Alemania, Italia y Polonia, junto a otros socios de la Unión Europea, han reclamado este jueves suprimir del plan de Bruselas para abaratar la luz la obligación de fijar para la electricidad impuestos especiales iguales o inferiores a los del gas natural, al defender que las decisiones tributarias deben discutirse aparte y aprobarse por unanimidad de los Veintisiete.
La petición se ha planteado durante la reunión de ministros de Energía de la UE celebrada en Luxemburgo, en la que los gobiernos han analizado la reforma presentada por la Comisión Europea el pasado mes de julio para recortar las facturas de hogares y empresas. El paquete incluye también cambios en los costes vinculados al uso de las infraestructuras eléctricas.
El texto comunitario pretende crear una relación entre los gravámenes que soportan ambas fuentes de energía, algo que ahora no exige la normativa vigente, que deja a cada Estado miembro margen para fijar sus tipos dentro de unos mínimos comunes. Además, contempla posibles alivios fiscales para industrias electrointensivas y reglas comunes para calcular los peajes que abonan los consumidores por utilizar las redes de transporte y distribución.
En este marco, Alemania ha avisado de que no aprecia una “base legal suficiente” para introducir estas disposiciones fiscales en una norma sobre el mercado eléctrico, por lo que ha solicitado suprimir ese bloque de la propuesta, postura que comparte Italia, que igualmente ha puesto en duda el procedimiento elegido por Bruselas.
En concreto, el Ejecutivo italiano ha avisado de que tocar los impuestos podría tener un “impacto significativo en los ingresos nacionales” si se aligera la carga sobre la electricidad, mientras que encarecer el gas podría resultar “económicamente insostenible para los hogares y para las empresas”, por lo que ha exigido eliminar el artículo que incorpora estas medidas.
Polonia también ha considerado que introducir disposiciones fiscales en este reglamento “no es aceptable”, al recalcar que deben abordarse mediante una legislación específica que requiere unanimidad entre los Estados miembro, mientras que Finlandia ha alertado de que la iniciativa podría recortar el margen de los gobiernos para decidir sobre su política tributaria.
“La Directiva sobre Fiscalidad de la Energía ya permite a los Estados miembros gravar la electricidad de manera más favorable que el gas natural”, ha indicado la delegación finlandesa, que ha puesto en cuestión la necesidad de nuevas obligaciones y ha reclamado retirar estas cláusulas.
A las críticas se han sumado Malta, Bulgaria, Eslovaquia, Rumanía, Croacia y Luxemburgo, que igualmente han pedido borrar del texto las medidas fiscales, aunque varios de estos países han subrayado que comparten el objetivo de impulsar el consumo eléctrico frente a los combustibles fósiles.
Frente a las objeciones, el comisario europeo de Energía, Dan Jorgensen, ha defendido que los servicios jurídicos de la Comisión y del Consejo avalan que la propuesta se ajusta a los tratados y ha remarcado que las medidas permitirían una reducción estable de los costes de la luz.
“No debemos hacer que consumidores y empresas no puedan beneficiarse de esta propuesta”, ha afirmado Jorgensen, que ha recalcado que Bruselas no pretende “poner parches para los consumidores”, sino ofrecer “ahorros estructurales para todos” mediante una reforma de los costes de red y de la fiscalidad.
ESPAÑA RECHAZA IMPONER TARIFAS COMUNES
Al margen del pulso sobre los impuestos, varios gobiernos han puesto en duda que la Comisión pueda fijar una metodología común para calcular los peajes eléctricos, es decir, los importes que pagan hogares y empresas por el uso de las redes de transporte y distribución.
España ha apoyado los objetivos generales de la reforma, pero ha rechazado que Bruselas imponga una estructura de tarifas homogénea para toda la UE, al considerar que las necesidades de las redes y las características de los sistemas eléctricos difieren en cada país.
“Si las hacemos obligatorias, puede tener consecuencias territoriales no deseadas en zonas despobladas o rurales, puede hacer que usuarios idénticos paguen peajes distintos y distorsionar las decisiones de los consumidores”, ha avisado la delegación española, en referencia a la posibilidad de fijar precios diferenciados según la ubicación geográfica.
En esta línea, ha defendido que los Estados miembro mantengan margen para decidir cómo se calculan estos cargos, preservando la independencia de los reguladores nacionales, una visión compartida por Alemania, Italia y Francia, que también han recelado de una armonización excesiva.
Sin embargo, en el plano fiscal, la delegación española ha respaldado la meta de favorecer la electricidad frente a los combustibles fósiles y ha mostrado su disposición a trabajar para lograr un acuerdo “ambicioso”, sin posicionarse de forma explícita sobre la demanda de otros gobiernos de suprimir las disposiciones tributarias del reglamento.