La exministra Fátima Báñez es una de las personas fallecidas en el accidente ferroviario de este martes en Urda (Toledo). Según han confirmado a DEMÓCRATA fuentes cercanas a la exministra, Báñez viajaba en el tren Iryo siniestrado poco antes de las 9:00 horas de este miércoles.
Báñez fue ministra de Empleo y Seguridad Social durante los dos gobiernos de Mariano Rajoy, entre diciembre de 2011 y junio de 2018. Tras la moción de censura que invistió como presidente a Pedro Sánchez, abandonó la política y empezó a desarrollar su actividad empresarial.
En diciembre de 2019 se incorporó al Consejo de Administración de Laboratorios Rovi como consejera externa independiente, y en abril de 2020 se sumó al patronato de la Fundación CEOE. Hasta ahora presidía la Fundación de la patronal española.
Diputada con Aznar, ministra con Rajoy
Tras asumir diversas responsabilidades dentro del PP andaluz, Báñez llegó al Congreso tras ser elegida diputada por Huelva en las elecciones generales de 2000, las que encumbraron la primera mayoría absoluta de José María Aznar.
Aquellos años fue elegida como portavoz de Presupuestos del Grupo Popular y coordinadora del área económica de los 'populares'.
Con la llegada de Mariano Rajoy a la Moncloa, a finales de 2011, fue nombrada ministra de Empleo y Seguridad Social, cargo que ocupó hasta la salida del expresidente con la moción de censura de 2018.
Fue responsable de la política laboral del Gobierno en uno de los momentos más complicados de la historia económica reciente, con el país sumergido en una profunda crisis tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis de deuda en los países de la Unión Europea.
Al asumir el cargo, a finales de 2011, el desempleo registrado en España superaba las 4,4 millones de personas registradas en los servicios de empleo. Llegó a superar los 5 millones en febrero de 2013, para iniciar entonces una senda descendente. Báñez cesó de sus funciones con 3,1 millones de personas en paro.
Las reformas más polémicas: laboral y de pensiones
Pese a que su nombre no está tan intrínsecamente vinculado a ellas, fue la ministra que impulsó las que posiblemente fueran las reformas más polémicas y trascendentes del Gobierno de Mariano Rajoy: la reforma laboral de 2012 y la reforma de pensiones un año más tarde. La primera de ellas desembocó en la última huelga general respaldada por los sindicatos mayoritarios, el 14 de noviembre de 2012.
La reforma rebajó la indemnización por despido de 45 a 33 días por año trabajado, hasta un máximo de 24 mensualidades, facilitándose las causas económicas que lo permiten justificar y eliminando la autorización administrativa para despidos colectivos.
También se acabó con la ultraactividad de los convenios, se dio prioridad a los convenios de empresa frente al sectorial y se facilitó la capacidad del empresario para modificar condiciones sustanciales del trabajo, como la jornada, el horario o los salarios.
Respecto a la reforma de pensiones, acabó con su revalorización conforme al IPC para vincularlo a un indicador relacionado con su situación financiera --en la práctica condenaba a las pensiones a una subida del 0,25%-- y proyectó una bajada de la pensión inicial para los futuros jubilados.
Finalmente, el Gobierno se vio obligado a aplazar la entrada en vigor de esta última medida y a recuperar parcialmente la subida de las pensiones con el IPC. Ambas medidas fueron derogadas posteriormente al llegar el PSOE al Gobierno.
Sin embargo, los principales cambios de la reforma laboral continúan vigentes hoy, entre ellas las facilidades para despedir y su indemnización, que no fue objeto de discusión en la reforma laboral que aprobó en 2021 la actual vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz.