Segundo día del incendio en la Costa Brava: casas afectadas y 2.300 hectáreas arrasadas

En Cataluña, los servicios de emergencia siguen los protocolos del Plan especial de emergencias por incendios forestales de Cataluña (INFOCAT) y de la normativa estatal y autonómica de incendios para estabilizar grandes fuegos forestales. Estos protocolos organizan la cadena de mando, la coordinación entre Bombers, Agents Rurals, Protección Civil y otros cuerpos, y las tácticas concretas sobre el terreno. La estabilización se entiende, a partir de los propios partes oficiales, como el momento en que se consigue cerrar el perímetro operativo del fuego y frenar su propagación, especialmente en los flancos y la cabeza del incendio. Todo ello se enmarca en una estrategia reciente de adaptación al cambio climático que refuerza procedimientos, recursos y medidas de seguridad.

Marco normativo y organizativo (INFOCAT y normativa básica)

El protocolo general está definido por el INFOCAT, aprobado por el Acuerdo GOV/141/2014 y desarrollado en su documentación en castellano disponible en la Generalitat (plan INFOCAT y anexos) y en la memoria actualizada (Memoria INFOCAT 2026). El objetivo del plan es “establecer el marco organizativo” para una respuesta coordinada y eficaz ante incendios de gran magnitud, obligando además a los municipios a disponer de planes locales alineados con estas directrices.

Según explica Protecció Civil en las presentaciones del nuevo INFOCAT a responsables municipales de la Catalunya Central (nota de Berga), la revisión del plan se ha hecho para responder a escenarios de riesgo extremo y simultaneidad de incendios cada vez más frecuentes. El nuevo INFOCAT:

– Mejora la estructura de los grupos operativos y el flujo de toma de decisiones.
– Amplía medidas de protección de la población y el número de municipios obligados a tener plan municipal.
– Adapta la organización para incendios de rápida evolución y afectación súbita a la población.

A nivel estatal, el Ministerio para la Transición Ecológica recoge la normativa catalana y general de incendios forestales en su portal (normativa de Cataluña). Para el uso táctico del fuego en la extinción, el personal se rige por el Decreto 312/2006 sobre gestión del fuego técnico, así como por las normas de seguridad estatales, como el Protocolo OACEL y las “10 normas en el combate de incendios forestales” compiladas por el MITECO (normas y protocolos de seguridad).

Activación de INFOCAT y coordinación operativa

Cuando el riesgo es muy alto o se declara un gran incendio, Protecció Civil activa el INFOCAT en fase de alerta o emergencia, como se detalla en sucesivas notas sobre activaciones y desactivaciones del plan (desactivación INFOCAT 2024; alerta por ola de calor 2025). La dirección política y de protección civil se coordina con el mando operativo de Bombers de la Generalitat, Agents Rurals y Mossos d’Esquadra.

En campañas recientes, la consellera d’Interior ha subrayado que se trabaja “amb la màxima coordinació entre Bombers de la Generalitat, Agents Rurals, Protecció Civil i la resta de serveis implicats” para dar la mejor respuesta, especialmente ante la simultaneidad de incendios (presentación campaña 2026). Dentro de la estrategia forestal, se han identificado “eixos de confinament”, es decir, zonas pensadas para limitar la propagación de grandes incendios y facilitar su estabilización.

Cuando el fuego supera fronteras administrativas, se activan protocolos de dirección y asistencia recíproca entre comunidades autónomas, como se ha visto en ejercicios conjuntos (“Ebro 2021”) descritos en materiales del Ministerio (ejercicio de coordinación).

Tácticas específicas para estabilizar grandes incendios

Operativamente, la estabilización se basa en una combinación de análisis avanzado del comportamiento del fuego, despliegue masivo de medios y priorización de los puntos críticos del perímetro. La Generalitat destaca el papel del Grup d’Actuacions Forestals (GRAF), que monitoriza diariamente parámetros meteorológicos y, cuando hay incendio activo, evalúa la interacción fuego-atmósfera mediante simulaciones virtuales para prever fenómenos extremos como pirocúmulos, según se explica en documentos de campaña forestal de Interior de 2025 (campaña forestal 2025).

