El Instituto Cervantes prosigue con su labor habitual en su sede de Utrecht (Países Bajos) pese al embargo del inmueble acordado por los acreedores, como consecuencia de los impagos de la deuda que mantiene España por las indemnizaciones ligadas al recorte de las primas a las energías renovables.
La medida que afecta al edificio donde se ubica el centro del Instituto Cervantes en esta ciudad neerlandesa está vinculada al denominado caso Eures, filial de renovables del grupo Toyota.
“La actividad académica y cultural del Instituto Cervantes de Utrecht continúa con total normalidad”, han indicado a Europa Press fuentes de la institución que han precisado que “el edificio que ocupa el centro pertenece a Patrimonio del Estado y el Instituto Cervantes lo utiliza en régimen de adscripción”.
Las mismas fuentes han señalado que, hasta la fecha, el organismo no ha recibido “comunicación formal” acerca del embargo, por lo que ha optado por no valorar el procedimiento en curso. En cualquier caso, han recalcado que “la cuestión de fondo, las reclamaciones de indemnización por inversión en renovables, es ajena completamente a la actividad del Instituto Cervantes”.
El embargo fue autorizado por el Tribunal de Distrito de La Haya, que el pasado 19 de marzo permitió la ejecución en territorio neerlandés de los laudos arbitrales emitidos en relación con el caso Eurus. A partir de esa resolución, y tras la notificación formal a España el 20 de abril sin que se abonara la indemnización fijada, el 24 de abril se dio luz verde al embargo ejecutivo del edificio.
Fuentes de los acreedores han subrayado que el centro del Instituto Cervantes en Utrecht no se considera un elemento esencial para la acción diplomática de España, ya que se trata de una institución cultural donde también se organizan actos y conferencias, “de modo que un eventual recurso que alegue inmunidad soberana tendrá escaso recorrido, habida cuenta del tipo de propiedad y del uso que se da a la misma”.
La orden de embargo figura ya inscrita en el registro de la propiedad de Países Bajos y afecta a la titularidad del inmueble situado en el número 3 de Domplein, en pleno casco histórico de Utrecht. Según las estimaciones de mercado manejadas por las mismas fuentes de los acreedores, el activo tendría un valor próximo a los 10 millones de euros, y se está analizando la posibilidad de impulsar una subasta pública del edificio.