El PSOE pierde más de 1,4 millones de votos desde 2023 mientras PP y Vox consolidan una mayoría de hasta 204 escaños, según Target Point

La moción de censura en el Congreso de los Diputados en España es un procedimiento muy reglado que combina requisitos formales estrictos (número de firmas, candidato alternativo) con un calendario de tramitación y un desarrollo de debate y votación claramente fijados. Está regulada en la Constitución (art. 113) y en el Reglamento del Congreso (arts. 175 a 179). A continuación se detallan, de forma ordenada, los pasos necesarios desde su presentación hasta sus efectos en caso de prosperar o fracasar.

1. Naturaleza y requisitos básicos de la moción de censura

La moción de censura en España es constructiva: siempre debe proponer un candidato alternativo a la Presidencia del Gobierno. Esto significa que no se puede plantear solo para cesar al presidente, sino que debe presentar una opción de sustitución con nombre y apellidos.

Los requisitos esenciales son:

1) Quién puede presentarla: solo puede ser presentada por al menos una décima parte de los diputados. Dado que el Congreso tiene 350 escaños, se requieren un mínimo de 35 firmas de diputados. Pueden ser de un mismo grupo parlamentario o de varios.

2) Candidato alternativo: la moción debe incluir obligatoriamente la propuesta de un candidato a la Presidencia del Gobierno. Sin este dato, la Mesa del Congreso no la puede admitir.

3) Carácter motivado: aunque la Constitución no exige un contenido concreto, en la práctica la moción se presenta con una exposición de motivos donde se explican las razones políticas que llevan a censurar al Gobierno y el programa o líneas principales del candidato alternativo.

2. Presentación y calificación por la Mesa del Congreso

El procedimiento arranca con la entrega del escrito de moción de censura en el Registro del Congreso, firmado por los diputados proponentes.

1) Calificación: la Mesa del Congreso examina si se cumplen los requisitos formales: número de firmas suficiente, identificación de los diputados, designación de candidato alternativo y adecuación al Reglamento.

2) Admisión a trámite: si todo es correcto, la Mesa admite a trámite la moción y ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. A partir de este momento empieza a correr el calendario de debate.

3) Posibles mociones alternativas: una vez admitida la primera moción, el Reglamento permite que, dentro de un plazo (normalmente 2 días desde la publicación), otros grupos o diputados presenten mociones de censura alternativas, que también deben ir firmadas por al menos una décima parte de los diputados y proponer un candidato distinto.

3. Plazos para el debate y convocatoria del Pleno

La Constitución establece que no se puede votar la moción hasta que haya transcurrido un plazo mínimo de cinco días desde su presentación. Dentro de ese marco:

1) El presidente del Congreso fija la fecha del Pleno en el que se debatirá la moción, respetando ese plazo mínimo.

2) No existe un plazo máximo constitucionalmente fijado, pero por práctica parlamentaria y lógica política el debate se convoca en un margen razonable, a menudo poco después de cumplirse los cinco días.

4. Desarrollo del debate en el Pleno

El Pleno de la moción de censura sigue un esquema típico:

1) Defensa de la moción: uno de los diputados firmantes (normalmente el portavoz del grupo impulsor) defiende la moción y expone las razones de la censura y el programa del candidato alternativo.

2) Intervención del candidato: el candidato propuesto a la Presidencia suele intervenir con un discurso amplio para presentar su proyecto político y explicar cómo gobernaría.

3) Intervenciones de los grupos: los portavoces de todos los grupos parlamentarios intervienen por turnos para fijar posición a favor o en contra, o anunciar abstención, pudiéndose producir réplicas y contrarréplicas.

4) Intervención del Gobierno: el presidente del Gobierno o los miembros del Ejecutivo pueden intervenir para defender su gestión y responder a las críticas.

5) Cierre del debate: normalmente vuelve a intervenir el proponente y, en ocasiones, el candidato para responder a los grupos y cerrar el debate político antes de la votación.

5. Votación y mayoría necesaria

La votación de la moción de censura es pública y por llamamiento: se llama uno a uno a los diputados para que expresen su voto (sí, no o abstención).

1) Mayoría absoluta: para que la moción prospere requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del Congreso, es decir, al menos 176 diputados de los 350.

2) Resultado único: si hay varias mociones (original y alternativas), se votan según el orden de presentación; la aprobación de una impide votar las restantes, porque ya se habría producido el cambio de Gobierno.

6. Efectos si la moción prospera

Si la moción de censura resulta aprobada:

1) Se entiende censurado el Gobierno en bloque, y el presidente del Gobierno queda automáticamente destituido.

2) El candidato incluido en la moción queda automáticamente investido presidente del Gobierno, sin necesidad de una votación de investidura separada. El rey debe proceder a su nombramiento formal mediante real decreto.

3) El presidente saliente está en funciones hasta la toma de posesión del nuevo presidente y de su equipo de Gobierno.

7. Efectos si la moción fracasa

Si la moción no consigue la mayoría absoluta:

1) El Gobierno permanece en su puesto sin cambios, reforzado políticamente si el resultado le es claramente favorable.

