El Pleno del Congreso abordará este jueves, 18 de junio, el debate y la votación del decreto ley que revisa las entregas a cuenta de las comunidades autónomas para 2026. Estas transferencias anticipadas alcanzarán los 157.731 millones de euros y contemplan además que los ayuntamientos puedan dedicar parte de su superávit a políticas de vivienda.
La norma está en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 3 de junio. No obstante, como ocurre con cualquier decreto ley, debe ser sometida al control del Congreso en un plazo máximo de treinta días, donde se decidirá si se convalida o se deroga.
Las entregas a cuenta constituyen un instrumento mediante el cual las comunidades autónomas, salvo los territorios forales de País Vasco y Navarra, reciben por adelantado una parte de los recursos que les corresponden del sistema de financiación autonómica. En este mecanismo se incluyen la parte autonómica del IRPF, el porcentaje del IVA cedido y otros tributos compartidos.
Advertencia del Gobierno por la prórroga presupuestaria
En la exposición de motivos del decreto ley, el Ejecutivo subraya que los Presupuestos Generales del Estado son cada ejercicio el “instrumento necesario” para proporcionar a las autonomías y a las entidades locales los fondos derivados de los sistemas de financiación territorial, canalizados mediante las entregas a cuenta que deben abonarse.
Sin embargo, al mantenerse prorrogadas las cuentas públicas desde 2023, el Gobierno avisa de que las entregas a cuenta “deben actualizarse porque, de no hacerlo, se generarían unos resultados financieros indeseados”. Además de esta actualización, el texto permite que las entidades locales con superávit presupuestario en 2025 puedan emplearlo en inversiones financieramente sostenibles.
Tal y como detalló el ministro de Hacienda, Arcadi España, a la cuantía de las entregas a cuenta se añade la previsión de liquidación de 2024. De este modo, la financiación global que percibirán las comunidades autónomas en 2026 se elevaría hasta los 170.300 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,7% respecto al ejercicio anterior.
Impacto en las entidades locales y uso del superávit
El decreto sometido a votación en el Congreso también regula las entregas a cuenta para las entidades locales, que se sitúan en 29.247 millones de euros, un 8,8% más que en el ejercicio previo.
En cuanto al superávit, los ayuntamientos tendrán la posibilidad de destinar parte de los recursos generados en 2025 a determinadas inversiones sin que ello compute a efectos de la regla de gasto. Según el ministro, estos fondos podrán orientarse a actuaciones en alcantarillado, industria, energía, comercio, protección civil o infraestructuras, entre otros ámbitos. De acuerdo con los cálculos de Hacienda, esta flexibilidad podría alcanzar a más de 2.540 entidades locales, con un volumen de recursos estimado en 3.000 millones de euros.
Asimismo, se establece un régimen excepcional para que, en el caso de que los ayuntamientos dispongan de ese remanente, puedan dirigirlo a políticas de vivienda y ejecutarlo a lo largo de los cuatro años siguientes.