La consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez, ha insistido en que en el anteproyecto de presupuestos de 2026 no se recorta “ni un euro” en las partidas destinadas a la atención a las víctimas del delito, “especialmente a las mujeres”, y ha reclamado a los grupos políticos que eviten “hacer demagogia y politiqueo” con la violencia machista o “utilizar” a las víctimas. Al mismo tiempo, ha reiterado su propósito de mejorar las condiciones laborales del personal funcionario y ha resaltado un incremento de 100.000 euros para trabajos de apertura de fosas y exhumaciones.
Martínez ha comparecido este miércoles por la tarde ante la comisión de Presupuestos de Les Corts para exponer las cuentas de su departamento. El presupuesto global de la Conselleria alcanza los 612,9 millones de euros, lo que supone un aumento del 5,6% respecto al ejercicio anterior, y más de la mitad de esta cantidad se dirige a gastos de personal.
Tras comenzar su intervención condenando el asesinato machista de una mujer en Callosa de Segura, la consellera ha descrito las cuentas como un presupuesto “continuista”, condicionado por la infrafinanciación autonómica, y centrado en objetivos como la digitalización y “dignificación” de la justicia, la protección de las víctimas, el refuerzo del autogobierno y “nuestras señas de identidad”, el impulso de la “concordia” en materia de memoria histórica y el avance en transparencia y participación.
Entre las partidas que más crecen, ha destacado el programa de procesos electorales, que sube casi un 200% hasta los 5,3 millones de euros, debido a las licitaciones necesarias de cara a las elecciones previstas para 2027.
Como balance de la gestión reciente, ha detallado que, a raíz de la dana, se ha impulsado el desarrollo de una plataforma digital en la nube para conservar archivos judiciales, después de que el episodio afectara a 18 archivos públicos. Además, se proyecta la instalación de sistemas de bombeo en los sótanos de 26 sedes judiciales para minimizar el riesgo de inundaciones.
Carga contra la Ley Bolaños y refuerzo a las víctimas
En relación con la Ley estatal 1/2025, de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, Martínez ha recordado que ya condicionó los presupuestos de 2025 y ha asegurado que el Consell “ha hecho los deberes” para su puesta en marcha, aunque ha reprochado al Gobierno central que no aporte fondos específicos para su despliegue.
Dentro de los programas de la Conselleria, el de atención a víctimas del delito y acceso a la justicia aumenta un 7,3%, hasta los 82,18 millones de euros. De esa cantidad, 58,9 millones se reservan a la asistencia jurídica gratuita, con una subida de 2,6 millones para absorber el incremento de la litigiosidad derivada de las reclamaciones vinculadas a la dana.
Según ha explicado, la Generalitat se está ajustando a la obligación que introduce la nueva normativa estatal de acudir a los Métodos Adecuados de Solución de Controversias (MASC) antes de la vía judicial en determinados asuntos civiles y mercantiles. Por este motivo, ha avanzado que se revisarán los programas Mediaprop y Justiprop: durante 2026 funcionarán de forma paralela y en 2027 se integrarán en “un único servicio de justicia de proximidad”.
Salarios, sedes judiciales y digitalización
En el ámbito de la administración de justicia, el presupuesto se sitúa en 503 millones de euros, un 4,6% más, manteniendo como prioridad la mejora de las condiciones del personal. “No cejaré en el empeño de mejorar y regularizar las retribuciones y las condiciones laborales, apostando por un empleo público estable y de calidad”, ha afirmado la consellera, que ha reivindicado la actualización de un complemento retributivo pendiente “diez años” y la creación de 200 plazas estructurales en órganos judiciales.
Las cuentas de 2026 contemplan 95 millones para inversiones, con la intención de dar “el impulso final” a la nueva Ciudad de la Justicia de Alicante y al nuevo Palacio de Justicia de Sagunt, así como concluir tras el verano la rehabilitación del edificio del TSJCV en València.
