Vox ha solicitado al Tribunal de Cuentas que abra una investigación por posible responsabilidad contable en la Diputación de Badajoz, después de la condena a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por un delito de prevaricación administrativa relacionado con la plaza que se le otorgó de forma irregular, según la sentencia, en la institución provincial pacense.
En una denuncia recogida por Europa Press, la formación que encabeza Santiago Abascal pide que se requiera a la Diputación de Badajoz “información y documentación adicional acreditativa de las cantidades efectivamente abonadas” por los contratos que han sido objeto de enjuiciamiento, “incluyendo hasta la fecha actual, así como de las personas que autorizaron, ordenaron y fiscalizaron dichos pagos”.
El partido sostiene que existen “indicios racionales” de que los importes satisfechos por la Diputación de Badajoz al hermano de Sánchez con fondos públicos habrían alcanzado los 280.845,63 euros entre 2017 y 2024.
Según el escrito, “este es un saldo deudor injustificado en las cuentas de dicha entidad, en la medida en que los puestos de trabajo habría sido creado y provisto de forma irregular y la persona perceptora no habría desarrollado de forma efectiva y regular las funciones inherentes al mismo. Por tanto, es susceptible de generar responsabilidad contable para el propio perceptor y para quienes autorizaron, ordenaron o no impidieron dichos pagos”.
Asimismo, Vox subraya que es “igualmente procedente” que el Tribunal de Cuentas solicite a la Diputación de Badajoz datos sobre las cantidades abonadas a Luis María Carrero, quien fue asesor en la Presidencia del Gobierno y posteriormente ocupó un puesto en la institución provincial.
La formación indica que en la documentación presentada no figura un informe sobre las retribuciones de Carrero ni sobre las tareas realizadas en ese cargo, “a diferencia de lo sí documentado respecto de David Sánchez”.
Con esta petición, Vox pretende “esclarecer si dichas cantidades guardan la debida correspondencia con una prestación de servicios efectiva o si, por el contrario, pudieran constituir un saldo deudor injustificado (alcance) susceptible de generar responsabilidad contable”.
La Audiencia Provincial de Badajoz impuso a Sánchez y Carrero la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público durante nueve años por el delito de prevaricación administrativa.