El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la proposición de ley impulsada por el PSOE para castigar por la vía penal las prácticas de conversión LGTBI+, que pasa ahora al Senado para continuar su tramitación. La iniciativa ha salido adelante con 178 votos favorables (PSOE y sus aliados), 138 abstenciones del PP y 32 votos en contra de Vox.
Durante la sesión, el diputado socialista Víctor Gutiérrez ha recalcado que estas intervenciones no pueden considerarse terapias, sino “una forma de tortura”, y ha precisado que la futura ley fijará penas de entre seis meses y dos años de cárcel para quienes las realicen, con independencia de que exista o no consentimiento por parte de la persona afectada, insistiendo en que una “tortura” lo sigue siendo aunque se acepte bajo presión del entorno.
Gutiérrez ha reprochado al PP y a Vox que se sitúen en el lado “incorrecto de la historia”, criticando tanto sus enmiendas como los recortes autonómicos en políticas de diversidad. Ha cerrado su intervención con un mensaje dirigido a las víctimas, defendiendo que la auténtica libertad pasa por poder ser uno mismo “sin miedo, culpa ni violencia”.
En nombre del PP, Jaime de los Santos ha defendido que la regulación de las terapias de conversión es imprescindible porque constituyen un delito “inaceptable” contra la dignidad humana, y ha sostenido que estas prácticas deben afrontar “todo el peso de la ley” mediante el Código Penal, y no solo con sanciones administrativas. Aun así, ha acusado a la izquierda de “sectarismo” y de “instrumentalización” del colectivo LGTBI+.
De los Santos ha reivindicado además la trayectoria del PP en la defensa de la diversidad en los territorios donde gobierna. “Soy del PP, soy maricón y me siento muy orgulloso de ambas cosas y de todo lo que han hecho por mí hombres y mujeres”, ha rematado.
Desde Sumar, Tesh Sidi ha mostrado su incomodidad con el aumento del punitivismo, pero ha avalado la vía penal al considerar que las sanciones económicas por sí solas resultan insuficientes. No obstante, su grupo ha lamentado que, aunque la reforma supone un avance al actuar contra los agresores, no garantiza una reparación “efectiva” para las víctimas, y ha subrayado que seguirán trabajando para lograrla.
Por Vox, María de la Cabeza Ruiz ha rechazado frontalmente el texto, al que ha tildado de “absoluto despropósito” y de ataque directo “a la libertad individual”, acusando a la izquierda de querer “imponer” su ideología “a golpe de Código Penal”. “Esta proposición de ley va de encarcelar a quienes no piensan como ustedes, a quienes no quieren actuar como ustedes”, ha afirmado.
Debate sobre el alcance de la norma y la protección a las víctimas
En representación de Junts, Pilar Calvo ha incidido en que la palabra “terapia” es inapropiada porque sugiere que existe una patología de base. La diputada ha defendido que es imprescindible delimitar con claridad qué se entiende por práctica de conversión para evitar confusiones con el acompañamiento psicológico legítimo.
Desde ERC, Teresa Jordà ha expresado una satisfacción parcial: ha reconocido que la ley supone un paso adelante, pero ha advertido de que se queda corta al no prever apoyos económicos ni soluciones habitacionales para quienes han sufrido estas prácticas. “Y sabemos también que la justicia no consiste solo en castigar a los que hacen mal. Consiste también en garantizar que las víctimas puedan reconstruir sus vidas. Y no lo hemos conseguido, señorías. Hoy no lo hemos conseguido”, ha señalado.
Por su parte, Isabel Pozueta ha subrayado que “prohibir estas prácticas no es solo sancionar, es reconocer el daño, garantizar que no vuelva a ocurrir y construir un marco social que no reproduzca la discriminación”. Ha añadido además que “no existe consentimiento cuando la persona está inmersa en un entorno que le dice que su forma de ser es un error o una enfermedad”.
También la diputada del PNV Maribel Vaquero ha defendido que “las terapias de conversión parten de una premisa incompatible con la dignidad humana, sexual o la identidad de género de una persona constituyen una desviación que debe ser corregida”. A su juicio, “el daño no reside únicamente en los métodos empleados, sino en el propio mensaje que transmiten”.
En nombre de Podemos, Noemí Santana ha celebrado que la nueva norma persiga y sancione a quienes ejercen la violencia de las “terapias de conversión”, al entenderla como un avance en derechos, aunque ha advertido de que el texto “se queda corto”. Según ha explicado, la ley peca de centrarse en el castigo y no incorpora un sistema sólido de acompañamiento y protección integral para las víctimas. “Esperábamos algo más del Partido Socialista”, ha reconocido.
Por Compromís, Àgueda Micó ha reprochado al PSOE que no haya permitido incluir en el articulado planes específicos de apoyo habitacional y económico para las personas afectadas. “¿Tan difícil de entender es que las víctimas necesitan seguridad económica y habitacional para poder blindar su derecho a la denuncia?”, ha preguntado, al tiempo que ha apelado a la memoria de Pedro Zerolo para cuestionar qué posición habría adoptado ante esta votación.
Redondo habla de “mañana histórica” y reivindica el liderazgo de España
Tras la votación, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha tomado la palabra y ha descrito la aprobación de la ley como una “mañana histórica”. Ha calificado las prácticas de conversión como “tortura, violencia y tratos inhumanos o degradantes” contrarios al artículo 15 de la Constitución. En su intervención, ha homenajeado a figuras clave del activismo LGTBI+ como Pedro Zerolo o Manolita Chen, y ha agradecido la implicación de los grupos que han defendido que “la dignidad y los derechos no tienen límites”.
Redondo ha reivindicado además la posición de España en materia de derechos LGTBI+. “Hoy somos reconocidos como el país del mundo donde una persona LGTBI puede desarrollarse, puede ser feliz, puede amar a quien quiera amar y ser como es. Y esa ha sido nuestra aportación a la historia. Creo que es un momento histórico”, ha concluido.