El Gobierno endurece las multas por ocultar datos clave de los contratos y pone fin al secreto salarial

Trabajo refuerza las sanciones laborales, impulsa la transparencia salarial y blinda a quienes reclaman sus derechos frente a represalias empresariales.

Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros | EuropaPress

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El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes, a iniciativa del Ministerio de Trabajo, a un nuevo Real Decreto-ley que incorpora al ordenamiento español las directivas europeas sobre condiciones laborales transparentes y previsibles y sobre transparencia retributiva. Con esta norma se refuerza el régimen de sanciones, de forma que pasa a considerarse infracción grave la falta de información al empleado sobre los elementos esenciales del contrato (antes se calificaba como leve), el incumplimiento de las obligaciones en materia de planes y medidas de igualdad y la no entrega a las personas candidatas de la información exigida.

Así, estos incumplimientos empresariales podrán ser castigados con multas de hasta 7.500 euros, frente al tope anterior de 750 euros.

La disposición, que deberá ser convalidada por la Diputación Permanente del Congreso, introduce también cambios en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) para que se consideren infracciones muy graves las decisiones de la empresa que supongan un trato perjudicial como respuesta a una reclamación extrajudicial o judicial, la petición de datos prohibidos o de carácter personal en procesos de intermediación o colocación y las conductas discriminatorias en el acceso al empleo.

Acaba con el secreto salarial 

En materia de transparencia retributiva, el Real Decreto-ley retoca el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores para reconocer el derecho individual a pedir y recibir por escrito, en un plazo máximo de dos meses, información sobre la propia retribución y sobre las retribuciones medias, diferenciadas por sexo, de quienes desempeñen el mismo puesto o uno de igual valor.

La información salarial de terceras personas que se obtenga no podrá utilizarse para fines distintos del ejercicio del derecho a la igualdad retributiva, y se declaran nulas las cláusulas contractuales que impidan a la persona trabajadora divulgar su propio salario.

En el ámbito del acceso al empleo, las ofertas deberán incorporar datos sobre la retribución inicial del puesto, los anuncios y denominaciones tendrán que ser neutros desde el punto de vista del género y quedará vetado solicitar a los aspirantes información sobre su historial retributivo. Del mismo modo, se prohíbe explícitamente la discriminación en procesos de selección algorítmicos y se crea la Comisión para el seguimiento de la transparencia retributiva.

Además, la norma incorpora por primera vez una garantía de indemnidad expresa en el Estatuto de los Trabajadores, reforzando el derecho a no padecer tratos desfavorables, perjuicios o represalias por reclamar derechos laborales, y declarando nulas tanto las órdenes de discriminar como las decisiones empresariales adoptadas como reacción frente a reclamaciones extrajudiciales o frente a actuaciones administrativas o judiciales.

Prohibido preguntar por el sueldo previo en los procesos de selección 

La nueva regulación fija un preaviso mínimo de tres días para la realización de horas complementarias, veta la solicitud del historial retributivo en los procesos de selección e introduce por primera vez la garantía de indemnidad expresa en el Estatuto de los Trabajadores.

En el ámbito de las condiciones laborales transparentes, se amplía el derecho de información a todas las relaciones laborales con independencia de su duración, tanto para la persona empleada como para la representación legal de los trabajadores (RLT), suprimiendo del Estatuto de los Trabajadores la mención a los contratos superiores a cuatro semanas.

Igualmente, se establece que el trabajador deberá conocer el día y la hora de realización de las horas complementarias pactadas con un preaviso mínimo de tres días. Si estos requisitos no se cumplen, podrá rechazar la tarea sin sufrir consecuencias negativas. Además, si la empresa cancela total o parcialmente dichas horas, la persona trabajadora mantendrá el derecho a cobrar la retribución correspondiente a las horas finalmente no efectuadas.

En cuanto al periodo de prueba, se fija una duración general de tres o seis meses, salvo que mediante convenio colectivo se pacte otra distinta y justificada por la naturaleza del puesto, el interés de la persona trabajadora o la necesidad de valorar su idoneidad (por ejemplo, en supuestos de suspensión por ERTE, incapacidad temporal o nacimiento). En los contratos temporales de seis meses se limita a un máximo de un mes, reduciéndose de forma proporcional en aquellos de duración inferior.

La reforma también impide que las empresas prohíban o restrinjan el trabajo simultáneo para otras compañías o apliquen un trato perjudicial por ello, salvo que existan límites por incompatibilidad basados en causas objetivas —como salud y seguridad, confidencialidad empresarial, integridad del servicio público o prevención de conflictos de intereses— y sin perjuicio de los pactos de plena dedicación con compensación económica.

Del mismo modo, se introduce un nuevo artículo 21 bis en el Estatuto de los Trabajadores para reconocer el derecho general a solicitar un puesto de trabajo más previsible y seguro, así como a recibir información y pedir la conversión del contrato o un nuevo puesto, integrando en una sola regulación lo que hasta ahora se encontraba disperso en varios preceptos.