Huelga general del 11N: cómo afectará al trabajo, el teletrabajo y los transportes durante tres días

A 4 de noviembre de 2026, la negociación de los servicios mínimos para la huelga general del día 11 no está cerrada. No consta un acuerdo global y las conversaciones se desarrollan por sectores y administraciones. En el transporte ferroviario siguen sin conocerse los porcentajes definitivos, mientras que en la Comunidad de Madrid las conversaciones están deterioradas por las discrepancias sobre la propuesta y la documentación facilitada.

Transporte: propuesta sindical, pero sin mínimos definitivos

CCOO y UGT han presentado al Ministerio de Transportes una propuesta basada en los precedentes de las huelgas generales de 2010 y 2012. Según la información publicada, plantean aproximadamente un 30 % del servicio de Cercanías, un 35 % en horas punta y un 20 % en AVE y larga distancia. Son porcentajes propuestos por los sindicatos, no una oferta de trenes ya aprobada. Las centrales también habían solicitado una reunión con el ministro Óscar Puente, sin que constara una respuesta pública a esa petición (propuesta de transporte; solicitud de reunión).

La información más reciente de Demócrata, publicada el 4 de noviembre, confirma que todavía no se conocen los porcentajes definitivos. Por tanto, aún no puede determinarse cuántos trenes circularán ni cuál será el alcance de las cancelaciones en Cercanías, media distancia y larga distancia.

El principal punto de discrepancia es qué nivel de actividad debe garantizarse. UGT sostiene que los mínimos deben asegurar las prestaciones esenciales, no mantener la normalidad del transporte ni neutralizar el efecto de la huelga. Esa es la posición que expresa su responsable sectorial en esta declaración sobre los mínimos.

Madrid: desacuerdo y ruptura de interlocución

En la Comunidad de Madrid, UGT y CCOO denuncian que la Administración presentó su propuesta sin entregar la documentación necesaria para examinarla. Cuestionan tanto la transparencia como la proporcionalidad de los criterios, incluidos los relativos a sanidad y educación, y han anunciado que no firmarán el acta de la reunión. Se trata de la valoración sindical, no de una resolución judicial que haya declarado abusivos esos servicios (comunicado de UGT y CCOO).

CNT, por su parte, dio por terminada su interlocución al no recibir la documentación prometida ni una nueva convocatoria de la Consejería. Ese anuncio, difundido el 30 de octubre, afecta a su participación en las conversaciones: no equivale a que exista un acuerdo ni a que toda la negociación autonómica haya concluido (posición de CNT).

Qué queda por decidir

El siguiente hito relevante es la publicación de las decisiones de las administraciones competentes y su concreción por servicios. La ausencia de acuerdo no impide que se fijen mínimos: las autoridades pueden establecerlos mediante resolución u orden, tras escuchar a las partes. Los sindicatos pueden impugnarlos si consideran que restringen desproporcionadamente el derecho de huelga, como recoge esta guía sobre la convocatoria.

Además, conviene separar el paro general del 11 de noviembre de las movilizaciones ferroviarias de Semaf del 10 y el 12, que responden a reivindicaciones propias. La coincidencia puede prolongar las dificultades de desplazamiento durante tres días, pero no permite dar por hecho que tendrán idénticos mínimos. En conclusión: hay propuestas y desacuerdos, pero todavía no una oferta definitiva de servicios garantizados.

El Ministerio de Transportes puede fijar los servicios mínimos durante las huelgas ferroviarias que afecten a servicios de competencia estatal. Su función es garantizar las prestaciones indispensables para la comunidad, no mantener el funcionamiento habitual del ferrocarril ni neutralizar el derecho de huelga. Debe distinguirse esa decisión pública de su ejecución operativa, que corresponde a las empresas y administradores ferroviarios.

1. Fundamento y alcance de la competencia

El artículo 28.2 de la Constitución reconoce el derecho de huelga y exige garantizar el mantenimiento de los servicios esenciales. El artículo 10 del Real Decreto-ley 17/1977 permite a la autoridad gubernativa acordar las medidas necesarias para asegurar su funcionamiento y al Gobierno adoptar medidas de intervención adecuadas.

Por tanto, Transportes actúa como autoridad gubernativa sectorial, no simplemente como autoridad laboral o como responsable de empresas públicas. No es necesario que cada resolución de servicios mínimos pase por el Consejo de Ministros: puede aprobarla el órgano ministerial competente, siempre que tenga la atribución correspondiente y responsabilidad gubernativa.

Esta última exigencia es relevante: la Resolución de 11 de diciembre de 2007 recogió que varias decisiones ferroviarias habían sido anuladas porque las dictó un órgano administrativo sin potestades gubernativas. La Secretaría de Estado asumió entonces su resolución mediante avocación, es decir, asumiendo una competencia atribuida a un órgano dependiente.

2. Qué puede determinar el Ministerio

• Prestaciones indispensables: identificar qué circulaciones, conexiones y funciones deben mantenerse y qué necesidades esenciales justifican protegerlas.
• Nivel de servicio: concretar trenes, frecuencias o porcentajes, diferenciando líneas, franjas horarias, territorio y duración de los paros. No existe un porcentaje único aplicable automáticamente a cualquier huelga.
• Medios imprescindibles: determinar las necesidades de personal y las funciones de circulación, seguridad, control y mantenimiento necesarias para ejecutar las prestaciones protegidas.
• Información y supervisión: recabar datos técnicos de operadores y administradores de infraestructura y supervisar el cumplimiento de la resolución dentro de sus atribuciones.

