¿Habrá otro terremoto en Venezuela? Los expertos explican por qué ocurrió y qué puede pasar ahora

En Venezuela, la construcción de un edificio residencial sismorresistente exige cumplir simultáneamente con la normativa técnica (Normas COVENIN sismorresistentes), las ordenanzas urbanísticas municipales y los requisitos de firma y control de ingenieros y arquitectos colegiados. Sin planos estructurales ajustados a la norma COVENIN 1756 y sin los permisos municipales de uso de suelo y construcción, la obra no es legal ni puede ser habitable. Además, según el tipo de proyecto, pueden aplicar obligaciones derivadas de la Ley de Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat. Para un promotor privado, el proceso combina diseño técnico riguroso, tramitación administrativa ante la alcaldía y supervisión profesional durante toda la ejecución.

Marco normativo básico

El pilar técnico es la norma sismorresistente COVENIN 1756 (actualizada en la serie 1756-1:2019), que establece criterios de diseño estructural para que los edificios soporten acciones sísmicas. Define niveles de diseño en función de la peligrosidad sísmica y el uso del edificio, así como exigencias sobre sistemas estructurales, ductilidad y verificación mediante memorias de cálculo y estudios de suelo. En la práctica, esta norma se utiliza junto con otros documentos técnicos especializados sobre diseño sísmico, accesibles en repositorios técnicos como COVENIN 1756:2001, su evolución en borradores y versiones posteriores, por ejemplo el proyecto de norma de 2017 en este proyecto de norma sísmica, o compilaciones técnicas como las disponibles en Norma 1756-1-2019.

Junto con ello, cada municipio cuenta con ordenanzas de urbanismo y construcción que regulan uso del suelo, altura máxima, coeficientes de ocupación de parcela, retiros, densidad y condiciones de estacionamiento. Estas ordenanzas son las que determinan si en una parcela concreta puede levantarse un edificio residencial en altura y con qué parámetros urbanísticos. Finalmente, la Ley de Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat puede ser relevante si se trata de vivienda de interés social o financiada bajo determinados programas, añadiendo controles sobre calidad habitacional y registro ante órganos nacionales.

Permisos y trámites principales

El itinerario típico ante la alcaldía o municipio incluye, de forma resumida, las siguientes etapas:

Primero, la obtención de un certificado de uso de suelo o documento equivalente emitido por la oficina de planeamiento urbano, que confirma que el terreno admite uso residencial y, en su caso, la altura y densidad propuestas. Sin este paso inicial, el resto de la permisología puede ser denegada. En paralelo, el promotor debe encargar el proyecto arquitectónico y estructural a un equipo integrado, al menos, por un arquitecto y un ingeniero civil colegiados.

Con los planos listos (arquitectura, estructura, instalaciones) y la memoria de cálculo estructural ajustada a COVENIN 1756, se presenta la solicitud de permiso de construcción. Esta solicitud suele exigir: estudio de suelos firmado por especialista, planos firmados por los profesionales responsables, constancia de inscripción y solvencia de éstos en sus respectivos colegios, cumplimiento de ordenanzas de urbanismo (retranqueos, altura, estacionamientos) y, en su caso, documentación adicional (movimiento de tierras, excavaciones, impacto ambiental). A lo largo de la obra, la municipalidad o entes delegados pueden practicar inspecciones para verificar que se construye según los planos aprobados.

Exigencias técnicas sismorresistentes

Desde el punto de vista técnico, la edificación debe diseñarse considerando la zona sísmica específica donde se ubica el terreno, lo que condiciona las acciones horizontales de cálculo y el nivel de diseño exigido. La norma COVENIN 1756 exige que el edificio disponga de un sistema estructural capaz de resistir cargas verticales y horizontales, con redundancia (múltiples caminos de carga) y suficiente ductilidad para deformarse sin colapsar durante un sismo severo. El diseño debe ser coherente con el estudio de suelos para definir el tipo de cimentación y evitar fenómenos como licuefacción o asentamientos diferenciales.

La memoria de cálculo estructural, junto con los planos de detalles, es el documento central que las autoridades revisan para comprobar el cumplimiento de la normativa sismorresistente. Existen múltiples materiales de apoyo técnico y versiones de la norma disponibles en entornos académicos, como el texto de la COVENIN 1756 de 2001 difundido en esta compilación, o documentos de trabajo universitarios sobre la evolución de la norma, como los recogidos en versiones de trabajo 2020 y análisis doctrinales en estudios académicos.

Rol de los colegios profesionales

El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Colegio de Arquitectos de Venezuela son piezas obligadas del circuito legal. El ingeniero civil que diseña y firma la estructura debe estar inscrito y solvente en el Colegio de Ingenieros; su firma acredita que el cálculo se ajusta a la norma sismorresistente. De forma similar, el arquitecto responsable del diseño arquitectónico y de la adecuación urbanística debe estar colegiado y su firma es requisito de validez de los planos.

Además de validar la formación y responsabilidad profesional, los colegios pueden intervenir mediante visado de proyectos y, en algunos casos, actuaciones periciales o de inspección técnica, lo que refuerza la trazabilidad y la seguridad jurídica para el promotor y los futuros ocupantes del edificio.

