El Pleno del Parlamento andaluz ha dado luz verde este jueves a una proposición no de ley impulsada por el PP-A en la que se reprueba la "irresponsabilidad" del Gobierno central por no haber llevado a las Cortes unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) en toda la legislatura, una decisión que, según el texto, ha generado un "grave perjuicio a Andalucía al impedir una adecuada planificación plurianual de inversiones, infraestructuras y recursos".
El Parlamento también ha criticado la "nula transparencia sobre la ejecución territorializada de las inversiones estatales previstas y ejecutas en los últimos años, lo que ha supuesto de facto la ocultación y pérdida efectiva de inversiones comprometidas con Andalucía, ocasionando un grave perjuicio".
La iniciativa, defendida por el diputado del PP-A Jesús Estrella, reclama que el próximo Ejecutivo que resulte de las elecciones generales del 29 de noviembre publique cada seis meses, en formatos abiertos y con detalle provincia por provincia y proyecto por proyecto, el crédito, las obligaciones reconocidas y el porcentaje de ejecución de todas las inversiones territorializadas que se desarrollen en Andalucía.
El Parlamento ha reprobado igualmente "la nula transparencia y de asunción de responsabilidades por parte del Gobierno central" nueve meses después del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), así como los "retrasos acumulados en las infraestructuras ferroviarias que deben integrar Andalucía en los corredores europeos Mediterráneo y Atlántico".
En la resolución se urge al Gobierno de España a aprobar un calendario "completo, anualizado, presupuestado y verificable de todas las actuaciones pendientes" en Andalucía; a culminar con prioridad la modernización, electrificación e interoperabilidad de la línea Algeciras-Bobadilla; a terminar sin más aplazamientos las conexiones de altas prestaciones de Almería con Murcia, Granada y el resto del país, y a corregir "el total abandono de las redes de cercanías" en la comunidad autónoma.
El texto parlamentario también reprocha "la malintencionada gestión del Gobierno central y el castigo a Andalucía con conductas que han amparado excesivas dilaciones en la ejecución de infraestructuras viarias estatales comprometidas"; la "falta de implicación efectiva" en las conexiones terrestres de distintos puertos andaluces, y "los retrasos acumulados en las obras hídricas" declaradas de interés general del Estado.
Asimismo, se rechaza la "distribución territorial de fondos estatales hecha por el Gobierno de España durante los últimos ocho años, al haber estado orientada a satisfacer de manera prioritaria los intereses de sus socios separatistas con el fin de recabar su apoyo parlamentario; por no haber respondido a criterios objetivos, públicos, transparentes y evaluables, y por el perjuicio que ha causado a la capacidad de desarrollo económico de Andalucía y a la planificación de sus políticas públicas".
Finalmente, el Parlamento insta al próximo Ejecutivo central a "revertir" esta política "arbitraria" y a establecer en sus relaciones con la Junta de Andalucía "una colaboración leal" que, según la iniciativa, permita corregir los desequilibrios denunciados.