Calvo reivindica la Ley de Puertos asturiana y afirma que la norma se adaptará a la realidad del litoral

Calvo defiende la nueva Ley de Puertos asturiana, que moderniza la red, protege la pesca profesional y genera debate sobre la pesca recreativa.

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El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado de Asturias, Alejandro Calvo, ha salido en defensa este lunes del anteproyecto de Ley de Puertos, sosteniendo que la nueva regulación permitirá ordenar la actividad portuaria, modernizar la red de 24 puertos de titularidad autonómica y reforzar la pesca profesional, con especial atención a la flota artesanal, de forma que responda a la realidad específica del litoral asturiano.

Durante su intervención en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), en el marco de la tramitación parlamentaria de la norma, Calvo ha recordado que, pese a que el Principado cuenta con competencias exclusivas en este ámbito, hasta ahora no disponía de una ley integral y se apoyaba en disposiciones autonómicas parciales y en normativas pensadas para “otras realidades portuarias”.

Con este proyecto, el Ejecutivo pretende dotar a los puertos de un marco jurídico completo que aporte seguridad y transparencia. “Necesitábamos una ley propia para nuestros puertos adaptada a sus características y que ofreciera seguridad a las administraciones, a las personas usuarias y a quienes desarrollan su actividad en ellos”. Todo ello, ha señalado Calvo, con el fin de contar con una red portuaria “moderna, bien planificada y mejor gestionada”.

El consejero ha puesto el acento en el refuerzo de la coordinación con los ayuntamientos pesqueros y en la creación de mecanismos de participación en la planificación, además de promover convenios para mejorar la gestión y la integración de los espacios portuarios en los cascos urbanos.

Entre los cambios más relevantes, la ley incorpora el Plan de Puertos del Principado de Asturias, que permitirá planificar las infraestructuras y ordenar las inversiones con una “visión global”.

Esta planificación se concretará en cada puerto mediante las delimitaciones de espacios y usos portuarios, que estructurarán las zonas de actividad portuaria, los usos complementarios, como los deportivos, turísticos, comerciales y de ocio, y las reservas para posibles ampliaciones. “Queremos que todas estas actividades puedan convivir de forma ordenada y compatible”, ha remarcado el consejero.

Refuerzo del papel de la pesca profesional

En lo relativo a la pesca profesional, la norma fija la obligación de disponer de espacios adecuados para el amarre y la descarga, así como de instalaciones para la primera venta y comercialización de los productos, como lonjas o rulas.

“Queremos que la actividad pesquera siga disponiendo de las condiciones necesarias para desarrollar su trabajo en nuestros puertos y hacerlo con garantías de futuro”, ha defendido Calvo.

Asimismo, el texto regula el dominio público portuario a través de autorizaciones y concesiones, ordena las obras de construcción, ampliación y mantenimiento de las infraestructuras e incorpora previsiones ambientales y de seguridad. Estas incluyen la prevención de la contaminación, la regulación de vertidos, la gestión de residuos, la adaptación al cambio climático y las obligaciones vinculadas a mercancías peligrosas.

Calvo ha insistido en que Asturias precisaba una ley específica para sus puertos que permita “cuidar, ordenar y preparar” estas instalaciones para el futuro, sin perder de vista lo que representan para la comunidad y para quienes viven y trabajan en la costa.

Críticas a las restricciones a la pesca recreativa

Tras la exposición del consejero, los grupos parlamentarios han fijado posición sobre la Ley de Puertos. Han coincidido en que es necesaria para actualizar y adaptar la regulación a la idiosincrasia asturiana, pero han señalado aspectos que consideran mejorables, especialmente las limitaciones a la pesca recreativa en los puertos y el alcance de la autonomía municipal.

El diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares (Foro), ha indicado que comparte la finalidad general del proyecto, pero ha advertido de que el articulado incluye cuestiones que “deben corregirse”, como la ausencia de plazos para aprobar el plan de puertos o la prohibición con carácter general de la pesca recreativa salvo en zonas habilitadas. En su opinión, la regulación debería orientarse a que las distintas actividades “convivan”, pero no a “prohibir por defecto”.

En términos similares, el portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Xabel Vegas, ha recalcado que las restricciones a la pesca recreativa han de “estar justificadas”. También ha reclamado que la ley contribuya a que los pueblos costeros “puedan seguir viviendo del mar y junto al mar”, garantizando empleo y un patrimonio público “al servicio de toda la sociedad”.

Desde Vox, la portavoz Carolina López ha manifestado que la norma “solo convence” a quienes la han elaborado, y no a los usuarios afectados. A su juicio, contempla sanciones “desproporcionadas” y relega a los ayuntamientos al papel de “meros espectadores” de lo que ocurra en sus puertos, “hurtando” a los consistorios su capacidad de control sobre el territorio.

El diputado del PP Pedro de Rueda ha criticado igualmente la ausencia de plazos para el desarrollo reglamentario y ha lamentado que la ley se haya diseñado sin escuchar “suficientemente” a los sectores implicados. El PP registrará enmiendas para “mejorar” el texto, con la intención de que ordene la convivencia entre trabajadores, navegantes y pescadores recreativos.

Por último, el diputado del PSOE Ángel Ricardo Morales ha señalado que la normativa aspira a reforzar el papel tradicional de los puertos como motores de dinamización económica y social. Se trata, ha indicado, de “defender más eficazmente el medio ambiente, de configurar unos puertos resilientes a las consecuencias del cambio climático, de que sean económicamente eficientes sin renunciar a sus singularidades históricas, de hacer de ellos lugares seguros para trabajar y abiertos para el disfrute de toda la ciudadanía”.