Almeida eleva a más de 30 millones las pérdidas comerciales por los 38 días de acampada en Sol

Almeida atribuye a la acampada en Sol más de 30 millones en pérdidas al comercio y el Gobierno justifica el desalojo como medida de último recurso.

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El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha cuantificado la “nueva factura del sanchismo en Madrid” en “más de 30 millones de euros en pérdidas del comercio de la zona” derivadas de “38 días de ocupación” por la acampada instalada en la Puerta del Sol.

Almeida ha denunciado en su cuenta de X que “esta madrugada, Policía Nacional y Policía Municipal han procedido al desalojo de la Puerta del Sol. Los servicios municipales ya trabajan para devolver la normalidad a la plaza. 38 días de ocupación, más de 30 millones de euros en pérdidas del comercio de la zona. Una nueva factura del sanchismo en Madrid”.

Paralelamente, la Delegación del Gobierno en Madrid ha respaldado el desalojo de la Acampada 26S en la Puerta del Sol, llevado a cabo de madrugada por la Policía Nacional en coordinación con la Policía Municipal de Madrid, y lo ha descrito como una decisión de “último recurso” tras un “proceso de actuación gradual” y una vez que la protesta había perdido su sentido reivindicativo original, derivando en alteraciones del orden público.

El comunicado de la Delegación explica que, en un inicio, el Ejecutivo garantizó el ejercicio del derecho fundamental de reunión al apreciarse una “finalidad reivindicativa común”. No obstante, remarca que este derecho “no es ilimitado” y que, después de más de un mes de acampada, se ha producido un “cambio en las circunstancias y naturaleza de la acampada”.

En ese sentido, detalla que las organizaciones convocantes se fueron retirando progresivamente y que buena parte de las pernoctaciones pasaron a corresponder a “personas sin hogar” y “colectivos vulnerables”. A ello se suma “la existencia de diversos hechos presuntamente delictivos e incidentes ocurridos en el interior o en el entorno inmediato de la acampada” —puestos en conocimiento por la Jefatura Superior de Policía de Madrid—, lo que habría generado un “peligro concreto para personas y bienes”.