3. Límites que debe respetar

La decisión exige motivación específica y proporcionalidad. Debe explicar los derechos y necesidades protegidos y justificar el nivel elegido atendiendo a la duración y extensión de la huelga, demanda previsible, horas punta y alternativas disponibles. La STC 43/1990 exige una proporción razonable entre los sacrificios impuestos a huelguistas y usuarios.

Transportes tampoco puede limitarse a aceptar la propuesta empresarial. La STC 27/1989 censuró precisamente que la autoridad dejara en manos del empleador la determinación efectiva de los mínimos. La resolución puede impugnarse ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

4. Qué corresponde a otras autoridades y empresas

La competencia ministerial no alcanza automáticamente a todos los ferrocarriles. Según la STC 31/2010, decide la autoridad estatal o autonómica que tenga competencia y responsabilidad política sobre el servicio. La mera ubicación territorial de una línea no resuelve por sí sola esta distribución.

Renfe, Adif y los demás operadores aportan información técnica y ejecutan los mínimos: organizan turnos, asignan medios y designan trabajadores conforme a la resolución. No pueden sustituir a la autoridad al decidir cuánto servicio queda protegido. Asimismo, fijar mínimos no equivale a atribuir al Ministerio una potestad general para sancionar laboralmente a los trabajadores: deben separarse la supervisión administrativa y las responsabilidades laborales correspondientes.

SEMAF ganó las elecciones sindicales del Grupo Renfe de marzo de 2023 y obtuvo cinco de los quince puestos de su Comité General de Empresa. En el cómputo conjunto de Renfe, Adif y Adif Alta Velocidad, los resultados consultados le atribuyen aproximadamente 162 delegados y un 18,2% de la representación, por detrás de CCOO y UGT. Son los últimos resultados estatales consolidados localizados, aunque no equivalen a una elección única de todo el sector ferroviario.

En Renfe: primera organización sindical

El principal resultado de SEMAF fue su victoria en el Grupo Renfe. El sindicato anunció el 7 de marzo de 2023 que había aumentado su representación y alcanzado un resultado que calificó de histórico. La distribución de los quince puestos del Comité General de Empresa quedó así:

• SEMAF: cinco representantes.
• CCOO: cuatro representantes.
• UGT: tres representantes.
• CGT: dos representantes.
• Sindicato Ferroviario: un representante.

Por tanto, SEMAF fue la organización con más puestos en ese órgano, pero no obtuvo mayoría absoluta: cinco de quince supone un tercio de sus integrantes. El resultado puede consultarse en el boletín de SEMAF y en su comunicado sobre los resultados.

Conviene distinguir estas cifras: los cinco puestos corresponden al Comité General, no al total de delegados elegidos en los centros de trabajo. Tampoco significan que SEMAF recibiera un tercio de todos los votos. Son medidas distintas de representación y no deben intercambiarse.

En Renfe y Adif conjuntamente: tercera posición

Al agregar los procesos de Grupo Renfe, Adif y Adif Alta Velocidad, el reparto consultado de 2023 suma 891 delegados:

• CCOO: 230 delegados, el 25,8%.
• UGT: 216 delegados, el 24,2%.
• SEMAF: 162 delegados, el 18,2%.
• CGT: 128 delegados, el 14,4%.
• Sindicato Ferroviario: 65 delegados, el 7,3%.
• Sindicato de Circulación Ferroviario: 55 delegados, el 6,2%.
• Otras organizaciones: 35 delegados, el 3,9%.

Estas cifras deben leerse como una consolidación de distintos procesos electorales: las publicaciones no siempre ofrecen la misma separación entre empresas. Los porcentajes describen el peso sobre los delegados, no necesariamente sobre los votos. La referencia sindical utilizada es el balance electoral de CCOO.

La diferencia entre ambos titulares es importante: SEMAF ganó en Renfe; CCOO encabezó el conjunto de Renfe y Adif. En Adif y Adif Alta Velocidad, CCOO obtuvo 132 delegados, UGT 124 y CGT 73. La información consultada no desglosa una cifra específica de SEMAF para esas dos empresas.

Evolución y otros ámbitos ferroviarios

Como comparación, en las elecciones de marzo de 2019 SEMAF había conseguido 140 delegados y el 15,8% en el conjunto de Renfe, Adif y Adif Alta Velocidad. Frente a ese resultado, el balance de 2023 supone aproximadamente 22 delegados más y una subida de 2,4 puntos porcentuales. El resultado anterior está recogido en la información electoral de 2019.

Fuera de esas empresas, en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, SEMAF obtuvo tres de los 35 representantes elegidos en 2023. UGT logró catorce; SI, ocho; CCOO, seis; y Sindicato Ferroviario, cuatro, según el resultado electoral de FGV. Este proceso es independiente: no permite trasladar automáticamente el liderazgo de SEMAF en Renfe a todas las empresas ferroviarias privadas, autonómicas o metropolitanas.