Las cofradías exigen que la Ley de Puertos de Asturias blinde lonjas, amarres y el marisqueo profesional autorizado

Las cofradías asturianas exigen cambios en la Ley de Puertos para proteger lonjas, amarres, tasas y marisqueo profesional, y dar espacio a la pesca recreativa.

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El presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores del Principado de Asturias, Adolfo García Méndez, ha solicitado este lunes en la Junta General que se incorporen durante la fase de enmiendas las ocho alegaciones presentadas por la entidad al Proyecto de Ley del Principado de Asturias de Puertos, con la finalidad de que la pesca profesional no vea reducido su espacio ni su seguridad jurídica.

En su intervención ante la Comisión de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, García Méndez ha subrayado que las cofradías mantienen actividad en 19 de los 24 puertos incluidos en la red regulada por la futura norma. Ha insistido en que el sector no es “un usuario más” de estas instalaciones, sino “historia y funcionalmente su agente originario,” generador de empleo directo en la flota y en la primera venta, así como de trabajo indirecto en la reparación naval y los suministros.

Aunque ha reconocido que el texto en tramitación identifica los usos pesqueros como propios, reserva una sección específica para las lonjas, abre una vía directa para las concesiones a las cofradías y respeta los títulos vigentes, ha alertado de que varias de sus reclamaciones siguen sin una protección explícita.

Entre las alegaciones planteadas figura la petición de que la ley contemple de forma expresa que las cofradías puedan asumir la gestión directa de las lonjas, fijando requisitos mínimos de equipamiento, pesaje, trazabilidad digital, conservación en frío y comercialización electrónica, junto con un canon ajustado al interés público y a la capacidad económica del sector.

En lo relativo a los amarres pesqueros, García Méndez ha defendido que se les otorgue un régimen similar al de los amarres deportivos, que cuentan con varios artículos frente a los escasos párrafos dedicados a los pesqueros. Reclama que se establezcan criterios ligados a la actividad real, listas de espera, caducidad por falta de uso injustificada, informe preceptivo para cambios de puerto base y una reserva específica para la flota artesanal de menor eslora en sus puertos históricos.

En el ámbito económico, la Federación propone modificar la disposición adicional primera para que las tasas portuarias valoren la rentabilidad social de la pesca, la capacidad económica del sector y el interés general de la primera venta. Defiende bonificaciones para las instalaciones gestionadas por cofradías y un tratamiento diferenciado para la flota artesanal, tomando como referencia precedentes como la exención contemplada en la normativa vasca.

Usos pesqueros, licencias y marisqueo

Las dos últimas alegaciones buscan introducir una definición amplia de usos pesqueros que incluya toda la cadena de actividad —amarre, descarga, pesaje, clasificación, primera venta en lonja, avituallamiento, mantenimiento y servicios auxiliares como hielo, combustible o artes de pesca—, así como incorporar en el artículo 27 la exención expresa de licencia municipal para obras vinculadas al uso pesquero, entre ellas muelles, pantalanes de descarga, lonjas o fábricas de hielo.

García Méndez ha mostrado además su inquietud por el artículo 86 del proyecto, que veta el marisqueo en toda la red portuaria, y ha reclamado una redacción alternativa que diferencie el furtivismo de la actividad profesional sujeta a licencia y control administrativo. “Pedimos que se revise esta redacción para no castigar a mariscadores que ejercen con licencia y bajo control”, ha señalado.

Reivindicaciones de la pesca deportiva y recreativa

En la misma comisión ha intervenido el presidente de la Federación de Pesca y Casting del Principado de Asturias, Pedro García, quien ha criticado que el proyecto normativo apenas dedique “media línea” a la pesca deportiva y ha pedido que se señalicen los puertos para permitir esta práctica en las zonas que no estén reservadas a usos industriales, profesionales, náutico-deportivos o municipales.

Pedro García ha recordado que los pescadores recreativos siguen sin un marco específico de regulación portuaria, pese a existir estudios oficiales de 2017 que cuantificaban en 105.000 las licencias marítimas en Asturias, en 71.246 los pescadores recreativos desde costa y en 1.240 los empleos asociados.

Como representante del promotor de la iniciativa sobre pesca recreativa ha comparecido también en sede parlamentaria Emilia García, quien ha puesto en valor el arraigo de la pesca recreativa desde puerto. Ha remarcado que se trata de una actividad social y de ocio transmitida “de generación en generación” y que forma parte de la vida cotidiana y la identidad de las villas marineras asturianas.

Por este motivo, sostiene que cualquier regulación que incida en esta práctica debe partir de la realidad de quienes la ejercen, y ha reclamado que la norma busque un punto de equilibrio, teniendo en cuenta que los puertos han dejado de ser espacios reservados en exclusiva a la actividad profesional.

“La regulación debe permitir esa convivencia, garantizando siempre la seguridad, el respeto al tránsito de las personas y la prioridad de la actividad profesional”, ha defendido, rechazando que la prohibición se convierta en “regla general” y la posibilidad de pescar, en la excepción. A su juicio, la ley debería adoptar el enfoque inverso y fijar de forma concreta en qué zonas es imprescindible vetar la pesca deportiva desde puerto, en lugar de enumerar únicamente dónde se autoriza.