2) Los firmantes de la moción no pueden presentar otra moción de censura en el mismo período de sesiones con el mismo candidato. Esta limitación busca evitar un uso abusivo y reiterado del mecanismo.

3) Políticamente, la moción fallida suele generar consecuencias en la imagen de los promotores (por ejemplo, si han exhibido una minoría clara) y reordena alianzas y mensajes de todos los grupos, aunque jurídicamente el mapa institucional no se altera.

El presidente del Gobierno, según la Constitución Española de 1978, es la cabeza del órgano que dirige la política del país y coordina al resto de miembros del Ejecutivo. Es elegido indirectamente por los ciudadanos a través del Congreso de los Diputados, ante el que debe obtener la confianza y al que responde políticamente. Su figura articula la relación entre Gobierno, Parlamento y Corona: propone ministros, puede pedir la disolución de las Cortes y refrenda la mayoría de los actos del Rey. Al mismo tiempo está sometido a control político y puede ser reemplazado mediante moción de censura o cuestión de confianza.

1. Posición del presidente dentro del Gobierno

El punto de partida es el artículo 97 de la Constitución, que define al Gobierno como el órgano que dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado, y que ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria (BOE-A-1978-27525). El artículo 98.1 añade que el Gobierno se compone del presidente, de los vicepresidentes en su caso, de los ministros y otros miembros que establezca la ley.

Dentro de este órgano colegiado, el artículo 98.2 es clave: el presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de éstos (art. 98 CE). Esto significa que marca las grandes líneas políticas, fija prioridades y actúa como “jefe de equipo” de los ministros, garantizando coherencia en la actuación del Ejecutivo.

2. Nombramiento, investidura y cese

El procedimiento para ser presidente se regula en el artículo 99. Tras la renovación del Congreso, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos con representación parlamentaria y a través del presidente del Congreso, propone un candidato a la Presidencia del Gobierno (art. 99.1). El candidato expone su programa y solicita la confianza del Congreso (art. 99.2). Si obtiene mayoría absoluta en primera votación, o mayoría simple en una segunda 48 horas después, el Rey lo nombra presidente (art. 99.3; Constitución Española).

Si en dos meses desde la primera votación nadie logra la confianza, el Rey disuelve ambas Cámaras y convoca nuevas elecciones (art. 99.5). El Gobierno cesa tras elecciones generales, por pérdida de la confianza parlamentaria, o por dimisión o fallecimiento del presidente (art. 101.1). Si el Congreso niega la confianza o aprueba una moción de censura, el Gobierno presenta su dimisión y se procede a designar un nuevo presidente conforme al artículo 99 (arts. 114.1 y 114.2).

3. Relación con el Rey y refrendo

El presidente del Gobierno es el refrendante ordinario de los actos del Rey. El artículo 64.1 dispone que los actos del Rey serán refrendados por el presidente del Gobierno y, en su caso, por los ministros competentes. Y el 64.2 añade que de los actos del Rey serán responsables quienes los refrenden (art. 64 CE). Así, el presidente asume responsabilidad política sobre buena parte de la actuación del Jefe del Estado.

Existen excepciones relevantes: la propuesta y el nombramiento del propio presidente del Gobierno y la disolución prevista en el artículo 99.5 se refrendan por el presidente del Congreso, no por el del Gobierno (art. 64.1). Además, el artículo 92.2 establece que el referéndum consultivo se convoca por el Rey a propuesta del presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso, lo que otorga al presidente la iniciativa política en esta materia.

4. Relación con el Parlamento y responsabilidad política

El Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso (art. 108), y el presidente es su principal representante. Las Cámaras pueden recabar información del Gobierno, reclamar la presencia de sus miembros y dirigirles interpelaciones y preguntas (arts. 109 a 111 CE; BOE-A-1978-27525), de modo que el presidente es objeto de control político constante.

El artículo 112 reconoce una competencia específica: el presidente, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso la cuestión de confianza sobre su programa o una declaración de política general. Si no obtiene la mayoría simple, se abre una crisis que conduce a su sustitución conforme al artículo 99. Por el lado del Parlamento, el artículo 113 prevé la moción de censura, que debe incluir un candidato alternativo a la Presidencia; si se aprueba, ese candidato se entiende investido y el Rey le nombra presidente (art. 114.2).

5. Facultades sobre el Gobierno y las Cortes

El presidente controla la composición del Ejecutivo: el artículo 100 establece que los demás miembros del Gobierno son nombrados y separados por el Rey, a propuesta de su presidente. Esto le otorga capacidad para configurar y remodelar su equipo ministerial según las necesidades políticas.

Además, el artículo 115.1 le atribuye una facultad estratégica: previa deliberación del Consejo de Ministros, y bajo su exclusiva responsabilidad, puede proponer al Rey la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, fijándose en el decreto la fecha de las elecciones. Esta potestad tiene límites: no puede ejercerse mientras esté en trámite una moción de censura, ni puede repetirse una disolución antes de un año, salvo el caso del artículo 99.5 (art. 115.2 y 3).

