En directo, Puente comparece tras el accidente ferroviario en Urda (Toledo)

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible dirige la política estatal de transportes, infraestructuras y movilidad sostenible, conforme a las directrices del Gobierno. Sus funciones combinan las atribuciones generales de cualquier ministro con las competencias específicas de su departamento; no todas las actuaciones administrativas corresponden personalmente al titular.

1. Marco jurídico principal

Las normas básicas son el artículo 4 de la Ley 50/1997, del Gobierno; el artículo 7 del Real Decreto 829/2023, que delimita el ámbito del ministerio; y el Real Decreto 253/2024, que desarrolla su estructura y distribuye funciones entre sus órganos. Este último ha sido modificado, entre otras normas, por el Real Decreto 690/2025 y el Real Decreto 141/2026.

2. Funciones generales como ministro

El artículo 4 de la Ley del Gobierno le atribuye competencia y responsabilidad en su ámbito de actuación. En concreto, le corresponde:

• Desarrollar la acción del Gobierno en el departamento, siguiendo los acuerdos del Consejo de Ministros y las directrices del presidente.
• Ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias del ministerio, dentro de las atribuciones legalmente reconocidas.
• Ejercer las demás competencias que le asignen las leyes y las disposiciones de organización y funcionamiento del Gobierno.
• Refrendar, cuando proceda, los actos del Rey relativos a materias de su competencia.

Debe distinguirse esta capacidad individual de las decisiones colegiadas: la aprobación de proyectos de ley y de los reglamentos que correspondan al Consejo de Ministros compete a este órgano, no al ministro por sí solo.

3. Competencias materiales del departamento

El artículo 1 del Real Decreto 253/2024 atribuye al ministerio la propuesta y ejecución de la política gubernamental en los siguientes ámbitos:

• Infraestructuras de transporte: infraestructuras terrestres, aéreas y marítimas de competencia estatal, junto con la planificación y programación de sus inversiones.
• Servicios de transporte: control, ordenación y regulación administrativa de los servicios correspondientes. Comprende los ámbitos de carretera, ferrocarril, aviación civil y transporte marítimo.
• Movilidad sostenible: impulso de su dimensión social, económica y medioambiental, incluida la movilidad activa. La finalidad legal es garantizar una movilidad segura y sostenible, basada en criterios de justicia social.
• Servicios postales: ordenación normativa de estos servicios.
• Información geográfica y científica: impulso y dirección de los servicios estatales de astronomía, geodesia, geofísica y cartografía.

4. Dirección, planificación y coordinación

El ministro ejerce la dirección superior mediante la Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible y la Subsecretaría, directamente dependientes de él. La Secretaría de Estado desarrolla, bajo su dirección, la planificación estratégica, la programación de inversiones y la coordinación de infraestructuras y servicios.

Entre las funciones de esa estructura figuran favorecer la intermodalidad —la combinación de distintos medios de transporte—, priorizar seguridad y mantenimiento, mejorar la movilidad cotidiana, supervisar entidades adscritas e impulsar ayudas a la movilidad sostenible. También incluye cooperar con administraciones territoriales en planes de movilidad urbana.

En el plano internacional, una subdirección directamente dependiente del ministro coordina las relaciones y la representación del departamento, especialmente ante la Unión Europea, en colaboración con Asuntos Exteriores.

5. Límites y distribución de responsabilidades

La competencia ministerial no equivale a gestionar todos los transportes de España. El ámbito descrito está delimitado por las competencias estatales y debe ejercerse respetando las de otras administraciones y ministerios. Por ejemplo, el Real Decreto 829/2023 atribuye tráfico y seguridad vial al Ministerio del Interior. Asimismo, las funciones concretas se distribuyen entre órganos y entidades: dirigir políticamente el departamento no significa resolver personalmente cada expediente.

Óscar Puente Santiago pertenece al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), en el que milita desde 1990. Su trayectoria ha pasado por la dirección socialista de Valladolid, la Alcaldía de esa ciudad, la portavocía federal del partido y el Congreso de los Diputados. Desde noviembre de 2023 es ministro de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de Pedro Sánchez (biografía oficial).

Formación y primeros pasos políticos

Nació en Valladolid el 15 de noviembre de 1968. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid y cuenta con un máster en Dirección Política por la Fundación Jaime Vera. Antes de dedicarse plenamente a la gestión municipal, ejerció como abogado entre 1995 y 2015; dejó esa actividad cuando accedió a la Alcaldía (biografía oficial).

Sus primeras responsabilidades orgánicas destacadas llegaron en 2004, cuando fue vicesecretario general de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Valladolid. En 2007 fue elegido concejal del Ayuntamiento y, desde 2008, asumió la presidencia y portavocía del Grupo Municipal Socialista. En 2009 pasó a dirigir la agrupación socialista de Valladolid ciudad, una responsabilidad que mantuvo hasta diciembre de 2021 (biografía oficial).

Alcalde de Valladolid entre 2015 y 2023

Tras ocho años como concejal en la oposición, Puente consiguió la Alcaldía de Valladolid en 2015. Aunque el PP había sido la fuerza más votada, reunió una mayoría alternativa que puso fin a dos décadas de gobiernos municipales de ese partido. En 2019, el PSOE ganó las elecciones locales y Puente continuó al frente del Ayuntamiento durante un segundo mandato (perfil en Demócrata).

