La Comisión Europea ha dado este martes su visto bueno a un acuerdo con las autoridades nacionales de protección de los consumidores para coordinar la aplicación de las nuevas reglas comunitarias contra el ecopostureo o “greenwashing”. El objetivo es que su entrada en vigor se produzca de forma coherente en toda la Unión Europea y se tengan en cuenta las dificultades de adaptación de las empresas.
El pacto, alcanzado en el seno de la Red de Cooperación para la Protección de los Consumidores (CPC), establece criterios comunes sobre cómo deberán actuar los organismos nacionales responsables de hacer cumplir la directiva, que endurece las exigencias para las declaraciones medioambientales y las etiquetas de sostenibilidad con el fin de evitar mensajes engañosos que influyan en las decisiones de compra.
En este marco, las autoridades se comprometen a tener en cuenta las dificultades reales que puedan aparecer durante el periodo de transición, como el volumen de productos ya fabricados, su vida útil o las limitaciones técnicas para adaptarlos a la nueva normativa, con la intención de evitar costes innecesarios para las empresas.
Asimismo, el texto recoge que, cuando estas dificultades de adaptación estén debidamente justificadas, se dará prioridad a actuaciones de carácter preventivo, como la publicación de orientaciones o aclaraciones dirigidas a las empresas afectadas, antes de recurrir a medidas de tipo sancionador.
La directiva, que los Estados miembro debían incorporar a sus ordenamientos jurídicos antes del 27 de marzo de 2026, empezará a aplicarse a partir del próximo 27 de septiembre.