El periódico sostiene, a partir de documentación y testimonios, que los verificadores no revisaban ni validaban individualmente las versiones finales de los informes en las que aparecían sus rúbricas.
La controversia se centra en la autoría y supervisión de esos documentos y en su utilización en procedimientos contra establecimientos hosteleros. Las acusaciones no equivalen a hechos declarados probados por un tribunal.
La respuesta de LaLiga
La organización rechaza la versión publicada, asegura disponer de pruebas de que los verificadores conocían el uso de sus firmas y señala que existen litigios previos con algunos de ellos.
LaLiga también anuncia que ejercerá las acciones legales que considere oportunas frente a las acusaciones.
Qué implica para los procedimientos
La información no permite dar por anuladas denuncias o resoluciones contra bares. Cualquier consecuencia sobre un expediente concreto dependerá de su documentación y de las decisiones judiciales correspondientes.