Los partes oficiales de incendios recientes permiten ver cómo se aplican estos protocolos en la práctica. En el incendio forestal de Batea (Terra Alta), Bombers movilizaron 149 efectivos y 57 vehículos, incluyendo GRAF, EPAF y otros grupos, y trabajaron conjuntamente con medios de Aragón para “tancar la cua de l’incendi” y así poder darlo por estabilizado a las 08.00 horas (incendio de Batea). En el incendio de la Figuera (Priorat), los Bombers priorizaron el flanco derecho para evitar que el viento lo abriera hacia los núcleos de la Figuera y Cabacés, y frenaron la propagación de la cabeza en campos y la carretera T‑730 antes de declararlo estabilizado (incendio de la Figuera).

A nivel preventivo y de primera intervención, se refuerzan dispositivos como los Grups Especials de Prevenció d’Incendis Forestals (GEPIF), con 10 bases y 95 personas operativas en 2026, dedicadas tanto a vigilancia en episodios de alto riesgo como a la primera intervención rápida para evitar que los focos se conviertan en grandes incendios (campaña 2026). El Govern complementa esto con medidas estructurales de prevención y restauración de daños (paquete de medidas urgentes 2025) y campañas de concienciación como “FOC és FOC”, que insiste en la autoprotección y las restricciones de actividades de riesgo en periodos críticos (campaña FOC és FOC; campaña de la sega).

En conjunto, el sistema INFOCAT y los protocolos asociados buscan que, ante un gran incendio, los servicios de emergencia catalanes dispongan de un mando claro, herramientas de análisis avanzado, puntos estratégicos de confinamiento y una combinación de medios terrestres y aéreos que permita cerrar el perímetro y estabilizar el fuego con la máxima seguridad posible para la población y los intervinientes.

En Cataluña, la investigación de los incendios forestales se reparte entre varios cuerpos: los Agents Rurals se encargan de la investigación técnico‑administrativa (origen, causas, infracciones ambientales), mientras que los Mossos d’Esquadra asumen la investigación penal como policía judicial cuando el fuego es constitutivo de delito. Esta actuación se integra en el sistema catalán de seguridad pública y protección civil, donde también intervienen Bombers de la Generalitat y, en su caso, Guardia Civil y otros cuerpos del Estado. La dirección del procedimiento penal corresponde siempre a jueces y fiscalía; Mossos actúan bajo su dependencia, coordinándose con los equipos técnicos (Agents Rurals, bomberos) para la obtención de pruebas.

Marco competencial general de la Generalitat y de los Mossos

El Estatuto de Autonomía de Cataluña (Ley Orgánica 6/2006) reconoce a la Generalitat competencias en seguridad pública y protección civil. En su articulado se establece que la Generalitat puede crear y organizar la Policía de la Generalitat–Mossos d’Esquadra y que ésta ejerce, en todo el territorio catalán, “todas las funciones propias de un cuerpo de policía”, incluida la policía judicial y la investigación criminal, “en los términos establecidos por las leyes”.

La Llei 10/1994, de la policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra (Llei 10/1994) desarrolla este mandato y subraya que el cuerpo debe actuar en funciones de policía judicial conforme a la Constitución y a la Ley Orgánica del Poder Judicial, y que el auxilio a jueces, tribunales y fiscales en la investigación de los delitos y el descubrimiento y detención de delincuentes es una actividad esencial y permanente.

En el plano estatal, la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (LO 2/1986) define las funciones generales de los cuerpos policiales, incluidas la investigación del delito y la colaboración con protección civil. Además, atribuye a la Guardia Civil, con carácter general, funciones de vigilancia y protección de la riqueza forestal y del medio ambiente, pero admite la intervención y colaboración de las policías autonómicas en funciones de policía judicial.

Papel específico de los Agents Rurals y la investigación técnica del incendio

La Ley 17/2003, del Cuerpo de Agentes Rurales (Ley 17/2003; texto consolidado catalán Llei 17/2003) es clave para entender quién investiga las causas de los incendios forestales:

En su artículo de funciones se establece que corresponde al Cuerpo de Agents Rurals realizar trabajos de prevención, vigilancia, detección e investigación de incendios forestales. Otra disposición precisa que este cuerpo debe “investigar las infracciones” en las materias de su competencia, con la finalidad de averiguar su alcance, causas y presuntos autores. La ley también indica que los Agents Rurals ejercen funciones de policía administrativa especial y, en los términos previstos en la ley, funciones de policía judicial.

Además, la norma prevé un área específica de especialización en “prevención e investigación de incendios forestales”, lo que consolida su papel como cuerpo técnico de referencia en la determinación del origen del fuego, modelos de propagación, incumplimientos de medidas preventivas, etc.

