Buscador de listas del 29N, provincia a provincia: consulte quiénes son los candidatos de cada partido

Para llegar a la proclamación definitiva de las candidaturas a las elecciones generales del 29 de noviembre, el recorrido pendiente es electoral y, si existen impugnaciones, judicial: no requiere una aprobación del Congreso ni del Senado. Conviene distinguir la proclamación que realizan las juntas electorales del momento en que quedan resueltos los posibles recursos contra ella.

La fecha de votación, por sí sola, no permite determinar qué actuaciones ya se han completado. Sin contrastar el decreto de convocatoria y el calendario electoral correspondiente, no sería riguroso asignar fechas concretas a los hitos pendientes. El itinerario que debe completarse es el siguiente.

1. No hay una ratificación parlamentaria

Las Cortes no votan las listas ni autorizan su proclamación. Tampoco corresponde a la Diputación Permanente comprobar los requisitos de los candidatos o resolver las controversias sobre su presentación.

Los artículos 56 a 59 del Reglamento del Congreso sitúan a la Diputación Permanente como órgano de continuidad de la Cámara. Tras la disolución, asume las competencias relativas a los decretos-leyes y a los estados de alarma, excepción y sitio. Después de las elecciones, informa al nuevo Pleno de sus actuaciones. Ninguna de esas funciones constituye un trámite para proclamar candidaturas.

2. Preparación y presentación de candidaturas

En la vertiente administrativa electoral, las formaciones deben completar las actuaciones necesarias para concurrir: organizar su representación ante la Administración electoral, formalizar las coaliciones cuando corresponda y presentar las candidaturas con la documentación exigible.

La presentación no equivale a la proclamación. Es necesario comprobar que quienes promueven la candidatura están legitimados, que la documentación reúne los requisitos aplicables y que las personas incluidas pueden concurrir. También deben atenderse las exigencias sobre composición de las listas y los apoyos que resulten necesarios en cada supuesto.

3. Publicación, revisión y subsanación

Las candidaturas presentadas deben pasar por su publicación y examen. Para las elecciones generales, las juntas electorales provinciales desempeñan el papel central en la recepción y proclamación de las candidaturas de sus respectivas circunscripciones.

Si se detectan irregularidades, la fase de subsanación permite corregir los defectos que legalmente puedan repararse. Por ello, la publicación de una lista presentada no garantiza que vaya a quedar proclamada exactamente en los mismos términos: pueden existir correcciones, exclusiones o incidencias que deban resolverse antes.

La Junta Electoral Central ejerce sus funciones de dirección y supervisión de la Administración electoral, pero no sustituye sin más a las juntas provinciales en la proclamación ordinaria de cada candidatura.

4. Proclamación y eventuales recursos

Una vez examinadas las candidaturas y atendidas las subsanaciones, corresponde adoptar el acuerdo de proclamación y publicarlo. Ese es el hito administrativo decisivo para conocer qué candidaturas pueden participar.

No obstante, la proclamación puede ser impugnada mediante los mecanismos judiciales electorales previstos. Si se presenta un recurso, habrá que atender a la resolución judicial y, cuando proceda, a la eventual intervención del Tribunal Constitucional. No debe confundirse esa revisión con una nueva autorización parlamentaria ni con una simple reclamación política.

En síntesis: lo que debe quedar completado es la presentación válida, la publicación, la comprobación de requisitos, la subsanación de defectos, la proclamación y la resolución de los recursos que se interpongan. Si alguno de esos pasos ya se ha realizado, no debe contarse como pendiente. Para precisar qué resta a fecha de hoy y señalar el día de cierre definitivo, falta contrastar el calendario oficial de esta convocatoria.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) no atribuye al cabeza de lista al Congreso un cargo con competencias propias. Su posición es la de candidato situado en primer lugar dentro de una candidatura por una circunscripción. Esa ubicación tiene consecuencias para la adjudicación del escaño, pero no le concede autoridad legal sobre los demás candidatos ni funciones de dirección del Congreso.

1. Qué significa encabezar una candidatura

En las elecciones al Congreso, las candidaturas se presentan por circunscripciones. Por tanto, ser cabeza de lista significa ocupar el primer puesto de una candidatura concreta, no dirigir jurídicamente una candidatura nacional. Una misma formación puede tener distintos cabezas de lista en las diferentes provincias.

La consecuencia electoral principal es la prioridad para obtener un escaño entre los integrantes de esa candidatura: los puestos que esta obtiene se adjudican a sus candidatos siguiendo el orden de colocación. Si consigue un escaño, corresponde a quien ocupa el primer lugar; si consigue varios, se continúa por los puestos siguientes.

Esto no supone que el cabeza de lista sea elegido por una votación personal separada. El elector vota la candidatura y no puede alterar el orden de sus integrantes en la papeleta del Congreso.

2. Qué funciones no le corresponden automáticamente

La posición de cabeza de lista no lleva aparejadas, por sí misma, las siguientes atribuciones:

• Representar legalmente la candidatura ante la Administración electoral: esa representación corresponde a las personas designadas conforme al procedimiento electoral.
• Administrar los fondos electorales, llevar la contabilidad o responder de ella por ocupar el primer puesto: esas tareas corresponden a los administradores electorales.
• Modificar unilateralmente la lista, sustituir candidatos o alterar su orden: la presentación y modificación de candidaturas están sometidas a las reglas y los plazos legales.
• Dar instrucciones jurídicamente vinculantes a los demás candidatos o diputados por el mero hecho de encabezar la candidatura.
• Presidir el grupo parlamentario, actuar como su portavoz o integrarse en un órgano del Congreso de manera automática.

