El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha denunciado este lunes que los dividendos extraordinarios distribuidos por las compañías del Ibex 35 acaban siendo sufragados por la clase trabajadora mediante “millones de horas de trabajo gratuito”.
Estas declaraciones se enmarcan en su intervención en la jornada “The Wealth Cap Proyect”, celebrada en el Congreso de los Diputados, un foro centrado en el análisis de la redistribución de la riqueza y de cómo una parte muy significativa del patrimonio se concentra en un número muy reducido de personas.
Bustinduy ha detallado que en España unas 33 personas acumulan fortunas superiores a los 1.000 millones de euros cada una, lo que suma en torno a 197.500 millones de euros, una cantidad equivalente al patrimonio que posee aproximadamente el 40% de la población. Además, ha recordado que en 2025 se registró un desembolso récord de dividendos cercano a los 29.000 millones de euros, una cifra sin precedentes.
Ante este escenario, el ministro ha cargado contra la concentración “obscena” de la riqueza en tan pocas manos, advirtiendo de que este fenómeno se sitúa detrás del “asedio” a las democracias y al sistema multilateral de derecho internacional tal y como se conocía hasta ahora.
En esta línea, ha afirmado que “el auge de fuerzas antidemocráticas autoritarias o reaccionarias es sólo la expresión política de un proyecto que incumbe desde los sectores productivos de vanguardia y el desarrollo tecnológico hasta la financierización que implica el desmantelamiento de los sistemas de protección social y los servicios públicos tales como los conocíamos”.
Seguidamente, el titular de Consumo ha subrayado que las clases trabajadoras asumen, según su criterio, una doble e incluso triple penalización en lo relativo al reparto de dividendos, porque son “millones de horas de trabajo gratuitas” que se convierten en beneficios para los accionistas y que, además, terminan tributando “menos que el salario de un profesor de instituto”.
SOBRE EL DEBATE PÚBLICO
En su intervención, Bustinduy ha lamentado que estos niveles de concentración de riqueza queden al margen de las discusiones públicas sobre sostenibilidad fiscal. Ha reprochado que, cuando se habla de la viabilidad del gasto público o del sistema de pensiones, nunca se señale que “hay casi 200.000 millones de euros en manos de tres personas” en España.
El responsable de Derechos Sociales ha puesto también el foco en los beneficios históricos del sector financiero, recordando que el año pasado las ganancias del negocio bancario alcanzaron un máximo de 34.000 millones de euros.
Con este contexto, el ministro ha vuelto a respaldar la proposición legislativa registrada por Sumar para implantar un gravamen del 3% sobre los patrimonios superiores a 50 millones de euros. Según ha defendido, estos recursos “podrían producir una recaudación extraordinaria superior a los 4.000 millones de euros anuales” destinada a un fondo específico de lucha contra la pobreza infantil, que serviría a su vez para financiar la prestación universal por crianza.
Bustinduy ha añadido que está “ultimando” la incorporación de esa prestación universal al proyecto de Presupuestos de 2027, unas cuentas que continúan en fase de negociación dentro del Gobierno antes de su remisión al Congreso.