Quizá este 2026 sea uno de los años en que más se está hablando de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y lo es por dos muy buenas noticias, especialmente para las personas trabajadoras, y otra noticia realmente mala, para todos y todas. Ahondaremos en ello.
La relevancia de las funciones de OIT y de su propia existencia, así como su composición, no son conocidas para el gran público. Fundada en 1919 como parte del Tratado de Versalles tras la I Guerra Mundial, tenía como máxima que no puede existir una paz universal y duradera sin justicia social, y el objetivo de evitar el surgimiento de nuevas revoluciones sociales mediante la mejora de las condiciones de trabajo que previnieran el descontento social. Una de sus características singulares y que la distingue de cualquier otra agencia de Naciones Unidas es su carácter tripartito: trabajadores, empleadores y gobiernos son mandantes. Pero al margen de que su actividad sea poco conocida, su influencia es enorme para empresas y gobiernos, pero sobre todo, para la clase trabajadora.
La justicia social, el trabajo decente – término que acuñó Juan Somavía, director general de la OIT entre 1999 y 2012 para referirse a que el trabajo “no es una simple mercancía, sino un elemento central para la dignidad humana, la estabilidad de las familias y la paz social” – y las normas internacionales del trabajo (convenios y recomendaciones) que emanan de OIT constituyen el cuerpo normativo internacional para las relaciones laborales y el mundo del trabajo en general.
Por eso las noticias buenas y malas citadas dan relevancia a este año para la Organización Internacional del Trabajo. La primera, es que la Corte Internacional de Justicia (CIJ), determinó en mayo que el derecho a la huelga forma parte del Convenio 87 de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación y, por lo tanto, está plenamente protegido por el derecho internacional. Se trata de una disputa de interpretación entre las partes que se inició en 2012.
La opinión de la CIJ supone una enorme victoria para el movimiento sindical y para la clase trabajadora, pero también para gobiernos y empresas responsables. El derecho a la huelga, tan duramente atacado para debilitar la acción sindical y las medidas de fuerza de los y las trabajadoras, se reconoce como parte esencial de la libertad de asociación y como instrumento fundamental de defensa de los intereses de las personas trabajadoras, de garantía de trabajo decente y de unas sociedades democráticas. La resolución de la CIJ refuerza también la credibilidad del sistema de Naciones Unidas y del marco constitucional de la OIT y sus estructuras de gobernanza, así como sobre el funcionamiento efectivo y creíble del sistema de control de la OIT.
La segunda buena noticia de este 2026 en la OIT está en la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo de OIT, que ha aprobado el Convenio 193 sobre trabajo decente en la economía de plataforma. Tras dos años de intensa discusión, ha sido posible aprobar un convenio que reconoce los principios y derechos fundamentales en el trabajo en la economía de plataformas, la prevención de riesgos, la protección frente a cualquier tipo de violencia, las medidas para asegurar la correcta clasificación de las personas trabajadoras, la gestión de los algoritmos o las medidas para evitar los abusos sobre las personas migrantes.
Se trata de un triunfo sindical mayúsculo, especialmente teniendo en cuenta las enormes reticencias que la parte empresarial y algunos gobiernos han mostrado a lo largo de la discusión y que debe impulsar condiciones laborales justas y la garantía de derechos fundamentales para todos y todas las trabajadoras de la economía de plataformas en todo el mundo.
El tercer motivo por el que la OIT es noticia en este 2026, y es la mala noticia, puede suponer una transformación radical de la institución, y pone en riesgo su propia subsistencia. Donald Trump y su Administración atacan al multilateralismo en general, y a la OIT en particular, no solo con mensajes de menosprecio por la gobernanza global, sino ahogando económicamente a las organizaciones supranacionales. En el caso de la ONU, la deuda de los EEUU alcanza los 4.200 millones de dólares y en la OIT las aportaciones no ingresadas ascienden a más de 300 millones de dólares (el 22% del presupuesto total).
Trump pretendió extorsionar al Director General de la OIT, Gilbert F. Houngbo, condicionando el pago de la deuda a la imposición de un estadounidense como número dos en OIT y responsable político. Aunque se ha frenado la pretensión de EEUU, lo cierto es que el pago no se ha efectuado y las consecuencias, entre otras, de recortes de personal como las que ya se han producido en ONU con la reducción de 2.000 puestos de trabajo, se ciernen sobre la OIT.
El unilateralismo que Trump y otros pretenden imponer tiene consecuencias seria para la ciudadanía y la clase trabajadora. El totalitarismo, el avance de la extrema derecha, los ataques a la democracia, corporaciones cada vez más poderosas, aumentan los desequilibrios en las relaciones laborales y en la sociedad, por lo que son más necesarias que nunca regulaciones internacionales protectoras de derechos que los estados pretenden limitar o directamente eliminar, para lo que instituciones multilaterales, y tripartitas, como la OIT son más necesarias que nunca.
sobre la firma:
Cristina Faciaben es secretaria confederal de Internacional y Cooperación de CCOO.