La policía polaca desplegó este viernes un amplio dispositivo en la sede del Tribunal Constitucional, en Varsovia, horas después de que su presidente, Bogdan Święczkowski, y su vicepresidente, Bartłomiej Sochański, fueran apartados de sus funciones durante un mes.
La oposición nacionalista habla de golpe de Estado; el Gobierno de Donald Tusk, de restaurar el Estado de derecho. El presidente Karol Nawrocki dio media vuelta a su avión rumbo a Senegal para volver a la capital.
Qué ha pasado este viernes en Varsovia
La crisis estalló en la tarde del 30 de octubre. La jueza Anna Korwin-Piotrowska, una de las magistradas elegidas por el actual Sejm (la cámara baja) en marzo de 2026, firmó una orden que interrumpe durante un mes las funciones de Święczkowski y Sochański y asumió la dirección del tribunal, según informaron Rzeczpospolita y Wprost. Los perfiles de ambos desaparecieron de la web de la institución, según la agencia oficial PAP.
El entorno de Święczkowski respondió de inmediato: sostiene que él sigue siendo presidente, que la web ha sido tomada ilegalmente y que quien actúe contra la corte comete el delito de golpe de Estado.
La Policía explicó que actuó tras recibir dos escritos: uno del fiscal general y ministro de Justicia, Waldemar Żurek, que pedía vigilar la seguridad del tribunal por las protestas, y otro de la propia Korwin-Piotrowska, que alertaba de posibles riesgos para jueces y trabajadores. Los agentes aseguran que no han entrado en el edificio y que se limitan al perímetro exterior. Tres personas fueron detenidas por saltar la valla y, según Reuters, se lanzaron objetos contra los agentes.
Por qué Nawrocki ha vuelto de urgencia
El jefe del Estado, aliado del partido Ley y Justicia (PiS) y adversario declarado de Tusk, suspendió su viaje oficial a Senegal en pleno vuelo. Justificó la decisión en que, en un momento así, "el presidente debe estar en Polonia".
El líder del PiS, Jarosław Kaczyński, se presentó ante la sede del tribunal, calificó lo ocurrido de "atentado contra el Tribunal Constitucional", acusó a los servicios bajo control de Tusk de entrar por la fuerza y pidió a Nawrocki que intervenga. Llegó a advertir de que Polonia se convierte en un Estado policial.
Tusk replicó en X que restaurar el Estado de derecho tras los años de gobierno del PiS es un proceso difícil y a veces doloroso que exige decisiones firmes, y que "no hay otro camino".
El origen: una guerra por el Constitucional que dura diez años
El conflicto no nace hoy. En 2015 el PiS, entonces en el poder, nombró a magistrados del Constitucional en un proceso que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró irregular en 2021, y Bruselas llegó a congelar fondos europeos por la deriva judicial polaca. Desde que Tusk volvió al poder en diciembre de 2023, su Gobierno no reconoce la legitimidad de buena parte de ese tribunal ni publica algunas de sus sentencias.
El bloqueo se ha agravado en 2026. Según la televisión pública TVP World, el actual Sejm ha elegido ya a ocho magistrados, pero Nawrocki solo ha aceptado el juramento de tres; uno de ellos, Maciej Berek, juró el cargo en el Parlamento después de que el presidente se negara a recibirle en palacio. A su vez, Święczkowski se ha negado a dejar que los jueces elegidos por la mayoría actual asuman funciones. Reuters resume el resultado: una institución prácticamente paralizada.
Lo que dice la derecha polaca
Święczkowski presentó ya en enero de 2025 una denuncia de unas 60 páginas ante la Fiscalía en la que acusaba a Tusk y a altos cargos de un golpe de Estado "sistémico": no con tanques en la calle, sino neutralizando el Constitucional, el Supremo y el Consejo Nacional de la Judicatura. Para el PiS, lo de este viernes es la culminación de esa estrategia.
Lo que dice el Gobierno
Para la coalición de Tusk, el problema es justo el contrario: un tribunal capturado por el PiS que bloquea a los jueces elegidos legalmente. Korwin-Piotrowska ya había dicho en la televisión pública que, a su juicio, Święczkowski incumple la ley al impedirles juzgar.
Lo que dicen los hechos
No hay intervención militar, el Gobierno sigue siendo el surgido de las urnas en 2023 y el presidente mantiene sus funciones. Lo que existe es un choque institucional en el que cada bando considera ilegítimo al otro y que se dirime, por ahora, con órdenes administrativas, comunicados y presencia policial. Si la medida contra Święczkowski es legal dependerá de una pregunta que hoy no tiene árbitro aceptado por ambas partes: quién manda legítimamente en el Constitucional.
El contexto político: Tusk juega a todo o nada
La crisis llega en un momento delicado para el primer ministro. Su coalición tiene una mayoría estrecha en el Sejm, la ministra Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz abandonó el Gobierno y el liderazgo de Polonia 2050 el 22 de octubre, y Nawrocki veta o bloquea buena parte de su agenda, desde el aborto hasta los nombramientos. Analistas citados por The Irish Times creen que Tusk, con las elecciones de 2027 en el horizonte, ha decidido forzar el choque con Kaczyński y Nawrocki por el control del Constitucional.
El PiS tampoco atraviesa su mejor momento: sufre su mayor escisión en dos décadas y Kaczyński ha generado polémica esta semana al sugerir que Polonia podría negociar su salida de la UE si esta no se reforma.
Qué puede pasar ahora
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Dos presidentes para un tribunal. Święczkowski no reconoce la orden y Korwin-Piotrowska ya ejerce. Cualquier sentencia que salga del Constitucional podría ser impugnada por uno de los dos bandos.
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Respuesta de Nawrocki. El presidente puede convocar el Consejo de Seguridad Nacional, dirigirse al país o bloquear aún más leyes del Gobierno.
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La calle. Las concentraciones ante la avenida Szucha podrían crecer este fin de semana.
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Bruselas. La Comisión Europea, que sancionó al PiS por la cuestión judicial, ha respaldado hasta ahora la línea de Tusk. La derecha europea la acusa de doble rasero; su reacción será clave.