JUPOL desvela que el delegado del Gobierno ordenó la intervención policial en la Complutense y después cuestionó a la UIP

El delegado del Gobierno representa al Gobierno de la Nación y dirige la Administración General del Estado en una comunidad autónoma, coordinándola, cuando procede, con la Administración autonómica. Su cometido combina representación institucional, dirección administrativa, cooperación entre administraciones y garantía de la seguridad ciudadana; no supone dirigir el Gobierno autonómico ni sustituir sus competencias.

Marco jurídico y posición institucional

La regulación general se encuentra en la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, especialmente en sus artículos 72 y 73. Este último ordena sus atribuciones en cinco bloques: dirección y coordinación; información; colaboración con otras administraciones; control de legalidad; y desarrollo de políticas públicas.

Es un órgano directivo con rango de subsecretario. Su nombramiento y separación se acuerdan mediante real decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del presidente del Gobierno. Depende orgánicamente de la Presidencia del Gobierno y funcionalmente del ministerio competente según la materia.

Principales competencias y funciones

• Dirección y coordinación de los servicios estatales. Dirige y supervisa la actividad de la Administración General del Estado y sus organismos públicos en el territorio. Coordina los servicios integrados en la Delegación y los no integrados, respetando las instrucciones y competencias de los correspondientes ministerios.
• Organización territorial. Nombra a los subdelegados del Gobierno y dirige y coordina su actividad. También informa las propuestas de nombramiento de responsables de órganos territoriales estatales y de organismos públicos de ámbito autonómico o provincial.
• Información institucional y ciudadana. Coordina la información sobre los programas y actividades del Gobierno y de la Administración estatal en la comunidad. Facilita el intercambio de información con los ministerios y otras administraciones y recibe información sobre las actuaciones territoriales de los distintos departamentos.
• Cooperación administrativa. Mantiene relaciones de comunicación, coordinación y colaboración con la comunidad autónoma y las entidades locales. Participa en los instrumentos de cooperación correspondientes y promueve que las actuaciones conjuntas respeten las competencias de cada administración.
• Control de legalidad. Resuelve los recursos administrativos que le correspondan contra actos de órganos de la Delegación. Puede suspender la ejecución de actos impugnados cuando legalmente proceda y promover o interponer las actuaciones previstas frente a disposiciones y actos autonómicos o locales, dentro de las competencias y procedimientos establecidos.
• Seguimiento de políticas públicas. Formula propuestas para mejorar los servicios estatales y conoce y sigue los programas ministeriales, las inversiones y su ejecución territorial. Su función es favorecer una actuación estatal coherente y eficaz, no asumir automáticamente las decisiones reservadas a cada ministerio.
• Gestión de medios. Coordina la utilización de edificios administrativos estatales en su ámbito, conforme a las directrices patrimoniales correspondientes, y promueve un mejor aprovechamiento de los recursos públicos.

Seguridad ciudadana y límites de actuación

Una atribución especialmente relevante es proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, mediante la dirección territorial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, bajo la dependencia funcional del Ministerio del Interior. Estas funciones se completan con las atribuciones que establece la legislación sectorial.

La distinción esencial es entre dirigir los servicios estatales y cooperar con los autonómicos y locales. El delegado no es superior jerárquico del presidente autonómico ni de los alcaldes. Tampoco su función de control de legalidad equivale a una potestad general para anular sus decisiones: debe utilizar los recursos y mecanismos legalmente previstos.

Antes de ser nombrado delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre combinó una carrera técnica como ingeniero de Montes con responsabilidades de gestión en el PSOE y puestos de dirección en la Presidencia del Gobierno. Su recorrido pasó por el Grupo Tragsa, proyectos internacionales y la administración económica del partido, hasta ocupar la Secretaría General de la Presidencia, su responsabilidad inmediatamente anterior al nombramiento de marzo de 2023.

Formación y primeros pasos profesionales

Nacido en Madrid en 1981, obtuvo el título de ingeniero de Montes por la Universidad Politécnica de Madrid en 2007. Completó su formación con un MBA en Comercio Internacional de ICEX-CECO. La referencia oficial de su nombramiento señala que ejerció como ingeniero tanto en el sector público como en el privado, con experiencia en proyectos civiles, forestales y medioambientales. Así lo recoge su biografía institucional.

Una parte importante de esa etapa estuvo vinculada al Grupo Tragsa, donde trabajó entre 2007 y 2017. Sus primeras tareas incluyeron proyectos de evaluación de impacto ambiental. En 2011 fue jefe de Gabinete de la Presidencia del grupo, incorporando responsabilidades de gestión a su experiencia técnica.

En 2012 asumió la jefatura de actuación de un proyecto de reconstrucción civil en Badghis, Afganistán, dentro de la actividad internacional de Tragsa. Su trayectoria profesional también incluyó comunicación, relaciones institucionales y gestión de proyectos internacionales. Estas funciones aparecen reseñadas en los perfiles de la Fundación Pablo Iglesias y de Nueva Economía Fórum.

Actividad política y responsabilidades en el PSOE

Su vinculación política precedió a sus principales cargos administrativos. Es militante del PSOE desde 2000, inicialmente ligado a la agrupación de Arganzuela, en Madrid. Entre 2015 y 2017 formó parte de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Madrid, según el perfil de Demócrata.

