Chunta Aragonesista (CHA) ha presentado en las Cortes una batería de preguntas parlamentarias dirigida al consejero de Sanidad con el fin de aclarar los motivos, el coste y las condiciones en que se pretende ejecutar la externalización del Archivo de Historias Clínicas del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza.
Según ha explicado CHA, la decisión implica encomendar a una empresa privada la gestión y custodia de toda la documentación clínica, tanto activa como pasiva, y liberar los espacios que este servicio ocupa actualmente dentro del propio hospital.
La portavoz adjunta de CHA en las Cortes y portavoz en la Comisión de Sanidad, Isabel Lasobras, desea saber qué criterios asistenciales, organizativos y económicos avalan este cambio, así como el procedimiento administrativo seguido, el importe del contrato, los plazos previstos y las condiciones fijadas en el pliego.
CHA reclama información pormenorizada para poder valorar el efecto de esta reordenación y confrontar su coste con la opción de mantener una gestión directa mediante medios propios del Servicio Aragonés de Salud. La iniciativa de Chunta pone también el acento en la situación del personal afectado, tanto estatutario fijo como interino, temporal y eventual.
Lasobras pregunta al Departamento de Sanidad cuál será el futuro de toda la plantilla, en qué términos se llevará a cabo su reubicación y qué garantías se ofrecerán para evitar la destrucción de empleo o el empeoramiento de sus condiciones laborales. CHA ve fundamental despejar todas las dudas sobre el impacto laboral de una medida que incide directamente en quienes prestan este servicio.
Al mismo tiempo, CHA solicita explicaciones sobre las exigencias de seguridad y trazabilidad que se impondrán a la empresa adjudicataria para asegurar la confidencialidad, integridad y correcta custodia de las historias clínicas durante su traslado y almacenamiento fuera de las instalaciones sanitarias públicas. Lasobras cuestiona igualmente las razones de la tramitación urgente y la ausencia de información previa y detallada a los representantes sindicales y profesionales implicados.
Por último, Chunta considera que el Gobierno de Aragón debería dar marcha atrás en esta externalización y reclama la máxima transparencia sobre una decisión que afecta a recursos públicos, a la plantilla del centro y a la protección de una documentación clave para la atención sanitaria.