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS) es, según sus estatutos y el marco jurídico venezolano, el ente público especializado en la investigación y vigilancia de la sismicidad en el país, adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Innovación. Sus funciones legales combinan tareas científicas, de monitoreo permanente y de servicio público en prevención de riesgos. Está facultada para operar la infraestructura sismológica nacional, producir información oficial sobre la amenaza sísmica y asesorar a otros órganos del Estado. Aunque los artículos concretos deben consultarse en los Estatutos de FUNVISIS, de ellos se desprende el siguiente bloque principal de competencias.

Fundamento legal y naturaleza institucional

FUNVISIS se configura como una fundación de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creada en el marco de la Constitución venezolana y de la normativa sobre administración pública y ciencia y tecnología. Sus estatutos, aprobados por la autoridad competente del sector, son la norma básica que concreta sus objetivos, estructura y atribuciones. La fundación está adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Innovación (u órgano que haga sus veces), lo que determina su control político-administrativo y su integración en la política científica del Ejecutivo.

El artículo inicial de dichos estatutos define su creación y ámbito de actuación como entidad dedicada a las investigaciones sismológicas, geofísicas y geodinámicas. Los artículos posteriores (habitualmente entre el 4 y el 10, según la estructura típica de este tipo de estatutos) desarrollan con mayor precisión las funciones y competencias oficiales que se describen a continuación.

Investigación científica y desarrollo tecnológico

Una primera función central de FUNVISIS es la realización de investigaciones científicas y tecnológicas en los campos de la sismología, la geofísica, la geodinámica y disciplinas afines. Según se recoge en los estatutos, la fundación tiene “a su cargo la realización de investigaciones científicas y tecnológicas” en esos ámbitos, lo que incluye:

El diseño y ejecución de proyectos de investigación básica y aplicada sobre la actividad sísmica y la estructura interna de la Tierra; el desarrollo de metodologías y herramientas para el análisis de la peligrosidad y el riesgo sísmico; y la generación de conocimiento que respalde las políticas públicas de ordenamiento territorial, infraestructura y protección civil. Esta misión investigadora la sitúa como institución rectora en materia sismológica en Venezuela.

Monitoreo, vigilancia sísmica y gestión de datos

Los estatutos atribuyen a FUNVISIS la operación y mantenimiento de la infraestructura necesaria para la vigilancia sísmica del territorio nacional. Ello comprende la gestión de estaciones sismográficas, laboratorios y centros de datos, así como la recopilación, procesado y archivo de los registros de eventos sísmicos. De este modo, la fundación actúa como sistema oficial de observación y registro de la sismicidad en Venezuela.

En línea con esa función, se le asigna la elaboración y publicación de informes técnicos, catálogos de sismicidad, mapas de amenaza o riesgo sísmico y otras publicaciones de carácter oficial. Esta información sirve como referencia tanto para órganos del Estado como para universidades, empresas y ciudadanía, y es la base técnica para la adopción de medidas de prevención y mitigación.

Prevención de riesgos y servicio al Estado

Otra vertiente clave de sus atribuciones es la prevención de desastres asociados a terremotos. FUNVISIS debe generar y suministrar información técnica que permita mejorar las normas de construcción sismo-resistente, apoyar la planificación urbana y orientar la ubicación de infraestructuras críticas. Los estatutos recogen que la fundación brinda asesoría técnica a otros órganos del Estado en materia de seguridad estructural y de gestión del riesgo sísmico.

En esta condición de servicio público especializado, FUNVISIS también está habilitada para emitir informes y recomendaciones a las autoridades nacionales, estadales y municipales tras eventos sísmicos, así como para colaborar con los sistemas de protección civil en la evaluación de daños y en la definición de estrategias de respuesta y reconstrucción.

Formación, divulgación y cooperación internacional

Los estatutos atribuyen a la fundación la organización de programas de formación y capacitación en materia de sismología, dirigidos a docentes, estudiantes, profesionales y personal técnico de organismos públicos. Asimismo, debe desarrollar actividades de divulgación científica y de educación pública sobre el riesgo sísmico, contribuyendo a la cultura preventiva de la población.

Finalmente, FUNVISIS está facultada para establecer convenios y relaciones de cooperación con instituciones nacionales e internacionales de investigación sismológica y de gestión de riesgos. Esta competencia incluye la participación en redes y proyectos de cooperación técnica, así como la representación de Venezuela ante organismos especializados del ámbito sismológico.

Para conocer la redacción exacta, numeración de artículos y eventuales reformas internas, es necesario consultar directamente el texto íntegro de los Estatutos de FUNVISIS, que constituyen la principal referencia normativa sobre sus funciones.

Las últimas elecciones legislativas celebradas en Venezuela son las del 6 de diciembre de 2020, que determinan la composición actual de la Asamblea Nacional para el periodo 2021‑2026. Se trata del proceso más reciente con resultados oficiales publicados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), aunque su legitimidad ha sido fuertemente cuestionada por buena parte de la comunidad internacional. A efectos internos, estos resultados son los que rigen la distribución de los 277 escaños. La información disponible muestra una cámara ampliamente dominada por el bloque chavista y una representación muy limitada de las fuerzas opositoras.