También tuvo una primera experiencia en el ámbito parlamentario: en 2009 ejerció como asesor parlamentario en formación en el Congreso de los Diputados, principalmente en medio ambiente y cambio climático, según el perfil de El Español. Fue una actividad relacionada con su especialización técnica, distinta de los cargos ejecutivos que ocuparía después.

En 2017 pasó a ser director de Administración y Finanzas del PSOE, responsabilidad que mantuvo hasta junio de 2018. Esta etapa situó su trabajo en la gestión interna y económica de la organización, antes de incorporarse a la Presidencia del Gobierno.

Su ascenso en la Presidencia del Gobierno

Tras la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa en 2018, Martín encadenó tres responsabilidades, recogidas en su biografía institucional:

• Junio de 2018 a enero de 2020: director del Gabinete Técnico de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno.
• Enero de 2020 a julio de 2021: director del Departamento de Planificación y Seguimiento de la Actividad Gubernamental del Gabinete de la Presidencia.
• Julio de 2021 a marzo de 2023: secretario general de la Presidencia del Gobierno, tras la incorporación de Félix Bolaños al Consejo de Ministros.

Durante su trayectoria institucional también fue miembro de los consejos de administración de Paradores de Turismo y Patrimonio Nacional. Además, entre julio de 2021 y marzo de 2023 fue vocal del patronato de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, FIIAPP.

El Consejo de Ministros aprobó su nombramiento como delegado el 28 de marzo de 2023, como recoge La Moncloa. Llegó, por tanto, con experiencia técnica, de gestión partidaria y de coordinación en Presidencia.

La intervención de la Unidad de Intervención Policial (UIP) en una manifestación estudiantil debe responder a una finalidad policial legítima y respetar el derecho de reunión, la legalidad y la proporcionalidad. Celebrarse en una universidad pública no elimina esos límites ni convierte el campus en un espacio inmune a la actuación policial. Es esencial distinguir entre proteger una protesta, acceder a instalaciones universitarias y disolver una concentración: son actuaciones distintas y requieren justificaciones diferentes.

1. Respetar y proteger el derecho de reunión

La Ley Orgánica 9/1983 reconoce las reuniones pacíficas y sin armas. Su artículo 3 establece que «Ninguna reunión estará sometida al régimen de previa autorización» y obliga a la autoridad gubernativa a protegerlas frente a quienes intenten impedir o perturbar su ejercicio lícito.

Por tanto, la presencia policial puede tener una función protectora, sin que ello autorice automáticamente una carga o un desalojo. El contenido crítico de las reivindicaciones estudiantiles no constituye, por sí mismo, una causa legal de disolución.

2. Distinguir el lugar donde se desarrolla

• Lugares de tránsito público: el artículo 8 exige comunicar la convocatoria a la autoridad gubernativa con entre diez y treinta días naturales de antelación; por causas extraordinarias y graves, el mínimo se reduce a veinticuatro horas. Es una comunicación, no una solicitud de permiso.
• Locales o recintos cerrados: los artículos 6 y 7 contemplan que los organizadores soliciten delegados de la autoridad. Estos no pueden intervenir en los debates para advertir o corregir a los participantes, sin perjuicio de las actuaciones previstas en la legislación procesal penal.

La calificación del espacio importa: no debe trasladarse automáticamente el régimen de una marcha por vías públicas a una reunión dentro de un aula.

3. Contar con causa legal para disolver

El artículo 5 permite suspender y, en su caso, disolver reuniones cuando sean ilícitas conforme a las leyes penales, cuando existan alteraciones del orden público con peligro para personas o bienes, o cuando se utilicen uniformes paramilitares. Contiene también un supuesto específico relativo a convocatorias de miembros de las Fuerzas Armadas o de la Guardia Civil.

La ley exige comunicar previamente esas resoluciones a los asistentes en la forma legalmente prevista. La mera incomodidad que produzca una protesta no equivale al peligro exigido para personas o bienes. Si se trata de prohibirla antes de celebrarse, el artículo 10 requiere razones fundadas y una resolución motivada.

4. Respetar la autonomía universitaria

Los artículos 3 y 50 de la Ley Orgánica del Sistema Universitario reconocen la autonomía universitaria y atribuyen al rector la dirección, gobierno, gestión y representación de la universidad. Sin embargo, esos preceptos no establecen una autorización rectoral universal como condición de cualquier actuación policial.

La petición del rector puede ser relevante para coordinar una intervención, pero no sustituye su fundamento legal ni legitima cualquier empleo de fuerza. Tampoco deben confundirse autonomía universitaria e inviolabilidad domiciliaria: para valorar una entrada hay que identificar el espacio concreto y las garantías que le correspondan.

5. Limitar los medios empleados

La Ley Orgánica 2/1986 impone adecuación entre fines y medios y proscribe prácticas abusivas, arbitrarias o discriminatorias que entrañen violencia física o moral. En consecuencia, una finalidad legítima no justifica cualquier intensidad de fuerza.

Para valorar una actuación concreta deben examinarse su causa, la autoridad responsable, el lugar, las advertencias y los medios utilizados. Ni la condición estudiantil impide intervenir ni una solicitud universitaria permite hacerlo sin límites.