Competencias penales de los Mossos d’Esquadra en incendios forestales

Cuando de un incendio forestal se derivan indicios de delito (por ejemplo, imprudencia grave, dolo, daños masivos, riesgo para personas), la competencia para la investigación penal corresponde a los cuerpos de policía judicial. En Cataluña, de acuerdo con el Estatuto y la Llei 10/1994, esto implica que:

• Los Mossos d’Esquadra asumen las diligencias policiales (aseguramiento de la escena, identificación de sospechosos, toma de declaración, cadena de custodia de las pruebas, informes policiales).
• Actúan bajo la dirección funcional de jueces y Ministerio Fiscal (artículo 126 CE y legislación procesal).
• Integran en la causa penal los informes técnicos elaborados por los Agents Rurals y, en su caso, por Bombers de la Generalitat.

La Ley 4/2003, de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Cataluña (Ley 4/2003) configura un sistema único de seguridad pública que integra policía, protección civil, tráfico y otros ámbitos, y atribuye al consejero competente el mando superior de los Mossos y la coordinación con las policías locales. En este marco, la investigación penal de incendios forestales por parte de Mossos se concibe como parte de ese sistema integrado.

Coordinación con Bombers, protección civil y Guardia Civil

En el ámbito de las emergencias, la Ley 4/1997, de Protección Civil de Cataluña (Ley 4/1997) sitúa a la Policía de la Generalitat dentro del dispositivo de protección civil, junto a Bombers y otros servicios. Para el riesgo específico de incendios forestales, el Plan especial INFOCAT se apoya también en la Ley 5/2003, de medidas de prevención de incendios forestales (Ley 5/2003), que vincula los planes municipales y de autoprotección a la estructura de protección civil catalana.

En el plano estatal, la Directriz básica de planificación de protección civil de emergencia por incendios forestales aprobada por el Real Decreto 893/2013 y el Plan Estatal de Protección Civil para Emergencias por Incendios Forestales (Resolución de 31 de octubre de 2014, con corrección en BOE 23‑1‑2015) establecen la coordinación entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas. Estos textos contemplan:

• La participación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil) en la vigilancia, control de accesos, seguridad ciudadana y apoyo a la gestión de la emergencia.
• La integración, en estados de emergencia de interés nacional, de las fuerzas de seguridad “competentes en el territorio de la comunidad autónoma de que se trate”, lo que incluye a los Mossos d’Esquadra en Cataluña.

Por tanto, en un gran incendio forestal en Cataluña, la cadena funcional típica es: Bombers dirigen extinción sobre el terreno; Agents Rurals investigan origen y causas desde el punto de vista forestal y ambiental; Mossos d’Esquadra asumen la investigación delictiva y la remiten al juez o fiscal; y Guardia Civil u otros cuerpos estatales colaboran cuando la emergencia adquiere dimensión supraautonómica o así se disponga en el marco de protección civil estatal.

Resumen operativo

En síntesis, los Mossos d’Esquadra no son el cuerpo técnico primario para determinar causas físicas de los incendios (papel que recae en los Agents Rurals), pero sí son la policía competente en Cataluña para la persecución penal de los delitos de incendio forestal, actuando como policía judicial. Su intervención se articula en estrecha coordinación con Agents Rurals, Bombers y, cuando procede, Guardia Civil y otros cuerpos, dentro de los planes de protección civil autonómicos y estatales.

En Cataluña, el régimen básico que afecta al uso de maquinaria en periodos de riesgo extremo de incendios deriva del Decret 64/1995, de 7 de març, de mesures de prevenció d’incendis forestals, modificado por el Decret 206/2005, y se integra en el marco general de la Llei 6/1988, forestal de Catalunya. En situaciones de risc extrem (art. 18 del Decret 64/1995) se prohíben los aprovechamientos forestales y la circulación de personas y vehículos no vinculados a la zona, lo que, en la práctica, bloquea el uso ordinario de gran parte de la maquinaria forestal o agrícola en terrenos forestales y su franja de 500 m. Entre el 15 de marzo y el 15 de octubre hay además un régimen estacional más estricto con prohibiciones adicionales y sistema de autorizaciones previas. La normativa no menciona expresamente el Pla Alfa, que es un instrumento operativo de la administración, pero sus niveles se apoyan en este marco jurídico.