Una misma persona puede reunir varias responsabilidades, pero cada una exige su correspondiente designación o fundamento jurídico. No nacen de su posición en la lista.

3. Sus obligaciones como candidato

El cabeza de lista está sujeto a las mismas condiciones electorales básicas que los demás candidatos: debe reunir los requisitos de elegibilidad, aceptar su candidatura y respetar las reglas electorales aplicables. Encabezarla no permite eludir las causas de inelegibilidad ni las limitaciones para presentarse simultáneamente a determinadas elecciones o en distintas circunscripciones.

Si resulta elegido, su situación pasa a ser la de diputado electo. El ejercicio efectivo del cargo requiere cumplir los requisitos parlamentarios correspondientes. Sus derechos y deberes como diputado derivan de esa condición, no de haber ocupado el primer lugar.

4. Liderazgo político y candidatura a la Presidencia

En la práctica, un cabeza de lista suele asumir protagonismo en la campaña, participar en debates, presentar propuestas o coordinar mensajes. Sin embargo, son funciones políticas u organizativas, determinadas por el partido, la coalición o sus acuerdos internos, no competencias generales que la LOREG asigne a todo cabeza de lista.

Tampoco se convierte automáticamente en candidato a la Presidencia del Gobierno. Esa propuesta y la posterior investidura siguen un procedimiento constitucional distinto de la elección de diputados.

En definitiva, la distinción esencial es esta: encabezar la lista determina la prioridad electoral dentro de ella; no crea un poder de mando institucional. Para conocer las responsabilidades adicionales de una persona concreta habría que distinguir sus cargos partidarios, sus designaciones electorales y sus funciones parlamentarias.

Para presentar candidaturas a unas elecciones generales en España, los partidos deben cumplir los requisitos de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG): estar legitimados para concurrir, presentar candidatos elegibles y entregar la documentación exigida dentro del plazo. La presentación no convierte automáticamente una candidatura en oficial: la junta electoral debe comprobarla y acordar su proclamación.

1. Quién puede presentar candidaturas

Pueden hacerlo los partidos y federaciones inscritos en el registro correspondiente, las coaliciones constituidas para esas elecciones y las agrupaciones de electores. Aunque estas últimas no son partidos, también pueden competir si reúnen los requisitos específicos que les corresponden.

Las coaliciones deben comunicar su constitución a la junta electoral competente dentro de los diez días siguientes a la convocatoria, indicando su denominación, las normas por las que se rigen y las personas que ocupan sus órganos de dirección o coordinación. No basta con anunciar públicamente un acuerdo electoral.

2. Representantes y junta competente

Los partidos deben designar representantes generales ante la Junta Electoral Central y representantes de sus candidaturas ante las juntas electorales provinciales. Estos últimos actúan como interlocutores de la Administración electoral, reciben notificaciones y realizan las actuaciones necesarias para la presentación y subsanación.

Las candidaturas al Congreso y al Senado se presentan ante la junta electoral provincial correspondiente, no ante el ayuntamiento ni directamente ante el Congreso. La organización debe atender también las obligaciones relativas a sus administradores electorales y a la financiación de la campaña.

3. Plazo, formulario y documentación

La presentación debe realizarse entre los días decimoquinto y vigésimo posteriores a la convocatoria. Debe utilizarse la documentación electoral correspondiente y expresar claramente la denominación, las siglas y el símbolo de la formación, así como la identidad de los candidatos y suplentes.

Es necesario acompañar la aceptación de cada candidato y los documentos acreditativos de su elegibilidad. La identificación de la candidatura no puede inducir a confusión con otra formación ni incorporar símbolos prohibidos por la legislación electoral.

4. Elegibilidad y composición

Los candidatos deben reunir los requisitos para ser elegidos: tener la condición de elector, ser mayores de edad y no estar incursos en causas de inelegibilidad. Estas incluyen determinadas condenas y ciertos cargos o funciones públicas. Nadie puede presentarse simultáneamente al Congreso y al Senado ni integrar candidaturas en varias circunscripciones.

En el Congreso, cada lista debe contener tantos candidatos como escaños se elijan en la circunscripción. Puede incluir hasta diez suplentes, expresando su orden. En el Senado se presentan candidaturas individuales, aunque pueden agruparse para su presentación y campaña; cada candidato debe contar con dos suplentes.

Las listas deben respetar las reglas de composición equilibrada entre mujeres y hombres. La regulación incorpora la ordenación alternativa por sexo, con las particularidades previstas para las candidaturas al Senado. Por ello, no basta con revisar el porcentaje global: también importa la colocación de cada persona.

5. Avales cuando sean exigibles

Los partidos, federaciones y coaliciones que no hubieran obtenido representación en ninguna de las cámaras en las anteriores elecciones necesitan firmas de, al menos, el 0,1 % de los electores inscritos en el censo de cada circunscripción donde pretendan concurrir. Las agrupaciones de electores necesitan el 1 %. Ningún elector puede firmar para más de una candidatura.

6. Revisión, subsanación y proclamación

Tras la publicación de las candidaturas presentadas, las juntas comunican las irregularidades detectadas. Existe un plazo de 48 horas para subsanarlas. Finalmente, proclaman las candidaturas que cumplen los requisitos; frente a la exclusión existen vías de recurso electoral con plazos especialmente breves.