La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha desplazado este miércoles a la sede federal del PSOE en la calle Ferraz por orden del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, dentro de la investigación sobre presuntas adjudicaciones irregulares vinculadas a Leire Díez y al expresidente de la SEPI Vicente Fernández.
En el mismo operativo también se están realizando registros en los domicilios de los exdirigentes socialistas Gaspar Zarrías y Santos Cerdán, así como en la vivienda del empresario Javier Pérez Dolset. Todos han sido imputados en la causa, según se ha conocido esta mañana, junto a la gerente del PSOE, Ana Fuentes.
Agentes de la UCO también se han personado en la Dirección General de la Guardia Civil, en la madrileña calle Guzmán el Bueno. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aclarado que ni la actuación en Ferraz ni la de la Dirección General de la Guardia Civil se trataban registros, sino de requerimientos de documentación.
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En este sentido, en declaraciones desde Roma, donde se ha visto con el papa León XIV, Pedro Sánchez ha destacado la "total colaboración" de su formación con la investigación del caso Leire Díez y ha recordado que ya se tomaron las decisiones pertinentes en relación a la exmilitante socialista. Al mismo tiempo, el presidente ha descartado tajantemente la posibilidad de un adelanto electoral, reiterando que su propósito es agotar la legislatura, subrayando que, en el actual contexto internacional, lo que precisa el país es estabilidad y no caer en una "parálisis".
El jefe del Ejecutivo ha admitido que dentro del PSOE hay "algún compañero" que le reclama un adelanto de las generales, después de que dirigentes como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, se hayan pronunciado en ese sentido.
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Requerimientos de documentación
Volviendo al operativo de la UCO, la actuación se produce en el marco de la causa que investiga presuntas adjudicaciones bajo sospecha y posibles delitos de tráfico de influencias, malversación y organización criminal relacionados con Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, y varios empresarios.
Según las primeras informaciones conocidas, la actuación de la UCO estaría centrada en el requerimiento y análisis de documentación relacionada con contratos y comunicaciones vinculadas a la investigación abierta en la Audiencia Nacional. Por el momento, no ha trascendido oficialmente el alcance exacto de las diligencias practicadas en Ferraz ni la documentación concreta solicitada por los agentes.
Una causa bajo secreto desde 2025
La investigación dirigida por Pedraz permanece bajo secreto desde diciembre de 2025, cuando la Guardia Civil llevó a cabo varias detenciones y registros en empresas y organismos públicos relacionados con la causa.
Desde entonces, la UCO ha continuado analizando abundante documentación incautada en aquellas actuaciones, mientras la Audiencia Nacional ha ido prorrogando el secreto de las actuaciones para evitar comprometer el desarrollo de la investigación.
El caso provocó una fuerte sacudida política tras la difusión de distintos audios y conversaciones atribuidos a Leire Díez sobre supuestas maniobras para obtener información sensible relacionada con investigaciones judiciales y policiales.
La UCO sigue el rastro de presuntas comisiones
La UCO sospecha que Díez, Fernández y Alonso habrían percibido 700.000 euros en comisiones “implicando en su operativa a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI” en un total de cinco operaciones bajo sospecha.
De acuerdo con la investigación, los tres habrían integrado un grupo denominado 'Hirurok' orientado a dirigir “diversos expedientes seguidos en la Administración pública, en beneficio propio o de terceros, aprovechándose de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública”, según se recoge en un auto del magistrado Antonio Piña, juez de guardia el día en que pasaron a disposición judicial.
Entre 2021 y 2023, Díez, Fernández y Alonso habrían actuado de forma coordinada con la finalidad “de obtener el máximo beneficio económico a través del cobro de comisiones” mediante “contratación y facturación mendaz”, de acuerdo con las pesquisas.
En este periodo, habrían logrado decisiones favorables a sus intereses desde distintas administraciones “y a través de diferentes cargos públicos, implicando en su operativa a empresas públicas” y a entidades vinculadas a la SEPI en un total de cinco operaciones que se encuentran bajo investigación.
Durante un registro en el domicilio de Leire Díez, la UCO intervino material informático y varios dispositivos electrónicos. Posteriormente, el magistrado pidió a la Guardia Civil que realizara un expurgo de ese contenido para separar todo aquello que no guardase relación con la causa.
Santos Cerdán, Ana María Fuentes y Gaspar Zarrías
Este miércoles, el juez Santiago Pedraz ha decidido señalar como investigados al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, a la gerente de la formación, Ana María Fuentes, y al exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías en el procedimiento abierto en torno a la exmilitante socialista Leire Díez.
Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press explican que el magistrado ha dado este paso porque analiza, entre otros extremos, si desde el PSOE se efectuaron pagos a la presunta red que habría tratado de obtener información sensible sobre jueces, fiscales y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Pedraz ha ordenado igualmente que los agentes se desplacen a los domicilios de Cerdán y de Zarrías para practicar registros. Las diligencias se extienden también al empresario Javier Pérez Dolset, al que el juez ha citado en calidad de investigado.
En otra causa tramitada en los Juzgados de Plaza de Castilla, dirigida por el magistrado Arturo Zamarriego, Gaspar Zarrías, que fue vicepresidente andaluz, declaró sobre la exmilitante socialista Leire Díez. Explicó que contrató con ella para que indagara en una supuesta participación del comisario jubilado José Manuel Villarejo en la investigación de la trama de los ERE, por la que él mismo fue enjuiciado. Según relató, llegó a abonarle 4.000 euros mensuales durante cuatro meses por esos trabajos.
El salto de la investigación a Ferraz
La presencia de la UCO en la sede nacional del PSOE supone un nuevo escenario político y judicial para la causa. Aunque la actuación no implica por sí misma la imputación formal del partido, sí sitúa directamente a Ferraz dentro del radio operativo de la investigación que dirige la Audiencia Nacional.
Este tipo de diligencias suelen producirse cuando los investigadores consideran necesario asegurar documentación concreta o contrastar información ya obtenida durante meses de análisis previos.
Por ahora, tampoco se ha aclarado públicamente si la actuación está relacionada exclusivamente con contratos investigados o si la Audiencia Nacional analiza también posibles conexiones con financiación irregular, una hipótesis que algunas informaciones periodísticas ya ponen sobre la mesa.
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Reacciones políticas inmediatas
La actuación judicial ha generado una reacción inmediata en el ámbito político. Desde la oposición, PP y Vox han elevado el tono contra el Gobierno y el PSOE tras conocerse la presencia de la UCO en Ferraz.
Mientras tanto, el PSOE ha pedido tranquilidad a la espera de conocer el alcance exacto de las diligencias acordadas por el juez Pedraz y de la evolución de una investigación que continúa bajo secreto en gran parte de sus actuaciones.
Feijóo ha asegurado que España atraviesa una “situación de extrema gravedad” y ha exigido la convocatoria inmediata de elecciones generales ante lo que considera una “agonía política” del Gobierno de Pedro Sánchez.
Posteriormente, durante la sesión plenaria del Congreso, el PP ha cargado con dureza contra el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, por "callar" ante el registro que está efectuando la UCO en la sede del PSOE y ha reprochado a los socios parlamentarios del Ejecutivo que continúen "tragando" con la corrupción que atribuyen al PSOE. "¿No se les cae la cara de vergüenza?", ha lanzado la portavoz de los 'populares' en el Congreso, Ester Muñoz.
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El PP arremete contra Cuerpo por callar ante el registro de Ferraz y acusa a los socios de seguir tragando
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🔴 #ENDIRECTO | Carlos Cuerpo (@carlos_cuerpo) defiende "un elemento de tolerancia 0 ante cualquier tipo de actitud irregular o ilegal (...) y un elemento de respeto a la presunción de inocencia".
— demócrata (@democrata_info) May 27, 2026
Ester Muñoz (@EsterMunoz85) responde: "Cuando responde así la gente siente que se… pic.twitter.com/4J6njNiqni
Por su parte, Santiago Abascal ha exigido detener y juzgar a Sánchez y Zapatero y tacha de parte de la mafia a quienes les “defienden y justifican”. A su vez, el jefe de la delegación de Vox en Bruselas y coordinador nacional jurídico del partido, Jorge Buxadé, ha calificado de "insostenible" la situación del Gobierno, después de hacerse público que la Unidad Central Operativa (UCO) registra la sede nacional del PSOE. "La degradación del régimen se acelera", ha valorado Buxadé en un mensaje escrito en su cuenta de la red social X, donde se ha hecho eco del registro en Ferraz. "Insostenible", ha apostillado.
Desde la izquierda, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha calificado de “una anomalía terrible” que se practique un registro en la sede de un partido político, aunque ha evitado dar por probada una posible financiación ilegal de los socialistas. “Estamos en un momento en que no sabemos qué es cierto o qué es campaña”, ha señalado.
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El precedente de la entrada anterior en Ferraz
La UCO ya acudió a Ferraz en junio de 2025 tras la imputación del entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en la investigación sobre presuntos amaños de contratos públicos.
Aquel episodio tuvo un alcance distinto: los agentes realizaron un requerimiento de información y clonaron material informático vinculado a Cerdán.
🔴 Estas son las reacciones políticas a la entrada de la UCO en Ferraz en el marco del caso Leire Díez.
— demócrata (@democrata_info) May 27, 2026
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