El Tribunal de Cuentas ha revelado que el Gobierno se vio obligado en noviembre de 2024 a utilizar 2.389,4 millones de euros procedentes de fondos europeos para abonar pensiones de clases pasivas y complementos a las pensiones mínimas, debido a la ausencia de crédito presupuestario derivada de la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado vigentes desde 2023.
Esta es una de las principales conclusiones que el órgano fiscalizador extrae de la Declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2024. Aunque el informe ha recibido una opinión global favorable, el Tribunal ha señalado la existencia de “salvedades o incidencias” que insta al Ejecutivo a subsanar.
Entre esas observaciones figura que la falta de crédito suficiente para hacer frente a compromisos “ineludibles” relacionados con las pensiones de clases pasivas y los complementos de pensiones mínimas llevó a que, en noviembre de 2024, se aprobasen dos modificaciones de crédito por un total de 2.389,4 millones de euros. Ambas se cubrieron con créditos no utilizados del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, al entenderse que no ponían en riesgo el cumplimiento del Plan de Recuperación ni la capacidad de absorción de los fondos europeos.
El Tribunal señala que esta decisión del Gobierno se adoptó apoyándose en fundamentos jurídicos “que deberían haber quedado mejor justificados”, ya que, a su juicio, existe “una incertidumbre” sobre si en 2024 eran aplicables las restricciones al uso de los créditos sobrantes de fondos europeos para financiar modificaciones presupuestarias ajenas al programa para el que fueron concebidos.
En relación con las obligaciones de gasto en pensiones, el Tribunal de Cuentas subraya además que la prórroga de los Presupuestos ha provocado que el crédito disponible continúe siendo el mismo que el fijado para 2023. Esta situación ya originó en 2024 una infravaloración neta de dicha partida por importe de 1.008,4 millones de euros.
La deuda de la Seguridad Social rebasa los 106.000 millones
Junto a estos movimientos vinculados al pago de pensiones, el organismo que preside Enriqueta Chicano vuelve a alertar de que el patrimonio neto de la Seguridad Social permanece en terreno negativo por octavo año consecutivo y supera ya los 106.000 millones de euros.
El documento detalla que el balance de la Seguridad Social se sostiene, en gran medida, mediante préstamos del Estado, cuyo volumen acumulado en 2024 alcanza los 126.170,2 millones de euros, el equivalente al 7,91 % del PIB. Ante este escenario, el Tribunal de Cuentas reitera la urgencia de poner en marcha medidas que aseguren la sostenibilidad financiera del Sistema a medio y largo plazo.
El informe también recoge que el saldo principal de la Deuda del Estado se situaba, a 31 de diciembre de 2024, en 1,46 billones de euros. Asimismo, la institución pone el foco en la existencia de un “importante déficit estructural” en la gestión de la Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, que asciende a 2.677,3 millones de euros.