¿Cuándo cobro el IMV en agosto de 2026 según mi banco?

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) es el organismo estatal encargado, en general, de reconocer y gestionar la mayoría de las prestaciones económicas del sistema de Seguridad Social, tanto contributivas como no contributivas de su ámbito, entre ellas el Ingreso Mínimo Vital (IMV). En el caso concreto del IMV, el INSS asume la tramitación central: recibe solicitudes, las valora, dicta las resoluciones y ordena el pago. Otras entidades, como los servicios sociales autonómicos y municipales o la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), cumplen funciones complementarias pero no sustituyen el papel decisor del INSS en estas prestaciones.

Competencias generales del INSS en prestaciones económicas

En el marco del sistema de Seguridad Social, el INSS tiene, de forma sintética, las siguientes competencias principales en materia de prestaciones económicas:

• Reconocimiento del derecho: examina solicitudes, comprueba requisitos (cotización, carencia de renta, situación laboral, residencia, etc.) y dicta resoluciones de reconocimiento, denegación, suspensión o extinción de la mayoría de las prestaciones económicas.
• Gestión y control: lleva el seguimiento de las prestaciones ya reconocidas (revisiones periódicas, compatibilidades, control de fraudes o cobros indebidos), y puede modificar o extinguir la prestación si cambian las circunstancias.
• Orden de pago: aunque el pago material lo canaliza la Tesorería, es el INSS quien calcula los importes y remite las órdenes de pago de pensiones y otras prestaciones económicas.
• Información y atención al público: ofrece información normativa, asesoramiento sobre requisitos, canales de solicitud (presencial, telemático) y recursos, tanto en oficinas como a través de medios electrónicos y telefónicos.
• Gestión de revisiones y recursos administrativos: resuelve reclamaciones previas y revisiones de oficio sobre sus propias resoluciones en materia de prestaciones.

Entre las prestaciones típicamente gestionadas por el INSS destacan: pensiones contributivas de jubilación, incapacidad permanente, viudedad y orfandad, prestaciones por nacimiento y cuidado de menor, prestaciones familiares y determinadas prestaciones no contributivas estatales, además del IMV.

Papel específico del INSS en el Ingreso Mínimo Vital

En relación con el Ingreso Mínimo Vital, el INSS es el gestor estatal de referencia y asume funciones clave:

• Recepción y tramitación de solicitudes: admite las solicitudes (directamente o a través de servicios sociales y ayuntamientos que actúan como “ventanilla de entrada”) y comprueba la documentación aportada.
• Verificación de requisitos: contrasta datos de renta, patrimonio, unidad de convivencia, empadronamiento, residencia legal, etc., a través de sus propias bases y de intercambios con otras administraciones.
• Resolución del derecho al IMV: decide si se reconoce o no la prestación, la cuantía mensual y la fecha de efectos; también decide las eventuales suspensiones, extinciones y revisiones.
• Gestión económica: calcula la cuantía garantizada según la tipología de la unidad de convivencia y ordena mensualmente el pago de la prestación.
• Control y revisión: revisa periódicamente las situaciones (cambios de ingresos, composición familiar, residencia) y puede exigir declaración de ingresos o devolución de cobros indebidos.

En algunos territorios forales con competencias históricas reforzadas, como País Vasco y Navarra, la gestión material del IMV se ha ido coordinando o asumiendo parcialmente por sus administraciones, pero dentro del marco estatal fijado por la ley del IMV y en coordinación con el INSS.

