El Frente Polisario ha presentado una reclamación administrativa ante el Ministerio de Transportes en la que solicita dejar sin efecto los derechos de tráfico aéreo concedidos a la aerolínea irlandesa Ryanair para operar la conexión entre Madrid y Dajla, en el Sáhara Occidental.
Así lo ha indicado a Europa Press el representante de la delegación del Frente Polisario en España, quien ha subrayado que “es una acción mas para defender los derechos del pueblo del Sáhara Occidental”.
Paralelamente, el Frente Polisario ha instado a la Administración a poner fin a “las correspondientes autorizaciones administrativas asociadas a la asignación de derechos citados”, tal y como avanzó el diario ‘Público’.
Esta iniciativa se produce tras la difusión, a finales de octubre, de un informe elaborado por representantes saharauis en el que se señalaba a Ryanair y a otras empresas, como Booking, por su supuesta contribución a blanquear y normalizar la presencia marroquí en el Sáhara Occidental mediante rutas que enlazan distintas ciudades europeas con Dalja.
El documento centraba su examen en esta ciudad saharaui y en la apertura de nuevas conexiones aéreas desde Europa, especialmente después de la firma, en noviembre de 2024, de un memorando entre la Oficina Nacional Marroquí de Turismo (ONMT) y Ryanair.
El informe defendía que la actividad turística no es neutral en territorios bajo ocupación, sino que puede convertirse en un mecanismo de dominación a través de prácticas civiles, comerciales y cotidianas. En esta línea, alertaba de que estas dinámicas contribuyen a integrar de facto el Sáhara Occidental en la estructura económica de Marruecos sin necesidad de modificar formalmente su estatus jurídico internacional.
Durante una rueda de prensa celebrada en el Congreso de los Diputados, la jurista saharaui Esjaba Messaoud afirmó que el memorando rubricado en 2024 se está utilizando como herramienta “para legitimar la ocupación del Sáhara Occidental”.
Messaoud incidió además en que la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea determina que “todas las compañías” deben acatar y respetar el estatuto jurídico diferenciado que mantiene el Sáhara Occidental con respecto a Marruecos.