6. Responsabilidad penal del presidente

La Constitución también regula la responsabilidad criminal del presidente. El artículo 102.1 dispone que la responsabilidad criminal del presidente y demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Cuando se trate de traición o delitos contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo puede plantearse por iniciativa de la cuarta parte de los diputados y con aprobación de la mayoría absoluta del Congreso (art. 102.2), y la prerrogativa de gracia no será aplicable a estos supuestos (art. 102.3; Constitución Española).

En conjunto, la Constitución diseña al presidente del Gobierno como director de la acción del Ejecutivo, articulador de la mayoría parlamentaria y pieza central en la relación con la Corona, sometido, sin embargo, a mecanismos de control y responsabilidad política y penal claramente definidos.

En las elecciones generales españolas del 23 de julio de 2023, el Partido Popular (PP) fue el partido más votado en el conjunto del Estado y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) quedó en segundo lugar, pero muy cerca en escaños. El PP mejoró claramente sus resultados respecto a 2019, mientras que el PSOE resistió mejor de lo que anticipaban la mayoría de encuestas y mantuvo un grupo parlamentario numeroso. El reparto final dejó a ambos muy lejos de la mayoría absoluta, obligando a negociar apoyos con otros partidos. El equilibrio entre los dos grandes partidos fue, de hecho, la clave de la compleja aritmética para la investidura posterior.

Resultados del PSOE en las generales de julio de 2023

En las elecciones del 23 de julio de 2023, el PSOE se consolidó como la segunda fuerza en el Congreso de los Diputados. Aunque perdió frente al PP en voto popular, logró un resultado suficientemente sólido como para mantenerse en el centro de las negociaciones para la gobernabilidad. Su desempeño fue mejor del que anticipaban muchos sondeos preelectorales, que auguraban una ventaja más amplia del bloque de la derecha.

En términos políticos, el resultado del PSOE tuvo varias lecturas fundamentales. Por un lado, evitó el “sorpasso” contundente que algunos sectores daban por hecho, lo que permitió a Pedro Sánchez seguir siendo un actor determinante en la formación de mayorías. Por otro, el partido confirmó su fortaleza en muchas circunscripciones urbanas y en determinados territorios autonómicos clave, lo que contribuyó a que la diferencia con el PP en escaños fuese relativamente ajustada.

El PSOE centró buena parte de su campaña en polarizar la contienda frente a un posible gobierno PP–Vox, movilizando al electorado progresista y apelando al voto útil dentro de la izquierda. El resultado mostró que esa estrategia logró contener la sangría de votos hacia otras formaciones y mantuvo al partido como pilar principal del bloque progresista a nivel estatal.

Resultados del PP en las generales de julio de 2023

El Partido Popular, liderado por Alberto Núñez Feijóo, fue la fuerza más votada y experimentó una subida clara respecto a sus resultados anteriores. La formación concentró gran parte del voto de la derecha y del centro derecha, capitalizando también el desgaste del ciclo de gobierno anterior y los buenos resultados que había obtenido en varias elecciones autonómicas y municipales previas.

El incremento de apoyo al PP se tradujo en un grupo parlamentario notablemente mayor que en la legislatura previa, lo que le colocó en primera posición a la hora de intentar articular una mayoría para la investidura. Sin embargo, la suma con sus posibles aliados naturales resultó insuficiente para alcanzar la mayoría absoluta, lo que limitó su capacidad de convertir la victoria en votos en una mayoría de gobierno estable.

Desde el punto de vista territorial, el PP reforzó su presencia en muchas provincias donde la fragmentación de la derecha había sido un problema en 2019, recuperando escaños que antes se habían dispersado entre distintas fuerzas. Su condición de partido más votado reforzó su narrativa de “alternativa de gobierno”, pero la falta de apoyos suficientes en el Congreso marcó los límites de ese resultado.

Equilibrio entre PSOE y PP y consecuencias políticas

La principal consecuencia del resultado de julio de 2023 para PSOE y PP fue la configuración de un Congreso muy fragmentado, en el que ninguno de los dos grandes partidos podía gobernar en solitario ni con un único socio. El PP, pese a ser primera fuerza, dependía de apoyos difíciles de sumar para la investidura. El PSOE, aunque quedó por detrás del PP, disponía de una trayectoria previa de acuerdos con otras formaciones que le permitía explorar una mayoría alternativa.

Ese equilibrio se tradujo en una intensa negociación postelectoral, con ambos partidos intentando presentarse como la opción más viable para formar gobierno. El resultado numérico, relativamente ajustado, reforzó la lógica de bloques: un bloque de derechas encabezado por el PP y un bloque progresista articulado en torno al PSOE. La gobernabilidad del país pasó a depender de la posición de formaciones nacionalistas e independentistas, que se convirtieron en árbitros imprescindibles de la legislatura.

En síntesis, las elecciones de julio de 2023 dejaron a PP y PSOE en una situación de fuerza relativa, pero no hegemónica. El PP logró la primera posición y una mejora clara, mientras que el PSOE sostuvo un resultado robusto que le permitió seguir siendo opción de gobierno. El desenlace confirmó que, pese al crecimiento de otras fuerzas, el sistema político español seguía gravitando en torno al bipartidismo PSOE–PP, aunque necesitado de pactos complejos para garantizar la estabilidad.