Funciones de otros organismos y su diferencia con el INSS

La actuación del INSS se complementa con otros agentes del sistema:

• Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS): se encarga de la afiliación, altas y bajas y recaudación de cotizaciones. No reconoce prestaciones como el IMV, sino que ejecuta los pagos que el INSS ordena.
• SEPE: gestiona prestaciones por desempleo, que son distintas del IMV; cuando una persona cobra prestación contributiva o subsidio de desempleo, esa información la valora el INSS al comprobar la posible compatibilidad o complementariedad con el IMV.
• Servicios sociales autonómicos y municipales: no deciden sobre el reconocimiento del IMV, pero informan, ayudan a tramitar, emiten informes sociales y gestionan las políticas de inclusión e itinerarios que acompañan al IMV. Además, mantienen sus propias rentas mínimas o ingresos de inserción, cuya competencia es autonómica.

En resumen, el INSS es el órgano que decide y gestiona jurídicamente la mayoría de prestaciones económicas de la Seguridad Social, incluyendo el Ingreso Mínimo Vital, mientras que otros organismos se ocupan de la afiliación, la recaudación, el pago material o el acompañamiento social. Esta distribución de funciones busca combinar la garantía estatal de derechos económicos con la cercanía territorial de los servicios sociales autonómicos y locales.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) está regulado principalmente por la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, que configura el IMV como una prestación económica no contributiva de la Seguridad Social para personas y hogares en situación de vulnerabilidad económica. Para acceder y mantener la prestación se exigen requisitos de edad, residencia, composición familiar, renta y patrimonio, además de una serie de obligaciones continuadas. A ello se suman normas de desarrollo sobre compatibilidad con el trabajo y organización de la gestión.

Norma principal y marco regulador

El régimen básico del IMV se recoge en la Ley 19/2021 del IMV, corregida por la corrección de errores. Entre sus desarrollos destacan:

• Real Decreto 789/2022, sobre compatibilidad del IMV con rentas del trabajo.
• Real Decreto 453/2022, sobre hecho causante y efectos económicos del IMV y otras pensiones.
• Real Decreto 635/2022 y Real Decreto 64/2022, sobre órganos de seguimiento y consejo consultivo.
• Orden ISM/1375/2021, sobre el Registro de Mediadores Sociales del IMV.

Quién puede ser beneficiario

La Ley distingue entre beneficiario individual y beneficiario integrado en una unidad de convivencia (definida en los arts. 6, 7 y 8). Además, contempla supuestos especiales de constitución de unidad independiente cuando se ha abandonado el domicilio por:

• Ser mujer víctima de violencia de género.
• Separación, nulidad o divorcio, o cese de pareja de hecho.
• Desahucio, o vivienda inhabitable por accidente o fuerza mayor.

En estos últimos dos supuestos la consideración de unidad independiente solo es posible durante los tres años siguientes al hecho causante.

Requisitos generales de acceso (art. 10 y 11)

• Residencia: residencia legal y efectiva en España durante al menos el año inmediatamente anterior a la solicitud, con excepciones para menores incorporados a la unidad, víctimas de violencia de género, víctimas de trata y explotación sexual, etc. El derecho se mantiene aunque haya estancias en el extranjero inferiores a 90 días naturales por año, o más si están debidamente justificadas.
• Vulnerabilidad económica: la media mensual de ingresos y rentas computables del ejercicio anterior debe ser al menos 10 euros inferior a la renta garantizada que corresponda según el tipo de hogar (art. 13). Se analiza la capacidad económica del solicitante o de toda la unidad de convivencia.
• Límite de patrimonio: no se cumple el requisito si el patrimonio neto alcanza o supera tres veces la renta garantizada de beneficiario individual (o la escala del anexo II para unidades de convivencia). Se excluye el acceso cuando se posean activos no societarios (distintos de la vivienda habitual) por encima del umbral del anexo III o si algún miembro es administrador de derecho de una sociedad mercantil en activo.

Edad, independencia y unidad de convivencia

Para personas beneficiarias individuales menores de 30 años, se exige haber vivido de forma independiente de progenitores, tutores o acogedores en España al menos los dos años anteriores a la solicitud, y haber estado de alta en algún régimen de la Seguridad Social o mutualidad al menos 12 meses en ese periodo. Para mayores de 30 años, se pide un año de domicilio distinto. Este requisito se exceptúa en casos como fallecimiento de progenitores, violencia de género, personas sin hogar, excarcelados tras más de seis meses de prisión, víctimas de trata, entre otros.

