El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha ratificado que no procede seguir reclamando las ayudas COVID a más de 100.000 autónomos porque “ya ha finalizado el año en el que podía hacerse de forma legal”. A raíz de este fallo, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha pedido que se den por concluidas las reclamaciones de estas prestaciones, que ascienden a 127 millones de euros.
De acuerdo con la sentencia del TSJ del País Vasco, recogida por Economía XXI, la entidad colaboradora no está legitimada para basarse en “detectar omisiones formales” a la hora de cuestionar la correcta percepción de esos 127 millones de euros. El Tribunal determina que, para poner en duda el derecho del autónomo a la ayuda, resulta imprescindible disponer de “pruebas sólidas” que acrediten la existencia de fraude.
En este contexto, ATA ha solicitado que se archiven los expedientes de revisión de las prestaciones extraordinarias por cese de actividad durante el Covid-19 cuando haya transcurrido más de un año desde su concesión provisional y no se haya demostrado fraude por parte del beneficiario.
Igualmente, la organización ha reclamado que se devuelvan las cantidades ya cobradas “indebidamente” a los autónomos a los que se les exigió el reintegro de las ayudas mediante procedimientos de revisión tramitados fuera del plazo legal establecido.
La asociación de autónomos también demanda una seguridad jurídica “clara y definitiva”, en la que la Administración “deje de litigar contra los autónomos y dar por cerradas las prestaciones” una vez han cumplido su cometido “en el momento más severo de nuestra historia económica reciente”.
“Si la Administración gestiona con retraso la verificación de los expedientes, el plato roto no pueden pagarlo los autónomos que actuaron de buena fe”, ha afirmado el presidente de ATA en declaraciones a Economía XXI, recogidas por Europa Press.
Desde la organización subrayan que esta resolución del Tribunal refuerza la posición que ATA viene manteniendo desde hace meses y que ya había sido avalada por otros órganos judiciales, como el Juzgado de lo Social y la reciente sentencia del propio Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
Los errores de la Administración y el papel del Tribunal de Cuentas
Ante este escenario, la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos ha reiterado su respeto a las tareas de fiscalización, siempre que se desarrollen “estrictamente sometido” al Estado de Derecho. En esta línea, ha remarcado que las conclusiones del Tribunal de Cuentas “no pueden situarse por encima de las leyes procesales ni del ordenamiento jurídico protector de los ciudadanos”.
ATA sostiene que la “ineficiencia” de la Administración “no pueden pagarlo los autónomos”, y dirige sus críticas al Tribunal de Cuentas por pretender exigir devoluciones tras fallos derivados de “deficiencias, falta de control inicial o dilataciones de más de tres años para comprobar las declaraciones responsables” por parte de la propia Administración.
Por último, la Federación insiste en que la Administración ha dispuesto de tiempo suficiente para revisar las condiciones de concesión de las ayudas. Por ello, una vez vencido el plazo legal, “cargar” sobre el patrimonio de más de 100.000 autónomos supone, a juicio de ATA, un “quebranto irreparable a la confianza legítima”.