Se consignan 2,6 millones de euros para la compra de terrenos donde levantar el futuro Palacio de Justicia de Xàtiva, “tras negarse el Ayuntamiento a ceder suelo de titularidad pública que reuniera los requisitos técnicos”, ha criticado Martínez, en alusión al consistorio encabezado por el socialista Roger Cerdà. Ha añadido que este mismo miércoles ha recibido otra respuesta negativa a su última propuesta para la ubicación de la infraestructura y ha reiterado su rechazo a situarla en el Convento de Santa Clara, al considerar que no cumple las condiciones necesarias.
En paralelo, se destinan 5,1 millones de euros a la transformación y modernización de la justicia, una inversión que la consellera vincula a que la Comunitat Valenciana se coloque “en los primeros puestos en materia de digitalización” judicial.
Transparencia, participación y “concordia”
El área de transparencia y participación cuenta con un presupuesto de 7,8 millones de euros. Son competencias que Martínez asumió a finales de 2025, tras la remodelación del Consell, y de las que se ha mostrado “especialmente satisfecha”.
Destaca el incremento del 80,9% para el Consejo Valenciano de Transparencia, que pasa a 756.000 euros después de la reciente toma de posesión de sus tres integrantes. Asimismo, se prevé reforzar “aún más” los portales GVA Oberta y Dades Obertes, dotados con 131.000 euros, y se reservan 691.00 euros para la Oficina de Control de Conflictos de Interés.
En el ámbito de la “concordia” y el autogobierno, se asignan 3,4 millones de euros. La línea destinada a acciones de apertura de fosas y exhumaciones se incrementa en 100.000 euros para favorecer proyectos impulsados por ayuntamientos, mancomunidades y diputaciones.
Se mantienen, además, las partidas para investigación e identificación de víctimas en colaboración con Fisabio y la Universitat de València, financiadas con medio millón y 150.000 euros, respectivamente. Otros 685.000 euros se orientan a subvencionar actuaciones de defensa y promoción del autogobierno, ámbito en el que Martínez sitúa “la reivindicación del pleno ejercicio de la Generalitat sobre la conservación, el desarrollo y la modificación del derecho foral civil valenciano”. Paralelamente, se reservan 400.000 euros para la rehabilitación de la sede social de Lo Rat Penat.
Críticas de la oposición y apoyo de Vox
Durante el debate, Ernest Blanch (PSPV) ha calificado las cuentas como un presupuesto “sin ambición”, con “80 millones menos” en infraestructuras que en 2023, y ha denunciado que las víctimas de violencia de género “continúan esperando la oficina especializada de denuncia y asistencia”. “Han convertido la palabra concordia en una coartada para rebajar la ambición, cambiar el relato y no ejecutar lo que toca”, ha recriminado.
Jesús Pla (Compromís) ha afirmado que “si no son los presupuestos de Vox, se le parecen mucho”, y ha acusado al PP de “comprar ideológicamente este marco de la concordia, un eufemismo para no decir políticas de memoria”. También ha criticado que se otorguen más subvenciones directas a entidades como Lo Rat Penat que “a todas las universidades juntas” y que se “castigue” a Juristes Valencians en estas líneas de ayuda.
Por parte de Vox, su síndic, José Mª Llanos, ha defendido que se trata de unos presupuestos “serios” y “adecuados” que su grupo “puede apoyar”. No obstante, ha echado en falta “la atención merecida a los recursos personales” para los funcionarios y ha lamentado que no se cumplan “los compromisos” de destinar cinco millones a este fin, ya que “se han quedado en un millón y medio”.
En sus turnos de réplica, Martínez ha avanzado que la próxima semana se reunirá con la Conselleria de Hacienda y, la siguiente, con los sindicatos de justicia para abordar la mejora de las retribuciones. “Espero darles avances en cuanto a mejoras económicas, pero no puedo dar importes”, ha señalado.
La consellera ha negado que se haya producido un recorte en infraestructuras y ha detallado que se está ultimando la elección de los miembros de la comisión asesora de derecho civil para “ponerla en marcha cuanto antes” y, a partir de ahí, “decidir la vía más factible” para la recuperación del derecho civil valenciano.