El Ayuntamiento de Madrid tendrá que empezar de nuevo el proceso de contratación para gestionar los 18 Centros Integrales de Atención a la Mujer (CIAM), después de que el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid haya anulado la licitación. La resolución, fechada el 8 de octubre, estima parcialmente los recursos presentados por los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Comisiones de Base (Co.bas) contra los pliegos del concurso.
La decisión, adelantada este sábado por El País, afecta a un contrato cuyo valor estimado asciende a 50,7 millones de euros y que debía permitir poner en marcha el nuevo modelo de centros en enero de 2027. Sin embargo, la anulación no supone el cierre de los recursos ni la interrupción de la atención a las mujeres. Según ha trasladado el Ayuntamiento al citado diario, el Consistorio prorrogará los contratos vigentes mientras prepara una nueva licitación.
Las cláusulas que han motivado la anulación
El tribunal centra su decisión en dos aspectos de los pliegos. Por un lado, considera que el Ayuntamiento no podía atribuir a la Dirección General la potestad de fijar de forma autónoma los servicios mínimos durante las jornadas de huelga. Esta competencia no puede quedar establecida en los términos recogidos en el contrato.
Por otro, cuestiona las cláusulas que exigían autorización municipal previa para que los trabajadores pudieran realizar determinadas actividades públicas o profesionales, como comunicarse con los medios de comunicación, publicar información o participar en cursos y conferencias.
La resolución señala que el Ayuntamiento puede establecer condiciones cuando un trabajador interviene en nombre de la institución o del propio centro, pero no imponer una autorización general previa para cualquier actividad personal, profesional, académica o sindical de la plantilla.
Por estos motivos, el tribunal concluye que no es jurídicamente posible continuar con la licitación utilizando los pliegos actuales, ya que las modificaciones necesarias afectan a las condiciones con las que las empresas prepararon sus ofertas.
El Ayuntamiento prorrogará los contratos actuales
La consecuencia inmediata es que el Consistorio deberá corregir las cláusulas señaladas y publicar una nueva licitación. Una portavoz del área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad ha explicado a El País que el Ayuntamiento lanzará unos nuevos pliegos y que, mientras dure el procedimiento administrativo, prorrogará los contratos actuales.
De este modo, los centros podrán seguir prestando sus servicios durante la tramitación del nuevo concurso. El Ayuntamiento no ha concretado por ahora cuánto se retrasará el calendario previsto ni cuándo estará adjudicada la nueva gestión.
La licitación anulada se había dividido en cinco lotes y había recibido ofertas de 14 empresas. El contrato contemplaba un periodo inicial de dos años, con un presupuesto de alrededor de 24 millones de euros con IVA, y la posibilidad de dos años adicionales de prórroga, hasta alcanzar un valor estimado de 50,7 millones.
Un nuevo modelo para 18 centros de Madrid
El concurso forma parte de la reorganización anunciada por el Ayuntamiento para unificar los antiguos Espacios de Igualdad y los recursos de atención directa a mujeres víctimas de violencia de género en una red de 18 Centros Integrales de Atención a la Mujer. El proyecto prevé reunir en estos espacios tanto la atención especializada como actividades de promoción de la igualdad, talleres, charlas y asesoramiento.
La futura red iba a contar con 273 profesionales y debía estar operativa en enero de 2027. La reorganización había recibido críticas de los sindicatos, que también cuestionaban aspectos como la información sobre la subrogación de las plantillas, el presupuesto y la distribución de los equipos.
No obstante, el tribunal ha desestimado esos argumentos y otros motivos relacionados con las condiciones laborales, la organización territorial y la suficiencia presupuestaria. La anulación se limita a las cláusulas relativas a los servicios mínimos durante las huelgas y a la autorización previa para determinadas actividades de los trabajadores.
La resolución es definitiva en vía administrativa, aunque puede recurrirse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.