Los candidatos del PSOE al Congreso y al Senado por la provincia de Teruel, Herminio Sancho y María José Villalba, junto al secretario general de los socialistas turolenses, Rafael Guía, y otros cargos públicos, han defendido que un futuro gobierno socialista intensificará los mecanismos de inspección y control para garantizar la aplicación real de la Ley de la Cadena Alimentaria, cuyo objetivo es asegurar precios “justos” a los productores y vetar la venta a pérdidas.
En esta línea, han explicado que se pretende transformar la actual Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) en un organismo estatal con más herramientas y procedimientos más ágiles y eficaces para hacer cumplir la normativa.
Desde la Feria de Aguaviva, en Teruel, han subrayado la importancia de reforzar la protección del eslabón más vulnerable de la cadena alimentaria, el agricultor y el ganadero, erradicando las prácticas abusivas y equilibrando la capacidad de negociación, mediante la aplicación efectiva de una Ley que, han recordado, fue rechazada por los diputados de PP y Vox.
Herminio Sancho, cabeza de lista al Congreso, ha denunciado que cualquier iniciativa del Gobierno de Pedro Sánchez para frenar la escalada de precios y de costes en el sector primario “ha sido continuamente boicoteada” por las formaciones de derecha y ultraderecha.
“Votaron --ha dicho-- a favor de las grandes cadenas alimentarias que tienen a la agroalimentación como una especulación de enriquecimiento que servir el papel que debe tener”, ha señalado Sancho, remarcando que la Ley persigue que el sector productor “cubra los gastos”.
Desde el PSOE sostienen que la norma impulsada por el Gobierno de progreso de Pedro Sánchez “ha contribuido a corregir esas prácticas abusivas en la negociación de agricultores y ganaderos con los distribuidores y comercializadores”.
Multas, controles y veto a la venta a pérdidas
Los socialistas han indicado que, desde la entrada en vigor de la Ley, se han tramitado ya 400 sanciones por un importe global superior a 3,3 millones de euros. “Ya prohíbe explícitamente vender a pérdidas, con multas de entre 3.001 y 100.000 euros. Ahora lo que hace falta es que se cumpla, y eso depende de inspeccionar, de aumentar los controles. Y también eso lo dificultan PP y Vox”, ha recalcado Sancho.
El cabeza de lista ha recordado que el Gobierno de España reforzó la labor supervisora de la AICA, que en 2024 llegó a revisar más de 8.000 relaciones comerciales, más del triple que el ejercicio anterior. Además, ha señalado que en 2025 se planteó su conversión en una agencia estatal de inspección, con mayores competencias para vigilar y proteger al sector, una propuesta que nuevamente fue rechazada por PP y Vox.
Sancho ha advertido de que “no hay futuro para el campo y la pesca sin profesionales que puedan vivir de su trabajo y jóvenes que quieran continuar esa labor. Y so no es lo que están defendiendo ni PP y Vox, pese a autoproclamarse como los garantes del mundo rural. En realidad, allá dónde gobiernan, también en Aragón, se niegan a establecer controles a la vez que dicen que la Ley de la Cadena Alimentaria no funciona. Lo que quieren es vender el medio rural al mejor postor a las grandes compañías y fondos buitre”.
La ejecución de la Ley de la Cadena Alimentaria se integra en el paquete de 43 medidas pactadas con las organizaciones agrarias para reforzar el sector, que abarca también la simplificación de la Política Agraria Común (PAC), el comercio, los seguros agrarios, la fiscalidad y financiación, la sanidad animal y el relevo generacional.
“Se han implementado ya en un 90% y están contribuyendo decisivamente en la mejora de la rentabilidad de las explotaciones españolas”, han apuntado desde el PSOE.
Potencial agroalimentario de Teruel y nuevas normas
La candidata al Senado, María José Villalba, ha puesto en valor que la provincia de Teruel dispone de un sector agroalimentario “potente en muchas de sus variantes” y ha defendido que las políticas del Ejecutivo de Pedro Sánchez “son un espaldarazo para que el eslabón más débil de la cadena no sufriera en todo el proceso”.
Ha recordado, además, que esta Ley se suma a otras iniciativas con las que el Gobierno ha reforzado el marco normativo y estratégico, como la Estrategia Nacional de Alimentación, orientada a consolidar a España como potencia agroalimentaria, o la Ley de Prevención de Pérdidas y el Desperdicio Alimentario.
“El balance es el de un Gobierno que ha protegido rentas de agricultores y ganaderos, ha respondido a cada crisis y ha invertido en modernización”, han concluido los candidatos del PSOE al Congreso y al Senado.