1. Marco legal principal

El régimen de prevención y usos en época de riesgo se estructura en torno a:

– LLEI 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya: fija la competencia de la Administración para la prevención d’incendis forestals y prevé la declaración de zones d’alt risc d’incendi (art. 39 y 39 bis), así como la obligación de planes de prevención municipales (art. 40, citado por la Llei 5/2003).
– DECRET 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, que contiene el núcleo de prohibiciones y autorizaciones por periodos y niveles de riesgo.
– DECRET 206/2005, de 27 de setembre, que modifica el art. 17.2 del Decret 64/1995 reforzando las restricciones en zonas y periodos de alto riesgo.
– LLEI 5/2003, de 22 d’abril, centrada en urbanizaciones y edificaciones en terrenos forestales, que completa las obligaciones preventivas (franjas, planes de autoprotección, hidrantes, etc.).

2. Régimen general 15 de marzo–15 de octubre

El Capítulo 4 del Decret 64/1995 regula las “Normes d’aplicació durant el període comprès entre el 15 de març i el 15 d’octubre”:

– El art. 15 (“Actuacions no permeses”) establece que, en terrenos forestales, poblados o no de arbolado, y en la franja de 500 m que los rodea, durante ese periodo “resta prohibit”:
  • Encender fuego para cualquier actividad, incluida la quema de restos de aprovechamientos forestales, agrícolas o de jardinería.
  • Lanzar objetos encendidos o verter restos que puedan iniciar un fuego.
  • Lanzar cohetes, fuegos artificiales u otros artefactos con fuego.
  • Usar bufadores o similars en obres realitzades en vies de comunicació que crucen terrenos forestales (afecta de lleno a cierta maquinaria de obras públicas para asfaltado, mantenimiento, etc.).

El art. 16 regula un régimen de autorizaciones excepcionales del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca para algunas de las actividades del art. 15 (principalmente quemas y uso de bufadores), tramitadas a través de los ayuntamientos y oficinas comarcales; estas autorizaciones pueden ser revocadas in situ por agentes rurales cuando las condiciones meteorológicas empeoran.

3. Zonas de alto riesgo (15 de junio–15 de septiembre)

El art. 17 del Decret 64/1995, en su redacción dada por el Decret 206/2005, declara zones d’alt risc d’incendi forestal del 15 de junio al 15 de septiembre en determinados municipios listados en el anexo.

En este contexto:

– El art. 17.2, tras la modificación del Decret 206/2005, dispone que, durante ese periodo y en esas zonas, “no es podran realitzar les activitats esmentades a l’article 15” y “no s’autoritzaran treballs forestals que generin restes vegetals”, salvo autorización expresa y excepcional del director general del Medi Natural.
– Esto endurece de facto las condiciones para el uso de maquinaria forestal (motosierras, procesadoras, desbrozadoras de gran formato), ya que la mayoría de trabajos generan restos vegetales.

4. Periodos de riesgo extremo (medidas extraordinarias)

El art. 18 del Decret 64/1995 prevé un escalón adicional: las “mesures extraordinàries” cuando las circunstancias meteorológicas sean de risc extrem (18.1). En esos días y zonas, que el Departament d’Agricultura debe comunicar públicamente, se establece (art. 18.3):

– Prohibición de “encendre cap tipus de foc”, incluidos fogones de gas y barbacoas de cualquier tipo.
– Prohibición de “realitzar qualsevol tipus d’aprofitament forestal”. Ello implica, en la práctica, la paralización de trabajos forestales mecanizados (cosechadoras forestales, procesadoras, arrastre mecanizado, etc.) y de buena parte de las tareas con maquinaria agrícola si implican aprovechamiento en terreno forestal o su franja.
– Prohibición de la circulación de personas y vehículos no vinculados a la zona, lo que restringe la entrada de maquinaria no estrictamente necesaria y vinculada a servicios esenciales.
– Suspensión de todas las autorizaciones previamente otorgadas (18.4).

5. Régimen sancionador

El art. 19 del Decret 64/1995 establece que las infracciones de sus disposiciones se sancionan conforme a la Llei 6/1988, forestal de Catalunya y a la legislación estatal de incendios forestales vigente (se cita la Llei 81/1968). No se detallan en este texto los importes, pero se remite a esos marcos sancionadores, donde se contemplan infracciones leves, graves y muy graves con multas crecientes y posibles responsabilidades adicionales si se causa un incendio.

En resumen, durante el periodo estival (15 de marzo–15 de octubre) y, especialmente, en zonas de alto riesgo y episodios de riesgo extremo, el uso de maquinaria peligrosa en terrenos forestales de Cataluña queda fuertemente restringido o directamente prohibido, sujeto solo a autorizaciones muy excepcionales y siempre revocables en función de la evolución del riesgo.