El Banco de España gestionó en 2025 un total de 20 expedientes sancionadores en los ámbitos prudencial, de protección del cliente bancario y de lucha contra el intrusismo, según detalla la Memoria de Supervisión anual difundida este martes por el organismo.
De ese conjunto, la autoridad monetaria precisa que 13 terminaron con sanciones económicas que, en su conjunto, rebasaron los 49 millones de euros. En la mayoría de los casos, las multas se extendieron también a administradores, directivos o titulares de participaciones significativas de las entidades afectadas, hasta sumar 79 personas y sociedades expedientadas.
En el bloque de protección del cliente bancario, el supervisor indica que se cerraron dos procedimientos sancionadores contra entidades significativas por vulneraciones vinculadas a los principios de préstamo responsable y a la comercialización de seguros ligados a créditos hipotecarios.
En el marco de la intensificación de la lucha contra el intrusismo financiero, el Banco de España concluyó cinco expedientes con sanción por “realizar actividades y/o usar denominaciones reservadas sin autorización y por no colaborar con la inspección”. Al finalizar el ejercicio, permanecían abiertos otros tres expedientes en este mismo ámbito.
En el terreno de la supervisión prudencial, el organismo explica que durante el año se tramitaron dos expedientes relacionados con remuneraciones, dirigidos a dos bancos y a sus administradores. El primero, iniciado a instancias del Banco Central Europeo (BCE) por tratarse de una entidad significativa, se resolvió con sanción en 2025, mientras que el segundo continuaba en fase de tramitación al cierre del ejercicio.
De forma paralela, se abrió un expediente contra una entidad de pago y sus administradores por deficiencias en la gestión y por la falta de idoneidad de uno de sus consejeros.
En cuanto a las actividades reservadas sin autorización, en 2025 se resolvieron tres expedientes por cambios en la titularidad del capital no comunicados ni consentidos. A final de año seguía en marcha un cuarto procedimiento dirigido contra 11 titulares de participaciones significativas de una entidad de pago por incumplimientos en este mismo ámbito.
El regulador detalla además que su actuación sobre las sociedades de tasación y sus órganos de administración se centró en aspectos de control interno, independencia, respeto de las incompatibilidades y correcta aplicación de los métodos de valoración.
En este contexto, durante 2025 se incoaron dos expedientes en materia de sociedades de tasación: uno quedó resuelto dentro del ejercicio y el otro continuaba tramitándose al término del año.
Adicionalmente, el banco central cerró un expediente más contra una entidad de pago, su presidente y su consejero delegado por “insuficiencia de recursos propios”.
El importe de las sanciones se dispara por encima de 18 veces
El supervisor detalla que, de los trece expedientes resueltos el pasado año, cinco han adquirido firmeza plena y ocho han sido objeto de recurso.
Asimismo, seis procedimientos se acogieron a alguna de las reducciones contempladas en la normativa por reconocimiento de responsabilidad o por pago voluntario de la multa, lo que implica renunciar a recurrir por la vía administrativa, aunque no impide acudir a la vía judicial.
En conjunto, se aprecia un aumento significativo en el número de expedientes cerrados, ya que en 2024 únicamente se habían resuelto cinco.
Aunque el incremento de procedimientos resulta notable, el salto más acusado se observa en el volumen económico de las sanciones. La cuantía total, que en el ejercicio previo se situó en 2,7 millones de euros, se multiplica ahora por más de 18, hasta alcanzar en 2025 los 49,4 millones de euros.
Sobre este fuerte repunte, la institución presidida por José Luis Escrivá subraya que “las sanciones impuestas cada año dependen de la gravedad de los incumplimientos detectados, del grado de culpabilidad de la entidad, de la concurrencia de circunstancias agravantes o atenuantes, del número de sujetos responsables en cada caso y del tamaño de las entidades expedientadas”.
Supervisión de conducta y protección de la clientela
En el ámbito de la supervisión de conducta —orientada a comprobar que las entidades cumplen la normativa de transparencia y de protección de la clientela—, el Banco de España fijó como prioridades la vigilancia de la concesión de crédito responsable, la integración de la protección del cliente en la gobernanza y en la cultura corporativa, la prevención del fraude en pagos y la comercialización adecuada de productos.
Además, dentro del despliegue del Plan de Acción 2024-2025, el regulador incorporó la política de comunicación al público como herramienta adicional de su modelo supervisor para “prevenir prácticas inadecuadas, anticipar riesgos y poner al cliente en el centro”, tal y como señalan en la memoria.
En total, se realizaron 72 actuaciones supervisoras, concentradas principalmente en crédito inmobiliario (18), servicios de pago (14), crédito al consumo (10), gobernanza (8) y cuentas y depósitos (3). Las 19 restantes se dirigieron a ámbitos como publicidad, servicios de atención al cliente o financiación a pymes.
Paralelamente, la institución adoptó 262 medidas disciplinarias para corregir las “deficiencias y debilidades” detectadas.
De ese total, 212 correspondieron a escritos de requerimiento de cese o rectificación de conductas —el 85% relacionados con publicidad— y 49 a recomendaciones. Además, se mantiene un expediente sancionador incoado por el Banco de España en el área de protección del cliente bancario por vulneración de los principios de préstamo responsable.
48 procedimientos SREP y 38 inspecciones presenciales
La Memoria de Supervisión del Banco de España también recoge la actividad vinculada al proceso de revisión y evaluación supervisora (SREP, por sus siglas en inglés), un ejercicio anual con el que se analiza el perfil de riesgo de cada entidad y se determinan los requerimientos de capital (P2R y P2G).
Como resultado del SREP, en 2025 se emitieron 16 requerimientos —la mayoría ligados al capital— y 32 recomendaciones, lo que suma 48 procedimientos, un 31% menos que los 70 del ejercicio anterior. Según la directora general de Supervisión del Banco de España, Mercedes Olano, esta reducción obedece a “la mejora del sector financiero español”.
En lo relativo al riesgo de crédito, se incidió en la necesidad de asegurar que las entidades constituyan “provisiones adecuadas” para las exposiciones “dudosas”, conforme a los criterios fijados en las guías supervisoras.
En esta línea, se formularon recomendaciones para reforzar los marcos de gestión y control del riesgo de crédito y para mejorar la estimación de las provisiones contables.
En el campo del riesgo operacional, el supervisor instó a implantar medidas que mitiguen los riesgos derivados de posibles interrupciones del servicio, con impacto tanto en la reputación de las entidades como en la confianza de su clientela.
Por último, el Banco de España participó en 38 inspecciones ‘in situ’, orientadas a reforzar la capacidad de las entidades para adaptarse a los cambios del entorno financiero y geopolítico, iniciadas en 2025 sobre entidades de crédito significativas nacionales (30) y de otros países integrados en el Mecanismo Único de Supervisión (8).
De esas 38 actuaciones, el organismo lideró 22: 18 dirigidas a entidades significativas españolas y 4 a bancos de Italia, Finlandia y Países Bajos.