Contexto general de las elecciones de 2020

Según la información recopilada a partir de datos del CNE y análisis de medios internacionales, las parlamentarias del 6 de diciembre de 2020 son la última elección legislativa realizada en Venezuela de la que se dispone de resultados oficiales completos. No hay constancia, en las fuentes consultadas, de que se haya celebrado y consolidado una nueva elección legislativa posterior que haya sustituido a esta Asamblea Nacional.

Diversos actores internacionales (Unión Europea, Estados Unidos, OEA, entre otros) han señalado que el proceso de 2020 se desarrolló con serias deficiencias democráticas, incluyendo exclusión de parte importante de la oposición, cuestionamientos sobre la independencia del árbitro electoral y un nivel de abstención muy elevado. Aun así, estos actores toman los datos numéricos del CNE como referencia factual para describir la correlación de fuerzas efectiva dentro de la Asamblea, aunque no reconozcan el proceso como plenamente legítimo.

Resultados oficiales agregados por bloques

En términos globales, los datos del CNE y su síntesis en análisis internacionales se resumen así:

Gran Polo Patriótico (GPP, encabezado por el PSUV): obtuvo, de acuerdo con los resultados oficiales, una mayoría abrumadora. Diversos resúmenes coinciden en situar al bloque chavista en torno a 253 de los 277 escaños, lo que supone aproximadamente el 91,3 % de la cámara, con un porcentaje de voto superior al 80 % de los sufragios válidos. Esto otorga al oficialismo un control casi total de la Asamblea Nacional.

Bloques opositores minoritarios participantes: el resto de escaños (en torno a 24 diputados) se reparte entre distintas formaciones y alianzas opositoras que sí concurrieron al proceso (como la llamada Alianza Democrática, Un Nuevo Tiempo –bajo la etiqueta Unión y Cambio–, Fuerza Vecinal y otros grupos menores). La oposición mayoritaria tradicional, que en 2015 había obtenido el control de la Asamblea, decidió en gran medida no participar en la contienda de 2020, por lo que no figura con representación significativa en los datos oficiales.

Distribución más detallada por partidos y alianzas

Las fuentes consultadas ofrecen dos niveles de detalle: por un lado, el reparto global entre bloque chavista y distintas oposiciones; por otro, un desglose más pormenorizado por partidos, basado en la publicación de resultados del CNE y en resúmenes de medios especializados.

En la síntesis cuantitativa más utilizada por los análisis internacionales (con base en los datos oficiales del CNE), la distribución de los 277 escaños queda configurada del siguiente modo:

1. Bloque chavista / Gran Polo Patriótico (GPP)
– Aproximadamente 253 escaños en total (91,3 %).
– Dentro de este bloque se integra el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) como fuerza principal, junto con otras organizaciones aliadas del chavismo. Las fuentes disponibles destacan el peso del PSUV pero no desglosan con precisión cuántos escaños corresponden a cada partido menor dentro del GPP.

2. Oposición participante en el proceso de 2020
El resto de la cámara (unos 24 escaños) se distribuye entre diversas listas opositoras que acudieron a las urnas bajo distintas etiquetas:
– Alianza Democrática (coalición opositora considerada “oficial” o “colaboracionista” por la oposición que llamó al boicot): alrededor de 8 diputados.
– Un Nuevo Tiempo (UNT) – Unión y Cambio: en torno a 7 diputados.
– Fuerza Vecinal: aproximadamente 2 diputados.
– Otros partidos y alianzas menores (pequeños grupos opositores con implantación limitada): completan el reparto hasta alcanzar el total de 24‑29 escaños que, según distintas fuentes, habrían conseguido todas las candidaturas no chavistas.

En cualquier caso, incluso tomando la horquilla alta (unas 29 actas para todo el espectro no chavista), el reparto se mantiene extremadamente desequilibrado, con más de nueve décimas partes de los escaños en manos del bloque gubernamental.

Consideraciones sobre legitimidad y reconocimiento

Los datos anteriores describen la realidad efectiva de la Asamblea Nacional que funciona hoy en Venezuela, pero están rodeados de controversia política. La oposición mayoritaria y buena parte de la comunidad internacional han denunciado que la conformación de esta cámara se basa en una elección sin garantías, con un CNE controlado por el oficialismo y con inhabilitaciones o exclusiones de actores clave. Informes y análisis publicados por centros de estudio y medios internacionales, como CIDOB u OpenDemocracy, subrayan el altísimo abstencionismo y el carácter no competitivo del proceso.

Otros medios, como RTVE, recogen igualmente que el GPP se hizo con una mayoría aplastante y que la oposición que sí participó quedó reducida a un papel marginal. La controversia sobre la legitimidad no afecta al hecho numérico de la distribución de escaños, pero sí al reconocimiento político y diplomático de la Asamblea resultante.

A falta de nuevas elecciones legislativas reconocidas, esta configuración de fuerzas derivada de los comicios de 2020 sigue siendo la referencia vigente para conocer cuántos diputados tiene cada gran bloque político en Venezuela.