El Tribunal de Cuentas Europeo ha señalado este lunes que la financiación de la Unión Europea dirigida a la formación profesional en los países más pobres entre 2014 y 2024 “rara vez consiguió resultados sostenibles”. El organismo ha identificado fallos que comprometen la supervivencia de casi todos los proyectos revisados una vez agotadas las ayudas comunitarias, además de deficiencias en el control de su efecto real sobre el empleo.
El documento examina el respaldo europeo a esta modalidad educativa en los 44 países menos desarrollados, al que la UE destinó en torno a 900 millones de euros. Concluye que, si bien las actuaciones se ajustaban en líneas generales a las necesidades de los beneficiarios y alcanzaban una buena parte de sus metas inmediatas, la Comisión Europea no definió parámetros suficientemente precisos para valorar sus resultados a largo plazo.
La auditoría, centrada en catorce proyectos en Bangladés, Liberia, Níger, Uganda y Yemen, constata que los programas se enfocaban sobre todo en contabilizar el número de personas formadas o de aulas dotadas con equipamiento, pero sin recabar información adecuada para determinar si esa inversión se traducía en mejores oportunidades laborales para los participantes.
En detalle, únicamente siete de las iniciativas estudiadas incorporaban indicadores específicos para medir su incidencia en el empleo y solo se llevaron a cabo estudios de seguimiento en partes de dos de ellas con el fin de comprobar si quienes habían pasado por la formación accedieron posteriormente a un puesto de trabajo. Asimismo, solo alrededor de la mitad de los proyectos contó con la implicación de empresas en su diseño, lo que dificultó ajustar los contenidos formativos a la demanda real del mercado laboral.
Además de estas limitaciones, los auditores hallaron instalaciones y equipos sufragados con fondos europeos que permanecieron sin uso durante meses o incluso años, bien por falta de personal cualificado, bien porque el material adquirido no se adecuaba a las necesidades de los centros o porque las escuelas no estaban operativas.
A estas situaciones se añaden los problemas para asegurar la continuidad de los programas una vez finaliza el respaldo europeo, dado que muchos dependían de fuentes de financiación inestables. En Liberia, por ejemplo, una escuela agrícola rehabilitada carecía de suministro eléctrico y de infraestructuras básicas, mientras que otro centro no podía cubrir sus costes de funcionamiento sin subvenciones públicas.
Ante este panorama, el Tribunal insta a Bruselas a fijar “objetivos más claros”, a reforzar la implicación del sector privado y a recopilar “datos más precisos” sobre los resultados de la formación y la inserción laboral posterior de los alumnos, además de asegurar que los proyectos puedan mantenerse cuando concluya la financiación de la UE.