El Ministerio de Defensa descarta sancionar en este momento al director adjunto operativo de la Guardia Civil, Manuel Llamas, después de que haya sido imputado por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia en el denominado caso Leire.
Según un escrito al que ha tenido acceso EFE, el Asesor Jurídico General del Ministerio de Defensa sostiene que “no procede, en el estado actual de la cuestión, la iniciación de procedimiento disciplinario” contra Llamas.
La decisión implica que Defensa no actuará por ahora en el plano interno y esperará a la evolución de la investigación judicial antes de adoptar una eventual medida disciplinaria.
El argumento: evitar resoluciones contradictorias
El informe jurídico recuerda que los hechos ya están siendo objeto de instrucción judicial. Por ese motivo, considera que lo lógico es paralizar cualquier procedimiento disciplinario para evitar posibles pronunciamientos contradictorios entre la vía judicial y la administrativa.
El texto señala que se debe proceder a la paralización de un eventual expediente “a fin de evitar que recaigan eventuales pronunciamientos de signo contrario, tanto de carácter definitivo como de puro trámite”.
Defensa, por tanto, opta por no adelantarse a la investigación que dirige la Audiencia Nacional y por mantener en suspenso cualquier actuación disciplinaria hasta que haya una evolución más clara del procedimiento.
Defensa deja abierta la puerta a actuar más adelante
Aunque descarta abrir expediente en este momento, el informe no cierra completamente la vía disciplinaria. El escrito añade que se adoptarán de oficio las disposiciones oportunas en función de “la evolución de la situación procesal” de Llamas dentro de las diligencias judiciales en las que está investigado.
La posición del Ministerio es, por tanto, de espera. No sanciona ahora, pero se reserva la posibilidad de actuar si la causa avanza, si se modifican las circunstancias procesales o si la autoridad judicial adopta nuevas decisiones que afecten al DAO de la Guardia Civil.
La resolución responde a la petición presentada el viernes ante Defensa por el partido Iustitia Europa, que forma parte de la acusación popular en el caso Leire.
Iustitia Europa acusa a Robles de “lavarse las manos”
Tras conocer la decisión, Iustitia Europa ha criticado duramente al Ministerio de Defensa y ha acusado a la ministra Margarita Robles de “lavarse las manos”. En un comunicado, la formación sostiene que Defensa ha preferido no actuar de oficio contra el DAO de la Guardia Civil escudándose en “tecnicismos”.
El partido había pedido la apertura de un procedimiento disciplinario tras la imputación de Llamas, pero el criterio jurídico del Ministerio ha sido no iniciar expediente mientras la causa esté en manos del juez.
La discrepancia vuelve a situar el caso Leire en el cruce entre la vía judicial, la responsabilidad administrativa y la presión política sobre los mandos de la Guardia Civil.
Imputados Llamas y Mercedes González
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz imputó el pasado jueves a Manuel Llamas y a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia.
Ambos están citados a declarar el próximo 16 de julio. La investigación se centra en las presuntas maniobras de la exmilitante socialista Leire Díez para que se investigara a la UCO por posibles filtraciones en causas que afectan al Gobierno y por supuestas presiones a los agentes encargados de esas investigaciones.
La imputación de dos cargos de la Guardia Civil ha elevado la dimensión institucional del caso y ha abierto el debate sobre si debían adoptarse medidas internas antes de que avance la instrucción judicial.
El caso Leire entra en una fase clave
La decisión de Defensa no resuelve el fondo del asunto, pero marca la posición del Gobierno en esta fase inicial: no abrir expediente disciplinario mientras el procedimiento judicial siga en curso y no haya nuevos elementos procesales.
El caso entra ahora en una fase clave con la declaración prevista de Llamas y González ante el juez. A partir de ese momento, la investigación podrá aclarar si existieron o no actuaciones irregulares vinculadas a las presuntas presiones sobre la UCO y a los intentos de investigar posibles filtraciones.
Por ahora, Defensa mantiene el criterio de prudencia jurídica. No sanciona al DAO, pero deja escrita una advertencia: si la situación procesal cambia, el Ministerio podrá actuar de oficio.