La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, ha avanzado este martes que los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía analizan “si hay alguna cuestión que incurra en inconstitucionalidad” en el reparto de 180 millones de euros que el Gobierno de Pedro Sánchez destinará en subvenciones directas a las comunidades autónomas que han declarado zonas de mercado residencial tensionado, con el objetivo de incrementar la oferta de vivienda asequible y contener los precios del alquiler.
Estas ayudas fueron anunciadas hace una semana tras el Consejo de Ministros que dio luz verde al real decreto que regula dichas partidas, del que Andalucía queda fuera al no haber declarado zonas tensionadas. El Ejecutivo andaluz ya ha confirmado que presentará recurso ante el Tribunal Constitucional contra los dos decretos de vivienda aprobados en la Diputación Permanente del Congreso después de que el Pleno los rechazara.
Durante su intervención en los desayunos informativos de Europa Press Andalucía, celebrados en la sede de la Fundación Cajasol, Rocío Díaz ha recordado que la Junta presentó alegaciones al real decreto de zonas tensionadas y ha admitido que “fue una sorpresa” que el Consejo de Ministros aprobara la pasada semana una norma en la que “se duplican” los fondos --de 90 a 180 millones de euros-- para las cinco comunidades autónomas que han declarado zonas tensionadas. “Y la que mayor beneficio tiene es Cataluña, con 112 millones en ese reparto”, ha subrayado la titular andaluza de Vivienda.
“Es mucha casualidad, porque lo que dice el decreto es que se va a incentivar la construcción de vivienda protegida, la rehabilitación y la urbanización. Nos preguntamos desde Andalucía por qué no se aplican estas medidas al resto de comunidades. Es el dinero de todos. ¿Por qué no se aplica al resto? La respuesta es clara: porque hay un sesgo político claro. El Gobierno de Pedro Sánchez lo que está haciendo es beneficiar a aquellas comunidades que aplican sus políticas porque declarar o no una zona tensionada es potestativo de la comunidad autónoma”, ha argumentado Rocío Díaz.
La consejera ha reiterado que Andalucía “no está de acuerdo con las zonas tensionadas” porque la limitación “aleja y saca” viviendas del mercado, “como lo estamos viendo en Cataluña”.
“Cada anuncio de un piso antes recibía diez” solicitudes y ahora “se ha multiplicado por cinco y por seis” la cantidad de personas que acuden a un anuncio de alquiler. Como alternativa a las zonas tensionadas, Andalucía incorpora en su Ley de Vivienda las áreas prioritarias de vivienda. “Hacemos política en positivo”. “Lo que hay que hacer es poner todos los recursos no prohibir, prohibir, prohibir. Eso es lo que hace Pedro Sánchez y eso no es de recibo”.