Su experiencia municipal incluyó responsabilidades en la Federación Española de Municipios y Provincias: presidió la Red Española de Ciudades Saludables entre 2015 y 2019, formó parte de su Junta de Gobierno y representó a la federación en la Red de Iniciativas Urbanas (biografía oficial).

En las municipales de mayo de 2023, el PSOE volvió a ser la candidatura más votada en Valladolid, pero Puente no conservó la Alcaldía. La suma de PP y Vox permitió que el popular Jesús Julio Carnero asumiera el gobierno municipal. Su etapa como alcalde terminó, por tanto, después de ocho años (perfil en Demócrata).

Responsabilidades nacionales en el PSOE

Su proyección nacional había comenzado antes de abandonar el Ayuntamiento. Entre junio de 2017 y octubre de 2021 fue portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, coincidiendo con el regreso de Pedro Sánchez a la Secretaría General. Compaginó así la Alcaldía con una función de comunicación política nacional. En diciembre de 2021 pasó de la secretaría municipal a la Secretaría General provincial del PSOE de Valladolid (biografía oficial).

Del Congreso al Ministerio de Transportes

En las generales del 23 de julio de 2023 encabezó la candidatura socialista por Valladolid y obtuvo un escaño. En septiembre intervino en nombre del PSOE en el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, un episodio que amplió su notoriedad nacional. Dos meses después, Pedro Sánchez lo incorporó al Gobierno como ministro de Transportes y Movilidad Sostenible (perfil en Demócrata).

Su trayectoria sigue vinculada electoralmente a Valladolid: en octubre de 2026 confirmó que encabezaría la lista del PSOE por esa provincia en las elecciones generales del 29 de noviembre. Se mantiene así la conexión entre su carrera nacional y la organización territorial donde inició su actividad política (candidatura por Valladolid).

La seguridad ferroviaria en España se regula mediante legislación estatal, reglamentos de desarrollo y normativa de la Unión Europea. Sus dos pilares principales son la Ley 38/2015, del sector ferroviario, y el Real Decreto 929/2020, sobre seguridad operacional e interoperabilidad ferroviarias. A ellos se añaden reglas de circulación, requisitos técnicos y normas sobre supervisión e investigación de accidentes.

1. Ley básica del sector ferroviario

La Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario, establece el marco general: infraestructuras, actividad de las empresas ferroviarias, competencias de seguridad y régimen sancionador. Su referencia territorial fundamental es la Red Ferroviaria de Interés General, sobre la que el Estado ejerce sus competencias.

Debe consultarse con sus modificaciones, entre ellas la Ley 26/2022, de 19 de diciembre. Además, la regulación de la investigación de accidentes fue reformada mediante la Ley 2/2024, por lo que no debe utilizarse aisladamente el texto original de 2015.

2. Seguridad operacional e interoperabilidad

El Real Decreto 929/2020, de 27 de octubre, es el desarrollo reglamentario central. La seguridad operacional consiste en reducir y controlar los riesgos asociados a la operación de los trenes. La interoperabilidad permite que infraestructuras, vehículos y sistemas funcionen conjuntamente conforme a requisitos compatibles.

Este real decreto regula, principalmente:

• Los sistemas de gestión de la seguridad, las autorizaciones de los administradores de infraestructuras y el certificado de seguridad único de las empresas ferroviarias.
• Las entidades encargadas del mantenimiento, el personal ferroviario, los controles de alcohol y sustancias psicoactivas y los tiempos máximos de conducción.
• Los pasos a nivel, cruces entre andenes, cerramientos y protección de las infraestructuras.
• La autorización de líneas, estaciones, subsistemas y vehículos, además de su supervisión e inspección.

También articula la aplicación de las especificaciones técnicas de interoperabilidad, los métodos comunes de seguridad y la colaboración con la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea.

3. Circulación y requisitos técnicos

El Real Decreto 664/2015, de 17 de julio, aprueba el Reglamento de Circulación Ferroviaria, referencia para las reglas operativas de circulación. El Real Decreto 929/2020 modificó determinados preceptos de este reglamento.

Entre las disposiciones complementarias destacan:

• La Orden FOM/1630/2015, de 14 de julio, que aprueba la Instrucción ferroviaria de gálibos, relativa al espacio necesario para la compatibilidad entre vehículos e infraestructura.
• La Orden TMA/698/2023, de 27 de junio, que aprueba REVINFE-23, sobre los registros de vigilancia de infraestructuras.
• Las órdenes TRM/367/2026, de 10 de abril, sobre circulación de trenes históricos, y TRM/535/2026, de 18 de mayo, sobre autorización de material rodante auxiliar.

4. Supervisión e investigación de accidentes

El Real Decreto 1072/2014, de 19 de diciembre, crea la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y aprueba su Estatuto. Es la referencia organizativa de la autoridad nacional de seguridad, diferenciada del organismo que investiga accidentes.

En investigación deben considerarse conjuntamente la Ley 2/2024, de 1 de agosto, que crea una autoridad administrativa independiente para accidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil, y el Real Decreto 141/2026, de 25 de febrero, que aprueba su Estatuto orgánico. Este último derogó el capítulo organizativo del Real Decreto 623/2014, de 18 de julio, no toda la norma.

Por último, este marco se centra en seguridad operacional: la seguridad laboral, la protección civil y la protección frente a actos intencionados tienen normativa propia. Para una instalación o servicio concreto también debe comprobarse su ámbito territorial y técnico.