“El 28 de febrero estábamos en plena campaña de venta para Semana Santa y la inercia estaba siendo muy positiva, a partir de ahí, tuvimos un parón casi total de una semana, que afectó sobre todo a los destinos asiáticos”, quien hace esta afirmación es José Manuel Lastra, vicepresidente primero de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), y uno de los cuatro responsables consultados por Demócrata para analizar el impacto en sus negocios de la guerra en Irán, tras los ataques de Estados Unidos e Israel.
A pesar de lo oscuro que vislumbraba el futuro en aquel momento, la situación, a ojos de Lastra, no fue a peor: “A partir de ahí, empezó a mejorar conforme las compañías recuperaban su actividad. Tanto Emirates como Etihad deben estar a un 70% o 75%, mientras que a Qatar Airways le está costando más”. Aunque, ni mucho menos, hay normalidad absoluta, agrega, “se impone la voluntad del ciudadano de viajar sobre las incertidumbres”. En esta tesitura, “nuestros servicios en cierto modo se revalorizan, damos confianza y seguridad”.
Disparidad de opiniones
A pesar de ese discurrir moderadamente positivo que apunta Lastra, Iván Méndez, gerente de la Unión de Agencias de Viajes (UNAV), es más pesaroso en su evaluación: “Esas primeras semanas hicieron daño. Las agencias tuvieron que afrontar (y lo siguen haciendo) reembolsos inmediatos a clientes, así como gastos extraordinarios de asistencia de viajeros bloqueados en tránsito o en destino, incluyendo alojamiento, manutención y reorganización de itinerarios”.
Todo lo anterior, añade Lastra, “incide en la rentabilidad de los negocios. Por mucho que las personas quieran seguir viajando a otros destinos alejados de las contiendas, lo hacen recortando presupuestos o limitando las estancias. Hay que tener en cuenta, además, que los destinos más complejos, que suelen ser los de más largo radio, son los más damnificados y por lo general los que más se demandan en las agencias de viajes”.
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También le da una trascendencia mayor a lo ocurrido el CEO de Central de Vacaciones, Christian Lucas: “Estamos notando una caída muy fuerte en las ventas de Oriente Medio próximas al conflicto, que también están impactando en las zonas que conectan África a través de los hubs de Emiratos, Qatar, etc. Hay destinos muy importantes para nosotros, que están incluso con ventas inexistentes por su cercanía a la guerra”.
En cuanto a las suspensiones, indica, “por norma general, estamos encontrando colaboración por parte de las aerolíneas y de los servicios terrestres en destino. El único problema es que las aerolíneas agotan hasta el último instante la posibilidad de volar, por lo que, llegado ese momento de suspensión de vuelos, es imposible encontrar un plan B para los clientes”.
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La percepción de David Hernández, fundador y consejero delegado de Pangea es opuesta: “Nosotros tenemos suerte porque mantenemos un negocio muy diversificado: el año pasado vendimos 96 países. Y eso nos ha permitido soportar mejor el chaparrón. Nuestros clientes son del sector medio-alto, y siempre los primeros afectados son los del medio-bajo”.
Hernández, aunque reconoce que comenzaron con miedo, destaca también que durante el Covid aprendieron a gestionar cancelaciones masivas, con lo que están “preparados para la incertidumbre”.
¿Qué le piden al Gobierno de España?
De más o menos magnitud, pero es obvio que la guerra en Irán tiene una afección en el turismo y, por ende, en los operadores que lo conducen. Por ello, UNAV y la Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españolas (FETAVE) plantearon hace unas semanas al Gobierno de España la adopción de un paquete de actuaciones por valor de 400 millones de euros.
Medidas de carácter económico, laboral y operativo, entre las que desde UNAV destacan una línea ICO extraordinaria de 250 millones de euros, a tipo de interés 0 y avalada por el Estado, dirigida a las agencias de viajes afectadas; un fondo extraordinario de 120 millones para compensar cancelaciones inevitables y gastos de asistencia a viajeros bloqueados, y un ERTE específico para agencias, además de medidas fiscales extraordinarias y un protocolo para gestionar cancelaciones en crisis internacionales.