Asaja, COAG y Unión de Uniones han decidido dejar en suspenso la gran tractorada y manifestación de agricultores y ganaderos prevista para este miércoles en Madrid, como muestra de respeto tras el grave accidente ferroviario registrado en la provincia de Toledo, en el que han perdido la vida al menos una treintena de personas.
Para esta jornada se esperaba la llegada a la capital de miles de profesionales del campo y de cientos de tractores procedentes de numerosos puntos del país, con la intención de llenar las calles madrileñas y exigir respuestas urgentes que aseguren la rentabilidad de las explotaciones y el porvenir del sector agrario.
La movilización, organizada por Asaja, COAG y Unión de Uniones, se había articulado en cinco columnas de tractores que han iniciado la marcha a primera hora desde Torrejón de la Calzada, Guadalajara, El Espinar, Buitrago del Lozoya y Arganda del Rey. El objetivo era denunciar el aumento de los costes de producción, la falta de rentabilidad y “las amenazas que comprometen el futuro” de la agricultura y la ganadería.
No obstante, tras el siniestro entre un tren de Renfe y otro de Iryo en Urda (Toledo), que ha causado al menos 30 fallecidos, las organizaciones han optado por aplazar la protesta y guardar cinco minutos de silencio en memoria de las víctimas.
Una protesta aplazada, no cancelada, por la supervivencia del sector
Los convocantes, a los que se había sumado Cooperativas Agroalimentarias de España, insisten en que la tractorada queda pospuesta, pero no anulada. El acto reivindicativo se sustentaba en cinco grandes demandas. La primera, la puesta en marcha de un plan de choque frente al encarecimiento de los insumos, con la implantación inmediata de un gasóleo profesional agrario y una fiscalidad reducida y estable, con bonificaciones directas en el momento de repostar.
El sector reclama una solución estructural y, hasta que llegue, “medidas extraordinarias suficientes” que permitan hacer frente al sobrecoste del combustible y del resto de medios de producción que están asfixiando al medio rural. Advierten de que, sin estas actuaciones, producciones como el cereal se verán abocadas a la ruina y a un serio riesgo de desaparición.
En el plano comunitario, exigen una futura Política Agraria Común (PAC) “fuerte que proteja la renta” de agricultores y ganaderos ante la incertidumbre sobre el próximo marco agrario. Rechazan cualquier recorte en el presupuesto destinado al campo y reclaman una PAC verdaderamente común, con financiación “suficiente” y con sus dos pilares claramente diferenciados.
Otro eje central de la protesta son los “precios justos” y el cumplimiento efectivo de la Ley de la Cadena Alimentaria. Las organizaciones denuncian que los productores siguen siendo el eslabón más frágil de la cadena, soportando incrementos de costes que no pueden repercutir en los precios que reciben por sus productos.
Asimismo, se plantan frente a la competencia desleal derivada de determinados acuerdos comerciales. Sostienen que las producciones europeas no pueden rivalizar con importaciones que no se someten a las mismas exigencias. Por ello reiteran su oposición al acuerdo UE-Mercosur en las condiciones actuales y al pacto con Marruecos, y reclaman reciprocidad normativa y controles rigurosos en frontera.
El último bloque de sus reivindicaciones se centra en la carga administrativa. Piden “menos papeles y menos normas”, al considerar que agricultores y ganaderos deben poder dedicarse a sus explotaciones en lugar de invertir cada vez más horas en trámites, registros y obligaciones burocráticas.