La creciente dependencia de la tecnología ha convertido los aeropuertos, los hospitales, las redes eléctricas y los sistemas de comunicaciones en posibles objetivos de las denominadas amenazas híbridas, una modalidad de actuación que combina herramientas digitales, acciones físicas y técnicas de desinformación para debilitar el funcionamiento de un país. A diferencia de un ataque militar convencional, estas operaciones pueden desarrollarse sin enfrentamientos armados y sin que resulte sencillo identificar a sus responsables, lo que dificulta tanto la respuesta de las autoridades como la atribución de responsabilidades.
La Unión Europea define las amenazas híbridas como actividades hostiles coordinadas que buscan perjudicar a un Estado, una institución o una sociedad mediante diferentes instrumentos utilizados de forma conjunta. Entre ellos figuran los ciberataques, el sabotaje de infraestructuras críticas, la manipulación informativa, la presión económica y las interferencias en los sistemas de navegación. Pueden ser promovidas por actores estatales o grupos no estatales y suelen diseñarse para mantenerse por debajo del umbral de un conflicto armado abierto. Su finalidad no siempre consiste en destruir una instalación: también puede ser generar incertidumbre, interrumpir servicios cotidianos, provocar pérdidas económicas o erosionar la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
La preocupación europea ha aumentado durante los últimos años. En marzo de 2026, el Consejo de la UE aprobó nuevas conclusiones para reforzar la capacidad de los Estados miembros frente a estas amenazas, mientras que el Parlamento Europeo adoptó en septiembre una resolución sobre la protección de las infraestructuras críticas ante las operaciones híbridas. El debate coincide con un escenario de creciente actividad maliciosa en el entorno digital. Según el informe de amenazas de 2026 de la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA), el transporte concentró el 8% de los incidentes examinados, mientras que las administraciones públicas fueron el sector más afectado, con un 32%.
Aeropuertos: interferencias en el GPS, sistemas bloqueados y vuelos suspendidos
Uno de los sectores especialmente expuestos es el transporte aéreo, cuya actividad depende de una amplia red de comunicaciones, radares, sistemas de navegación, plataformas de gestión de vuelos y servicios digitales. Un ataque contra alguno de estos elementos puede provocar retrasos, cancelaciones o restricciones de las operaciones, incluso aunque no se produzca ningún daño físico en los aviones. Los ciberdelincuentes también pueden dirigirse contra empresas que prestan servicios a los aeropuertos, como proveedores de facturación, gestión de equipajes o tecnologías de información, generando interrupciones que afectan a varias instalaciones al mismo tiempo.
Entre las técnicas que más preocupan a las autoridades aeronáuticas se encuentran el jamming y el spoofing, dos modalidades de interferencia sobre las señales de navegación por satélite. La primera consiste en dificultar o bloquear la recepción de esas señales, mientras que la segunda utiliza señales falsas para hacer que los equipos reciban información incorrecta sobre su posición o la hora. La Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) actualizó en julio de 2026 sus recomendaciones de seguridad ante el incremento de estas incidencias, especialmente en regiones próximas a zonas de conflicto.
Estas interferencias pueden obligar a las tripulaciones a utilizar sistemas de navegación alternativos y, en determinadas circunstancias, modificar rutas o desviar vuelos. No significan que los aviones pierdan automáticamente el control, ya que la aviación dispone de procedimientos y equipos de respaldo. Sin embargo, pueden aumentar la carga de trabajo de pilotos y controladores y reducir temporalmente la capacidad operativa de determinadas rutas. Una operación híbrida podría combinar una interferencia tecnológica con la difusión de información falsa para amplificar la alarma entre los viajeros, aunque sería necesario demostrar esa coordinación para hablar de una campaña de este tipo.
Hospitales: operaciones aplazadas y pérdida de acceso a datos médicos
Los hospitales representan otro objetivo especialmente sensible porque sus sistemas informáticos están directamente relacionados con la atención sanitaria. Las historias clínicas digitales, los resultados de laboratorio, la gestión de ambulancias, las citas médicas y numerosos equipos dependen de redes y aplicaciones que deben mantenerse disponibles. Si una organización sanitaria pierde temporalmente el acceso a esas herramientas, puede verse obligada a recurrir a procedimientos manuales, reorganizar consultas o aplazar determinadas intervenciones.
