Díaz cuestiona el programa del PSOE sobre registro horario al asegurar que su decreto ya está preparado

Yolanda Díaz se sorprende de que el PSOE prometa un nuevo registro horario cuando Trabajo ya tiene listo un decreto que podría aprobarse de inmediato.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Ricardo Rubio - Europa Press

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La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha expresado su perplejidad ante las propuestas del PSOE sobre trabajo digno incluidas en su programa electoral para el 29 de noviembre, en las que se plantea poner en marcha un sistema de registro horario digital y fiable. Según ha señalado Díaz, ese marco normativo ya está elaborado y podría aprobarse de inmediato, ya que el decreto “está listo”.

“No doy crédito”, ha indicado Díaz a través de una publicación en la red social BlueSky donde ha compartido una captura de pantalla del programa electoral del PSOE.

La imagen difundida por la ministra corresponde al apartado de “trabajo digno” del documento socialista, en el que ha destacado el fragmento donde el partido se compromete a acabar con las horas extra ilegales y no pagadas mediante un registro horario fiable “que recoja las jornadas laborales reales, haciendo efectivo el derecho al descanso y la desconexión digital y reforzar la Inspección de Trabajo para perseguir los incumplimientos”.

Díaz ha insistido en que su departamento ya elaboró un decreto para ordenar el registro horario y que su puesta en marcha podría hacerse efectiva de forma inmediata.

El Ministerio de Trabajo ha venido elaborando esta regulación a lo largo de toda la legislatura. En septiembre de 2025, el Congreso tumbó el proyecto de ley que incluía tanto la reducción de la jornada a 37,5 horas como la modificación del sistema de registro horario.

Tras ese revés en la Cámara Baja, Trabajo optó por impulsar el registro horario mediante un real decreto separado. Sin embargo, la tramitación del texto se topó con resistencias dentro del propio Ejecutivo, en especial desde el Ministerio de Economía, dirigido por Carlos Cuerpo, que planteó reparos por el posible impacto de las nuevas obligaciones sobre las empresas. Más tarde, en marzo de 2026, el Consejo de Estado emitió un dictamen desfavorable, aunque no vinculante, sobre el proyecto.