El Pleno del Congreso afrontará este jueves, 23 de julio, en una sesión extraordinaria, el debate y la votación del nuevo decreto ley que incorpora un paquete de alivios fiscales para amortiguar el impacto del conflicto en Oriente Medio, entre ellos la prolongación de ciertas ayudas a los carburantes para los hogares y la supresión gradual del impuesto a la producción eléctrica.
El Ejecutivo ya había dado luz verde a un primer bloque de medidas para contener los efectos de la guerra iniciada en Irán, centrado sobre todo en el ámbito de los hidrocarburos, pero aquel decreto ley incluía límites temporales y varias disposiciones dejaron de aplicarse a finales de junio.
La persistencia de la crisis y las tensiones en los precios de la energía llevaron al Gobierno a aprobar un segundo paquete de rebajas fiscales. Como ocurre con todo decreto ley, las medidas rigen desde su aprobación en Consejo de Ministros, el pasado 29 de junio, pero ahora la Cámara Baja debe decidir si lo convalida o lo tumba.
Rebaja del impuesto especial de hidrocarburos
Entre las novedades del nuevo paquete figura una reducción del impuesto especial sobre hidrocarburos, que se traduce en un descuento de 15 céntimos por litro en julio, 10 céntimos en agosto y 5 céntimos en septiembre. A pesar de este alivio, desaparece la bajada del IVA al 10% en los carburantes incluida en el primer plan anticrisis, en sintonía con las recomendaciones de Bruselas.
El Gobierno ha incorporado, además, una cláusula automática que permitiría recuperar los 20 céntimos por litro de apoyo si el conflicto se intensifica y la inflación de los combustibles vuelve a dispararse.
Del mismo modo, el Ejecutivo se compromete a revisar mensualmente la evolución de los precios en relación con el IPC del año anterior y, si se detectan variaciones por encima del 15%, se reactivarán las rebajas tanto para la electricidad como para el gas. Esta cláusula de reactivación abarcará gasóleo, gasolina, gas y electricidad.
Se conserva el descuento equivalente a los 20 céntimos por litro en los carburantes para los profesionales del sector primario y del transporte. En el caso de la agricultura, se añaden 165 millones de euros adicionales para la compra de fertilizantes a los 500 millones ya previstos.
Control de márgenes y supresión del impuesto eléctrico
La norma también prevé que la CNMC ponga en marcha un sistema de seguimiento de los márgenes brutos de todas las gasolineras para verificar que cumplen las medidas fijadas en el decreto ley. Hasta ahora, el Gobierno solo ha detectado un comportamiento anómalo en 52 estaciones de servicio.
En materia de fiscalidad energética, el texto desarrolla la eliminación estructural y paulatina del impuesto sobre la producción de energía eléctrica, una reclamación recurrente de PP y Junts durante la legislatura.
La desaparición del tributo se hará mediante una reducción escalonada de los tipos. El impuesto tenía un tipo del 7% este año 2026. En los dos trimestres restantes el gravamen se situará en torno al 5%, en 2027 bajará al entorno del 3,5% y en 2028 quedará suprimido. Según los cálculos del Gobierno, esta medida permitirá a la industria incrementar su producción en 2.600 millones de euros anuales y generar unos 3.700 puestos de trabajo.
Condiciones a las ayudas y fondos europeos
El decreto también prorroga las condiciones para las empresas que reciban apoyos públicos, manteniendo la obligación de contar con un Plan de Movilidad Sostenible para la plantilla y la prohibición de despedir por causas vinculadas al conflicto a las compañías que se beneficien de ayudas relacionadas con la guerra.
Asimismo, el real decreto-ley introduce mayor flexibilidad en el uso de los recursos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Fuentes de Economía explican que se permitirá ejecutar inversiones más allá de la fecha límite de finales de agosto en aquellos hitos ya cumplidos pero cuyas inversiones aún no se hayan completado.
El primer Real Decreto-ley, aprobado el 20 de marzo, ya había garantizado para todo 2026 el llamado escudo social del Gobierno, con descuentos extraordinarios en el bono social eléctrico ("42,5% para vulnerables y el 57,5% para vulnerables severos"), el aumento de la ayuda mínima del bono social térmico a "50 euros" y la prohibición de cortar suministros básicos (agua y energía) a los hogares vulnerables.
En conjunto, estas nuevas medidas, con una vigencia de tres meses, supondrán un esfuerzo fiscal adicional de 1.825 millones en términos presupuestarios para 2026, al que se sumarán otros 2.700 millones derivados de la caída de recaudación en 2027 y 2028 por la supresión gradual del impuesto a la producción eléctrica.
Impulso a las renovables y al biogás
En el capítulo de medidas estructurales, para seguir acelerando la implantación de generación renovable y la producción de biogás con el máximo retorno socioeconómico para las zonas donde se ubiquen las instalaciones y con el menor impacto ambiental, se faculta al Organismo Nacional de Normalización (UNE) a desarrollar mediante normas técnicas el sello de excelencia social, territorial y ambiental, que permitirá una tramitación prioritaria a los proyectos mejor valorados.