La Unión Europea ha dado un nuevo paso en su estrategia para reducir el impacto ambiental de la industria textil. Desde este domingo, 19 de julio, las grandes empresas tienen prohibido destruir prendas de vestir, accesorios y calzado que no hayan conseguido vender, una medida con la que Bruselas pretende reducir el desperdicio textil y fomentar la reutilización de productos.
La prohibición forma parte del Reglamento de Ecodiseño para Productos Sostenibles (ESPR), en vigor desde julio de 2024, y será de aplicación para las empresas medianas a partir de julio de 2030. Con esta normativa, la Comisión Europea busca reducir el desperdicio de productos nuevos, incentivar su reutilización y reciclaje y disminuir la huella ambiental del sector textil.
Según las estimaciones de Bruselas, entre el 4 % y el 9 % de los textiles que permanecen sin vender en la Unión Europea son destruidos antes incluso de llegar a utilizarse. Esta práctica genera alrededor de 5,6 millones de toneladas de emisiones de CO₂ cada año, además del consumo innecesario de materias primas, agua y energía empleadas en su fabricación.
A partir de ahora, las empresas afectadas deberán dar prioridad a alternativas como la venta de los productos, su donación a organizaciones benéficas o entidades de la economía social o su preparación para la reutilización. La destrucción únicamente estará permitida en circunstancias excepcionales, como cuando existan razones de seguridad o los productos presenten daños que impidan su aprovechamiento. La Comisión Europea concretó estos supuestos mediante unas directrices aprobadas en febrero de 2026.
Además de prohibir la destrucción sistemática de excedentes textiles, el reglamento obliga a las empresas a informar públicamente sobre el destino de los productos de consumo no vendidos que desechan, con el objetivo de aumentar la transparencia y responder a la creciente preocupación ciudadana por el impacto ambiental de la denominada "moda rápida".
La medida se enmarca en la estrategia comunitaria para hacer más sostenibles los productos comercializados en el mercado europeo. En palabras de la Comisión, el reglamento establece un marco para mejorar aspectos como la durabilidad, la reparabilidad, la reciclabilidad y la eficiencia en el uso de los recursos, con el fin de reducir residuos y favorecer una economía más circular.
La patronal española
Por su parte, la patronal del sector textil y del calzado (ARTE) ha acogido favorablemente la entrada en vigor de la nueva normativa europea al considerar que contribuirá a reforzar la economía circular y la sostenibilidad de la industria. La organización asegura que muchas de sus empresas asociadas ya venían aplicando medidas para reducir el desperdicio de productos mediante una mejor gestión de los inventarios, así como a través de la donación, la reventa, la reutilización y el reciclaje de los excedentes.
En declaraciones a DEMÓCRATA, ARTE sostiene que la prohibición establece "un marco armonizado para todos los operadores europeos", aunque reconoce que obligará a las compañías a adaptar sus procesos internos y a reforzar la información que deberán facilitar sobre el destino de los productos no vendidos. No obstante, la patronal considera que la medida representa "una oportunidad para seguir avanzando hacia modelos de negocio más sostenibles, innovadores y alineados con las expectativas de los consumidores y los objetivos climáticos europeos".
Paralelamente, la organización reclama, además, que la aplicación de la norma sea "proporcionada, homogénea y jurídicamente segura" en todos los Estados miembros y que las mismas obligaciones se exijan tanto a las empresas europeas como a los operadores de terceros países que comercializan sus productos en el mercado comunitario.