El Pleno del Parlamento de Canarias ha dado este miércoles el visto bueno definitivo a la ley destinada a agilizar la tramitación de licencias urbanísticas, gracias al respaldo de los cuatro grupos que sostienen al Gobierno autonómico, frente al voto en contra de PSOE y NC-bc y la abstención de Vox.
La norma contempla, entre otros aspectos, que los colegios profesionales y las entidades urbanísticas acreditadas puedan elaborar informes técnicos con plena validez jurídica, con el objetivo de que los ayuntamientos acorten los plazos de resolución en la concesión de permisos.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha admitido que no hay "varitas mágicas" ni "pócimas" para solventar el problema de la vivienda en el archipiélago, pero ha defendido que su Ejecutivo ofrece "trabajo, constancia y soluciones".
Ha reconocido que "ha habido mucha tensión y muchas dificultades", sobre todo en el ámbito de Turismo, pero ha subrayado que el Ejecutivo, "lejos de esconder la cabeza y de mirar para otro lado", ha afrontado el debate, valorando la actitud de la consejera Jessica de León por intentar cerrar acuerdos.
Asimismo, ha puesto en valor el "espíritu constructivo" de ASG y AHI ante la "incertidumbre" que genera la aplicación de la ley en las denominadas 'islas verdes'. Ha lamentado que "algunos no han querido dar respuestas" ni ofrecer seguridad jurídica, y ha avanzado que en septiembre, a través de la Consejería de Presidencia, se "va a dar respuesta" a las demandas de la Fecam en materia de actividades clasificadas, "regulándolas para que haya un principio de homogeneidad en todos los municipios y en todas las islas".
La portavoz adjunta de Vox, Paula Jover, ha defendido que la ley es de "urgente necesidad" para "aliviar la emergencia habitacional que sufre Canarias", al permitir una tramitación más rápida de las licencias urbanísticas.
No obstante, ha reprochado que la Cámara "erró" al convertir el decreto en proyecto de ley, lo que ha facilitado que todos los grupos "han metido sus zarpas" con enmiendas que, a su juicio, "nada tienen que ver con las viviendas", citando la ley de cambio climático o el Parque Nacional del Teide.
También ha censurado que la norma "se pliega aún más" a las tesis de la izquierda en las zonas residenciales tensionadas, "ignorando que allí donde se han implantado no han conseguido la reducción de los precios de las viviendas", salvo en las de mayor coste.
Del mismo modo, ha cargado contra la nueva "vuelta de tuerca" al alquiler vacacional y contra el "juego sucio" del Gobierno, al considerar que se usará un voto particular para "tumbar" la enmienda transaccional sobre actividad inocua aprobada en comisión con el apoyo de la oposición y de ASG.
Carmen Hernández (NC-bc) ha subrayado que la crisis de vivienda es un "clamor social" en las islas y ha denunciado una "perversión política" al entender que el Ejecutivo pretende "privatizar" el urbanismo y el suelo, cuando el problema, ha dicho, no está en los ayuntamientos "sino en Coalición Canaria", formación que lleva tres décadas al frente del Gobierno regional.
"Están consiguiendo fracturar esta tierra en dos Canarias, la que tiene vivienda y la que no va a poder tener vivienda", ha señalado.
Ha añadido que se va a aplicar la "diabólica" ley estatal "al modo Clavijo", ya que, según ha indicado, viviendas que se beneficiarán de ayudas públicas "a los ocho años se van a pasar al mercado especulador".
Su compañera, Esther González, ha criticado que las enmiendas introducidas por los grupos del cuatripartito "nada tienen que ver" con el objetivo de agilizar licencias.
PSOE acusa al Gobierno de favorecer "a los de siempre"
Patricia Hernández (PSOE) ha reprochado a los grupos que sostienen al Ejecutivo que las viviendas asequibles e incentivadas puedan contar con "servicios compartidos" para beneficiar "a los de siempre" y ha advertido de que la protección se limitará a siete años.
Ha insistido en que no se trata de una ley de vivienda sino de urbanismo, porque la vivienda "les importa un pimiento", ha lanzado a los grupos del cuatripartito, acusándoles de haber armado "un proyecto de ley omnibus" y de mantener "peleas" internas entre socios.
En esa línea, ha asegurado que el objetivo del Gobierno es "ampliar el margen de negocio", al tiempo que ha denunciado que se incrementa el precio del módulo de la vivienda protegida.
Raúl Acosta, portavoz del Grupo Mixto (AHI), ha defendido que la ley afronta el problema de la vivienda de forma "transversal" y sin esperar al Estado, y ha reconocido que la ciudadanía está "cansada" de la "inseguridad jurídica".
Ha apostado por desmontar el "tinglado" normativo y ha criticado a la izquierda por querer "desregular" la vivienda vacacional en las 'islas verdes' aprovechando la mayoría parlamentaria.
El diputado herreño también ha arremetido contra el grupo canarista por bloquear una enmienda in voce que, según ha dicho, permitiría edificar en espacios protegidos de El Hierro y La Gomera.
ASG reclama singularidades y el PP y CC defienden la norma
Jesús Ramos (ASG) ha sostenido que la vivienda vacacional no incide "para nada" en el mercado residencial y ha defendido su propuesta para declararla actividad inocua, recordando que Canarias "es muy diversa" y que existen "especificidades" en las fórmulas turísticas, como viviendas unifamiliares aisladas o bloques de apartamentos de un único propietario.
Pese a ello, ha reiterado su "apoyo y lealtad" al pacto de gobierno en el archipiélago, aunque el voto particular de CC vaya a suprimir su enmienda del dictamen de la comisión.
"Le quiero pedir, señor presidente, que a la tercera seamos ya capaces de solucionar el problema de la vivienda vacacional en Canarias, que nos sentemos y dejemos aparte nuestras ideologías, dejemos aparte nuestros intereses y seamos capaces de pensar en las personas", ha dicho a Clavijo, destacando el impacto económico positivo del alquiler vacacional.
Luz Reverón, portavoz del Grupo Popular, ha considerado "revelador" que la izquierda se oponga a una ley que eliminará "obstáculos" y acelerará la concesión de licencias, y ha ironizado con que los socialistas critiquen una "ley ómnibus".
Ha defendido que el objetivo es "resolver un problema" y legislar "con sentido común" para superar el "inmovilismo" en la promoción de vivienda.
Socorro Beato, del Grupo Nacionalista, ha sostenido que la ley ofrece una "respuesta responsable y rigurosa" al reto de la construcción de vivienda, ha negado que se esté privatizando la gestión urbanística y ha reivindicado la "justicia social" para garantizar el acceso a la vivienda "y primero para los canarios".
Ha calificado de "disparates" los argumentos del Grupo Socialista y ha denunciado su "estrategia de obstruccionismo", al tiempo que ha defendido el voto particular porque la vivienda vacacional "no es neutra, genera un impacto, afecta a la convivencia, a los ruidos, al uso de zonas comunes". "Se levantan liberales y se acuestan progresistas", les ha recriminado.
Beato ha ofrecido colaboración a ASG para "seguir trabajando" en la búsqueda de un "equilibrio" entre el desarrollo del alquiler vacacional y el derecho de los canarios a acceder a una vivienda.