La asociación Stop Desahucios Mallorca ha interpuesto una denuncia penal contra el agente de la Policía Local de Palma, actualmente suspendido de empleo, que figura como propietario de las infraviviendas situadas en los sótanos de la avenida Joan Miró de la capital balear.
El escrito, presentado en el juzgado de guardia, imputa a la sociedad mercantil de la que el policía es administrador único presuntos delitos de estafa procesal, fraude de ley y abuso de derecho.
Según ha explicado la plataforma en un comunicado, esta iniciativa judicial se produce a las puertas del desahucio de las personas que habitan en dos de estos inmuebles, en el número 24B de la citada avenida.
Uno de estos lanzamientos estaría directamente relacionado con la supuesta estafa procesal denunciada, motivo por el que se ha reclamado la suspensión del procedimiento.
El presunto delito se centraría en el fin de la cobertura de la moratoria antidesahucios, al haberse intentado articular una maniobra "deliberada y de mala fe" para "engañar" al juzgado sobre la normativa aplicable y alcanzar el "perverso" propósito de eludir la ley de vivienda y evitar el trámite de mediación.
Stop Desahucios sostiene que, si la administración asumiera el pago del alquiler de esta familia con fondos públicos, ese dinero acabaría destinado a abonar las "cuantiosas multas" que arrastra la mercantil, de forma que el agente trataría de "manipular el procedimiento" para seguir percibiendo algunos alquileres ilegales y eludir sus responsabilidades por las sanciones.
La organización señala además que hay otra familia residente en las infraviviendas de Joan Miró que previsiblemente será desalojada este jueves. En este caso, siempre según la asociación, un juez reconoció la situación de vulnerabilidad, pero no detuvo el lanzamiento por su "particular interpretación" de la legislación vigente.
En paralelo, Stop Desahucios tiene previsto registrar este mismo martes un nuevo escrito ante los juzgados para solicitar la suspensión provisional de ese desalojo.
Denuncia de cortes de suministros y acoso institucional
La entidad recuerda que, a este frente en los tribunales, se suman los "cortes criminales de suministros básicos" que sufren desde hace tiempo las personas que habitan en los sótanos de Joan Miró y una estrategia de "acoso institucional" orientada a "quebrar la resistencia de los afectados".
En esta línea, Stop Desahucios acusa al Ayuntamiento de Palma de enviar a personal de servicios sociales a las viviendas "con la única misión de desmoralizar a las familias" y persuadirlas de que el desalojo es "inevitable".
Otros tres desahucios señalados por la asociación
La plataforma ha puesto igualmente el foco en otros tres casos recientes de desahucios, uno de ellos también fijado para este jueves y que afecta a una familia trabajadora a la que, según denuncian, el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) "quiere echar a la calle".
Los afectados vivían en la vivienda para atender a su abuela, ya fallecida y titular del contrato de arrendamiento. A juicio de Stop Desahucios, la administración autonómica debería haber contemplado la posibilidad de subrogar el contrato.
A este "atropello institucional" se suma que la familia carece de representación procesal desde que su procuradora causó baja el pasado noviembre. El juzgado no ha designado sustitución y ha continuado con el procedimiento "de espaldas" a la abogada de oficio que defiende a los afectados.
Por este motivo, la asociación ha registrado un escrito reclamando la nulidad de las actuaciones, que aún está pendiente de resolución. También solicitó la suspensión del lanzamiento al amparo de la moratoria, sin que, según afirman, conste respuesta.
El pasado lunes, de forma paralela, se frenaron dos desahucios, uno ya programado y otro comunicado "con menos de dos horas de antelación".
Stop Desahucios ha subrayado el papel de "la unidad y la presión popular" en estos casos y ha llamado a la movilización del conjunto de la ciudadanía para intentar detener los tres lanzamientos previstos para el jueves.