Si se forma parte de una unidad de convivencia, esta debe estar constituida, conforme a los arts. 6, 7 y 8, durante al menos los seis meses anteriores a la solicitud, con excepciones para nacimientos, adopciones, acogimientos, reagrupaciones de menores, violencia de género, víctimas de trata u otros supuestos justificados.

Vulnerabilidad sobrevenida y complemento de infancia

Si la vulnerabilidad económica surge durante el año en curso, puede solicitarse el IMV desde el 1 de abril al 31 de diciembre, acreditando ingresos proporcionales del año en curso y sin superar ciertos límites de renta y patrimonio del año anterior (anexo IV). La ley prevé una regularización posterior con los datos tributarios efectivos.

Además, se establece un complemento de ayuda para la infancia para unidades de convivencia con menores, siempre que los ingresos del ejercicio anterior sean inferiores al 300 % de los umbrales del anexo I y el patrimonio neto inferior al 150 % de los límites del anexo II, cumpliendo el “test de activos” del anexo III.

Compatibilidad con el trabajo

El IMV es compatible con rentas del trabajo y de actividad económica propia, en los términos del art. 11.4 de la Ley y su desarrollo específico en el Real Decreto 789/2022. Este diseño busca que al incrementar ingresos laborales no se pierda automáticamente el derecho, evitando desincentivos a trabajar.

Obligaciones de los beneficiarios

El titular y los miembros de la unidad de convivencia deben:

• Comunicar cambios de circunstancias (composición familiar, ingresos, patrimonio, residencia, etc.).
• No ausentarse de España más de 90 días al año sin comunicar o justificar la ausencia.
• Presentar anualmente la declaración del IRPF.
• Cumplir las condiciones de compatibilidad con rentas del trabajo.
• Participar en las estrategias de inclusión que promueva el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El incumplimiento de requisitos u obligaciones puede conllevar la suspensión o extinción del derecho, según prevé la propia Ley 19/2021.

Otra normativa y jurisprudencia relacionada

Aunque no alteran los requisitos básicos de acceso, completan el marco del IMV las siguientes disposiciones y resoluciones, entre otras:

• Resolución 24/06/2024 (número 020 de atención IMV)
• STC 32/2024 y STC 19/2024, sobre competencias en la gestión (País Vasco y Navarra), ligadas a los recursos 2061-2022 y 1937-2022.
• Orden TER/310/2022 y Orden TER/253/2022, sobre transferencias de gestión a Navarra y País Vasco.
• Resolución 26/01/2022 INSS, sobre modelos de certificación de requisitos.
• Resolución 5/10/2022 INSS, que modifica la anterior.
• STC 158/2021 y el recurso 1140-2021, sobre el Real Decreto-ley 20/2020 que originó provisionalmente el IMV.
• Resolución 16/12/2020, sobre control financiero de expedientes IMV.
• Normas generales tributarias e IRPF que inciden indirectamente (por ejemplo, Orden HAC/265/2024, Orden HAC/242/2025, Orden HFP/310/2023, Orden HFP/207/2022, así como la Orden HFP/1246/2022 y la antigua Orden de 27 de julio de 2001).
• Otras disposiciones generales citadas o parcialmente modificadas por el desarrollo del IMV: Resolución 28/10/2019, Real Decreto 1647/1997, Orden de 19 de abril de 1983, Orden de 24 de septiembre de 1970, Decreto 2530/1970 y la Orden de 18 de enero de 1967.
• Otros textos de contexto general como el Acuerdo multilateral sobre plataformas digitales, el Real Decreto 636/2022 (Sello de Inclusión Social) o el Real Decreto-ley 20/2022, con medidas frente a vulnerabilidad social.