El Tribunal de Cuentas ha revelado que en noviembre de 2024 el Gobierno se vio obligado a utilizar 2.389,4 millones de euros procedentes de fondos europeos para abonar pensiones de clases pasivas y complementos de pensiones mínimas, debido a la ausencia de crédito presupuestario derivada de la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado desde 2023.
Esta es una de las principales conclusiones recogidas en la Declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2024, aprobada con opinión favorable, aunque el órgano fiscalizador subraya la existencia de “salvedades o incidencias” que insta a corregir.
Entre ellas figura que la falta de crédito para hacer frente a obligaciones “ineludibles” de pensiones de clases pasivas y de complementos de pensiones mínimas llevó a autorizar en noviembre de 2024 dos modificaciones de crédito por un total de 2.389,4 millones de euros, financiadas con remanentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, al estimarse que no ponían en riesgo el cumplimiento del Plan de Recuperación ni la capacidad de absorción de fondos europeos.
Fundamentos jurídicos cuestionados y efectos de la prórroga
El Tribunal señala que esta operación se apoyó en unos fundamentos jurídicos “que deberían haber quedado mejor justificados”, al considerar que existe “una incertidumbre” sobre si en 2024 seguían vigentes las restricciones al uso de créditos sobrantes de fondos europeos para sufragar modificaciones presupuestarias ajenas a ese servicio.
En materia de pensiones, el órgano fiscalizador recuerda que la prórroga presupuestaria mantiene en 2024 el mismo nivel de gasto fijado para 2023, lo que ya ha supuesto una infravaloración neta de esta rúbrica por importe de 1.008,4 millones de euros.
Asimismo, la prórroga ha provocado que los créditos definitivos superen en 77.341,9 millones de euros a los iniciales, de los cuales el 95% hubo de cubrirse recurriendo a la variación del saldo vivo de la deuda. No obstante, el Tribunal matiza que la favorable evolución de los ingresos evitó que el aumento efectivo del endeudamiento alcanzara esa cifra.
Seguridad Social: patrimonio en negativo y deuda en máximos
Más allá de estos ajustes en el pago de pensiones, la institución presidida por Enriqueta Chicano vuelve a alertar de que el patrimonio neto de la Seguridad Social permanece por octavo año consecutivo en terreno negativo y ya rebasa los 106.000 millones de euros.
El informe detalla que el balance de la Seguridad Social se sostiene, en gran medida, mediante préstamos del Estado que, a cierre de 2024, suman 126.170,2 millones de euros, el equivalente al 7,91% del PIB. Con este escenario, el Tribunal de Cuentas insiste en la urgencia de adoptar medidas que aseguren la viabilidad financiera del sistema a medio y largo plazo.
El documento también recoge que el saldo principal de la Deuda del Estado ascendía, a 31 de diciembre de 2024, a 1,46 billones de euros. Además, la institución pone el acento en la existencia de un “importante déficit estructural” en la gestión de la Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, que se sitúa en 2.677,3 millones de euros.
Errores contables y sobrevaloración del resultado
En cuanto a otras salvedades, el Tribunal de Cuentas detecta una sobrevaloración del resultado presupuestario consolidado de 4.090,3 millones de euros, derivada de una imputación temporal incorrecta de obligaciones y derechos durante el ejercicio analizado.
Asimismo, constata la existencia de pagos a justificar pendientes de rendición o aprobación al cierre del ejercicio por un total de 1.627,1 millones de euros, que han excedido los plazos fijados por la normativa aplicable.
La fiscalización también saca a la luz otras incidencias, como los problemas en los inventarios de inmovilizado de la Administración General del Estado, la ausencia de registro contable de las aplicaciones informáticas desarrolladas con recursos propios de la Seguridad Social o la incertidumbre sobre la valoración del inmovilizado material de Renfe Mercancías, cifrado en 371,6 millones de euros.
Deudores sobrevalorados e infravalorados
Por otra parte, el Tribunal de Cuentas advierte de que en la Cuenta General del Estado de 2024 persisten deficiencias en la contabilización de deudores y en sus correcciones valorativas, entre ellas la sobrevaloración de los deudores tributarios y no tributarios por 11.263 millones de euros.
También se detectan ejemplos de infravaloración, como la de los deudores de la Seguridad Social, SEPE y Fogasa por 2.643,9 millones de euros, la omisión del registro de los intereses de demora asociados a deudas por cuotas de la Seguridad Social por 781 millones de euros y la existencia de “dudas razonables” sobre la recuperabilidad de la deuda por cotizaciones sociales de instituciones sanitarias públicas y privadas sin ánimo de lucro, sometida a moratoria desde 1995, por 672,3 millones de euros.
Ante este conjunto de incidencias, el Tribunal de Cuentas propone a las Cortes Generales que insten al Ejecutivo a corregir las salvedades señaladas y a abordar el problema del endeudamiento de la Seguridad Social. Al mismo tiempo, reclama una reforma de la normativa sobre plazos de rendición de cuentas, con el fin de poder elaborar la Declaración sobre la Cuenta General en un momento más próximo al ejercicio al que se refiere.
La Declaración, remitida ya a las Cortes para su exposición y debate, ha sido aprobada con un voto particular en contra de uno de los consejeros del Tribunal de Cuentas y otros seis votos concurrentes explicativos, es decir, favorables pero con matices.