoptó con el voto particular discrepante de las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo, y la mera difusión del veredicto precipitó la dimisión del máximo responsable del Ministerio Fiscal, nombrado en agosto de 2022.
Aunque acató la condena y en su carta de renuncia destacó su “profundo respeto a las resoluciones judiciales”, tanto en sus declaraciones como en los recursos presentados García Ortiz ha mantenido su inocencia, postura que comparten el Gobierno y el sector progresista del Parlamento. El episodio más reciente en el Supremo se produjo hace unas dos semanas, cuando el tribunal rechazó la impugnación de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, que veían “excesivos” los honorarios del abogado de Alberto González Amador --entonces pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso--, y confirmó que el ex fiscal general abone 39.000 euros en costas.
Recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional
La Abogacía del Estado, que asumió la defensa de García Ortiz en el juicio, presentó en abril un recurso de amparo ante el TC para que se dejara sin efecto la condena del Supremo. En su escrito reclamó que se declarase “la nulidad de la sentencia” y la “vulneración” de derechos fundamentales como la presunción de inocencia, la tutela judicial efectiva, la libertad de expresión o el derecho a no declarar contra uno mismo.
El recurso sostiene que en la actuación del entonces fiscal general “existía una finalidad institucional legítima: desmentir informaciones confusas, contradictorias y tergiversadas y defender la actuación de la Fiscalía y de los fiscales intervinientes en un asunto de gran interés público, desmintiendo las graves acusaciones que públicamente se habían vertido contra ella”. A juicio de la Abogacía, el Supremo realizó en la sentencia una “valoración irracional y arbitraria de los indicios” y basó “la imputación de la autoría en meras inferencias abiertas, omitiendo prueba de descargo” como “el testimonio de los periodistas que explícitamente declaran que el fiscal general no es su fuente”.
“Es arbitraria al dar por probado que la filtración se produjo con intervención directa, o a través de un tercero, pero con pleno conocimiento y aceptación” de García Ortiz, “ya que no existe prueba auténtica ni razonamiento lógico suficiente para atribuirle ese conocimiento o aceptación si la revelación hubiera provenido de otra persona de su entorno”, añadieron. La Fiscalía, que en el juicio en el Supremo se decantó por su absolución, también instó al TC a anular la sentencia por vulnerar, entre otros, sus derechos a un proceso con todas las garantías, a conocer la acusación y a defenderse de ella, así como el principio de legalidad penal.
Fuentes jurídicas citadas por Europa Press señalan que los recursos siguen pendientes de que el órgano de garantías fije fecha para decidir sobre su admisión a trámite y dan por hecho que el asunto no se moverá hasta después de los comicios generales.
El indulto, en tramitación en Justicia
El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes inició en enero la tramitación de un posible indulto a favor de García Ortiz, a raíz de dos solicitudes presentadas por particulares. La normativa permite que penados, familiares o cualquier persona en su nombre pidan la medida de gracia, que debe ser informada por el tribunal sentenciador --en este caso el Supremo--, con audiencia de la Fiscalía y de la parte perjudicada.
El alto tribunal ya se pronunció en contra del perdón al no apreciar motivos de justicia, equidad o utilidad pública: “Los hechos fueron graves, han producido una afectación importante de la institucionalidad del ministerio público por la relevancia de su función, como promotor de la justicia, garante de la independencia judicial y del ejercicio de los derechos de los ciudadanos de acuerdo a la legalidad”. Si finalmente prosperara, la concesión del indulto correspondería al Rey, a propuesta del ministro de Justicia y tras deliberación del Consejo de Ministros, mediante real decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El titular de Justicia, Félix Bolaños, explicó en una entrevista reciente que el departamento ya dispone del expediente completo para decidir sobre el eventual perdón al ex fiscal general. “Quizás soy la persona menos idónea para hablar de este asunto porque precisamente tengo el tema en mi mesa”, apuntó, antes de precisar que “ya han terminado todos los trámites perceptivos” para que pueda elevar una propuesta al Consejo de Ministros.
Este viernes, Bolaños volvió a referirse al caso, admitiendo que, aunque el expediente “tiene un interés público y un interés mediático especial”, no hará “algo distinto” de lo que hace “con cualquier expediente, que es no comentarlo”. “No está descartada ni una decisión ni otra. Se está tramitando el expediente y el día que se resuelva, seguro que daremos cuenta públicamente ante una rueda de prensa como esta que estamos celebrando hoy y explicaremos cuál es la decisión y cuáles son los motivos”, afirmó.
Situación de García Ortiz en la carrera fiscal
Tras la condena, se abrió la incógnita sobre el futuro de García Ortiz en el Ministerio Fiscal. El artículo 46 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) y el Reglamento del Ministerio Fiscal contemplan la pérdida de la condición de fiscal cuando se impone una “pena principal o accesoria de inhabilitación para cargos públicos” o una condena por delito doloso.
En enero, la Fiscalía --dirigida ahora por Teresa Peramato-- comunicó que autorizaba a García Ortiz a seguir en la carrera fiscal, al entender que la inhabilitación de dos años por revelación de secretos solo afectaba al puesto de fiscal general del Estado y no al resto de funciones. De este modo, el ex jefe del Ministerio Público se incorporó a la Sección de lo Social del Supremo.
Su llegada a dicha sección del alto tribunal se produjo “de conformidad con las previsiones estatutarias, quedando sin efecto su anterior situación de servicios especiales” cuando ocupaba la Fiscalía General, según indicaron fuentes del Ministerio Fiscal. Desde la institución subrayaron que “el alcance del fallo de la sentencia resulta claramente delimitado”. Recordaron que la resolución del Supremo “impone a García Ortiz la pena de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado por tiempo de dos años, sin que se efectúe ninguna referencia más ni respecto de su condición de fiscal de carrera y/o el ejercicio de sus funciones fiscales, ni respecto de otros cargos análogos”.