Una de las amenazas más habituales es el ransomware, un tipo de programa malicioso que bloquea sistemas o cifra archivos para exigir posteriormente un rescate económico. ENISA ha documentado incidentes de este tipo en hospitales europeos que provocaron el aplazamiento de procedimientos médicos. Además, el robo de datos sanitarios puede comprometer información especialmente sensible de los pacientes y generar nuevas consecuencias incluso después de restablecer los sistemas.
No obstante, un ataque de ransomware contra un hospital no constituye necesariamente una operación híbrida. Puede tratarse de delincuencia económica sin objetivos políticos o estratégicos. El componente híbrido aparecería si existieran pruebas de que el ataque forma parte de una actuación coordinada destinada a desestabilizar los servicios sanitarios, por ejemplo, combinándolo con sabotajes en otras infraestructuras o campañas deliberadas para difundir información falsa sobre la atención médica. En este escenario, el objetivo podría ser tanto interrumpir el funcionamiento del hospital como aumentar la desconfianza de la población en la capacidad de respuesta de las autoridades.
Comunicaciones: el riesgo de los cables submarinos y las redes de telefonía
Las redes de telecomunicaciones constituyen otra infraestructura estratégica porque sostienen buena parte de la actividad económica y de los servicios públicos. Una interrupción importante de la conectividad puede afectar a llamadas telefónicas, conexiones a internet, pagos electrónicos y sistemas de coordinación de emergencias, aunque su alcance dependerá de la duración de la incidencia y de las conexiones alternativas disponibles. Los ataques pueden dirigirse contra equipos informáticos y centros de datos, pero también contra elementos físicos de las redes, como instalaciones de fibra óptica o cables submarinos.
La Comisión Europea calcula que los cables submarinos transportan alrededor del 99% del tráfico intercontinental de internet, lo que explica su importancia para la seguridad y la economía. Tras varios incidentes registrados en los últimos años, Bruselas ha impulsado medidas específicas para reforzar su protección y mejorar la capacidad de reparación. En febrero de 2026 presentó nuevas herramientas para evaluar riesgos, detectar vulnerabilidades y responder a posibles daños en estas infraestructuras.
La dificultad reside en determinar el origen de cada incidente. El corte de un cable no demuestra por sí solo que exista un sabotaje, ya que también puede deberse a actividades marítimas, errores humanos o fenómenos naturales. Para atribuirlo a una operación híbrida es necesario examinar pruebas técnicas, la posible intencionalidad y su relación con otras acciones. Precisamente esa ambigüedad constituye una de las características de estas amenazas: los responsables pueden intentar que una actuación deliberada parezca un accidente y dificultar así una respuesta coordinada.
Cómo se protege España y cuándo puede hablarse de un ataque híbrido
La respuesta a estas amenazas requiere la participación de distintos organismos de seguridad, administraciones y operadores privados. En España, el Centro Criptológico Nacional (CCN), el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) y los organismos responsables de la protección de infraestructuras críticas desempeñan funciones relacionadas con la prevención, detección y respuesta ante incidentes dentro de sus respectivos ámbitos. A escala europea, la directiva NIS2 establece un marco reforzado de ciberseguridad para sectores esenciales como la energía, el transporte, la sanidad y las telecomunicaciones, con obligaciones de gestión de riesgos y comunicación de incidentes para las entidades incluidas en su ámbito.
La protección no depende únicamente de impedir los ataques. También resulta fundamental mantener sistemas de respaldo, disponer de planes de continuidad, realizar simulacros y garantizar que los servicios esenciales puedan seguir funcionando durante una interrupción tecnológica. En los aeropuertos, esto implica disponer de procedimientos alternativos de navegación y gestión; en los hospitales, asegurar mecanismos para continuar atendiendo a los pacientes; y en las comunicaciones, reforzar las rutas redundantes y la capacidad de recuperación de las redes.
La principal cautela es distinguir entre un fallo técnico, un ciberataque aislado y una operación híbrida organizada. Una caída de los sistemas informáticos de un aeropuerto, una avería en las telecomunicaciones o una interrupción hospitalaria no permiten concluir automáticamente que exista una acción hostil coordinada. Para establecer esa relación es necesario investigar el origen del incidente, identificar posibles evidencias de intencionalidad y determinar si forma parte de una campaña más amplia.
Por ello, el aumento de las amenazas híbridas no significa que todos los problemas tecnológicos respondan a sabotajes. La preocupación de las autoridades radica en la posibilidad de que varios ataques aparentemente independientes formen parte de una misma estrategia de desestabilización, aprovechando la dependencia de infraestructuras que resultan esenciales para la vida cotidiana.